"En los años cincuenta, cuando ir a ver un partido al Santiago Bernabéu suponía desplazarse hasta la periferia de Madrid, Banesto
tenía serios problemas para convencer a sus empleados de que se
trasladaran a trabajar al centro de datos del banco, un complejo de
oficinas ubicado en Pinar del Rey, al norte de la capital.
"Entonces,
esta zona era el extrarradio y no quería venir nadie a trabajar aquí",
recuerda Jorge (nombre ficticio), por aquellos años un joven que acababa
de contraer matrimonio y a quien la propuesta de Banesto de darle una
vivienda del banco con alquiler asequible le pareció una oportunidad que
no podía dejar escapar.
Este hogar era el incentivo para aceptar trabajar en la Central Contable y de Valores de Banesto, oficinas que, 60 años después, acogen el cuartel general de Santander España
en una zona que el paso del tiempo ha convertido en una de las áreas
más cotizadas de Madrid, junto a Arturo Soria y Gran Vía de Hortaleza.
El paso de tiempo también ha hecho que la colonia de antiguos empleados de Banesto, conocida también como Mesena 80 y habitada hoy por octogenarios, haya terminado en manos de Metrovacesa, promotora controlada por Santander (70,5%) y BBVA (19,5%), que el pasado 11 de julio se subrogó a estos contratos.
Entonces,
según afirman los vecinos, la compañía se limitó a informarles de este
cambio de titular, sin anticiparles la bomba que iba a llegar en apenas
cuatro meses: una lluvia de burofaxes anunciándoles que debían abandonar sus viviendas antes del próximo 31 de enero por rescisión del contrato.
"Las
cartas empezaron a llegar el martes y dicen que deben abandonar las
viviendas en dos meses. Estamos hablando de gente muy mayor, casi todos
con más de 80 años, viudos y viudas muchos de ellos, que llevan viviendo ahí toda su vida pagando su alquiler", señala el hijo de uno de los afectados.
Una de las cartas, a la que ha tenido acceso El Confidencial, indica: "Por la presente le notificamos expresamente la resolución del contrato
de arrendamiento otorgándole un plazo para la entrega de la vivienda
hasta el próximo 31 de enero de 2018". Además, señala: "Durante las
próximas semanas nos pondremos en contrato con usted a través del
despacho Azerta-Aisén Abogados" para "concretar los términos de la
resolución y entrega de su vivienda".
En estas misivas,
Metrovacesa alega como argumento para dar por rota su relación
contractual el hecho de que esta se firmara por la condición de empleado
de los vecinos, circunstancia que expiró hace años.
Los vecinos, por su
parte, alegan que el propio Banesto, ya controlado por Santander, les
instó hace dos décadas a acogerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, lo que permitió al banco actualizarles entonces la renta, teniendo que abandonar las viviendas si no aceptaban.
Si logra hacerse con el control de estos hogares a partir de enero, Metrovacesa contará con una jugosa bolsa de suelo en una de las zonas más demandadas de Madrid.
Pero puede ser solo el principio, ya que Santander está estudiando trasladar a la plantilla
de las oficinas de Mesena a la nueva sede de Banco Popular, lo que
abriría la puerta a intentar transformar el uso de este suelo en
residencial y construir todavía más viviendas. (...)
Actualmente, hay poco más una treintena de viviendas habitadas,
ya que desde hace años tanto Banesto, cuando ya había sido intervenido y
adquirido por Santander, como posteriormente la entidad cántabra han
ido ofreciendo a los vecinos alternativas para ir abandonando sus
hogares. Viviendas que el banco ha mantenido cerradas, sin volver a
alquilar, lo que permite pensar que lleva tiempo intentando tomar el
control de estas viviendas para hacer una gran operación inmobiliaria.
Las propuestas que han ido realizando a los antiguos empleados para marcharse han sido diversas,
desde una aportación económica hasta la posibilidad de trasladarse a
otro piso propiedad del banco respetando las mismas condiciones de
arrendamiento de Mesena 80. Hasta que un día, esta puerta se cerró.
"Hace tiempo, un vecino que estaba interesado en marcharse fue a preguntar al banco qué le ofrecía y este le respondió que ya no había ninguna oferta",
recuerda Jorge, quien asegura: "Lo que están intentando hacer es
completamente ilegal. Si estamos amparados por la ley de 1994, no te
pueden decir que dejaste de trabajar en el banco. Mi impresión es que
quieren meternos miedo a ver si aceptamos luego un trato, y a mí de aquí
no me mueven". (Ruth Ugalde, El Confidencial, 24/11/17)
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