"Rubén tiene 7 años y la mirada ingenua de quien disfruta jugando. Pero
ahora su amiga es la escuela. Escucha a su educadora con una
concentración férrea, como de ajedrecista.
Con sus ojos negros clavados
en un folio en blanco anota un deseo, serio y solemne. “Señores de la
ONU, les escribo desde Madrid para informarles que muchos derechos que
dicen que se cumplen en España no se están cumpliendo, y también para
pedirles que detengan los desahucios”. Y lo hace con la firmeza de un
notario que custodia un incierto futuro.
Los destinatarios podrían haber
sido los reyes magos que están en Oriente y que no le visitan desde que
unos policías le sacaron a la fuerza de su vieja habitación. Pero eso
ocurrió hace unos años.
Hoy, Rubén se dirige a los 13 miembros del
Comité de Derechos de la Infancia (CRC, por sus siglas en inglés) que el
próximo 22 de enero escucharán la rendición de cuentas sobre el
cumplimiento de los derechos de los niños que cada cinco años realiza un
representante del gobierno español en Ginebra.
En esta ocasión, la
ministra Dolors Montserrat tendrá la compleja papeleta de convencerles
de que España cumple a rajatabla con las obligaciones de una ley que
prometió respetar en 1990.
Rubén frunce el ceño. Junto a él otros 4 niños y niñas hacen lo mismo. Sentados cada 15 días en el aula que la Escuela de Derechos que la
Plataforma de Afectados por las hipotecas (PAH) abrió junto al colectivo
EnClave, especializado en investigación sobre derechos de la infancia, y
la cooperativa de investigación social Qiteria de Madrid hablan y
exponen ideas que ayuden a digerir el desconsuelo que supuso verse
expulsados de sus propias viviendas.
En su día, todos ellos quedaron atrapados en el cepo de la
estigmatización. Ante sus amigos de clase y ante su espejo familiar. La
imagen que les llegaba era el rubor de la pobreza. Aquí, hablan de todo.
El objetivo del proyecto es enseñar a estos chavales el manejo de
herramientas que les sirva para asumir el drama con dignidad y sin
culpas equivocadas. (...)
En la calle, sigue habiendo miles como Rubén matriculándose cada día
en cursos intensivos de responsabilidad acelerada. Las últimas
estadísticas oficiales son devastadoras.
Sólo en los tres primeros trimestres de 2017 se registraron 45.495
desalojos forzados de viviendas en España –6.695 en Barcelona y 4.889 en
Madrid. En el 61% de ellos había niños o adolescentes involucrados.
La
cifra exacta es imposible de cuantificar porque el CGPJ no desgrana
esos detalles. Fuentes de la PAH calculan que podrían llegar a los
40.000 en todo el Estado. UNICEF y el Comisario europeo de los Derechos
Humanos son aún más duros al estimar que la media diaria de desahucios
es de 159 y que “en el 70% o el 80%” de los casos están afectados
menores de edad.
Con estos informes sobre la mesa otro comité de
Naciones Unidos, el DESC (Comité de Derechos económicos, sociales y
culturales), emitió un inquietante dictamen el pasado 20 de junio donde
destacaba que “en España se vulnera el derecho a una vivienda digna a
los niños y a las niñas” y recomendaba al gobierno aplicar medidas
inmediatas para paliar esta situación. (...)
“Les escribo para que detengan los desahucios. Espero que cuelguen esta
carta en la pared para que no se les olvide y respondan pronto”,
concluye Rubén con los ojos cerrados, pensativo, con ganas de irse a
jugar. El repertorio de misivas ha sido enviado en una gran caja
revestida con papel de colores sellado con lacre.
Para ellos fue como
mandar su tesoro dentro de un cofre, la voz de los niños silenciados en
este gran drama nacional, la prueba decisiva que demostrará que el
gobierno español no hace progresos en la lucha por proteger a los
menores que quedaron atrapados en las ruinas del big banginmobiliario.
(...) el número de desalojos no se están reduciendo “sino que ha variado el
origen. Han bajado los hipotecados pero han subido los de alquiler y los
de recuperación, las casas vacías ocupadas por familias sin recursos”.
Y
cita cifras que “demuestran” que el Estado no se ha decidido a combatir
el problema y que los desahucios “siguen produciéndose en toda España
al mismo ritmo de 2014”. Sólo en la oficina de CAES reciben al día una
media de 4 casos y el patrón de los afectados es “el de una mujer con
hijos menores a la que nadie alquila y nadie ayuda”, revela Rubio. (...)
Ante la compleja tesitura de que el gobierno no ha confrontado con
energía el reto de los desahucios ha tenido que ser la justicia quien se
ha visto obligada a trazar una raya en el suelo moral del sistema de
mercado.
Hace un mes, el Tribunal Supremo fijó doctrina al revocar una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que había dado el
visto bueno al desalojo de una familia con tres niños de una vivienda
pública. El Supremo ordenaba al juez que dictara un nuevo auto teniendo
en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que quedaban los menores.
“La importancia de la sentencia es que por primera vez se tiene en
cuenta el principio de la proporcionalidad, un elemento que llevábamos
reclamando desde hace mucho tiempo para juzgar este tipo de casos y que
supone valorar las circunstancias que concurren cuando se produce el
lanzamiento de una hipoteca o de alquileres”, explica Javier Rubio. Por
ejemplo, cuando hay niños por medio.
Los especialistas en infancia no albergan la menor duda: dañan su
entorno de forma tan irreparable que si no se adoptan medidas pueden
acabar hundidos en una miseria material y psicológica. Pedagogos y
especialistas que trabajan con estos jóvenes aseguran que llegan a los
centros superados por las circunstancias, “desnortados”, añade Marta
Martínez, socióloga y autora, junto a dos expertos, del estudio “Te
quedarás en la oscuridad” sobre los efectos de los desahucios en la
infancia.
Su conclusión es categórica: en la niñez hay miedos más
difíciles de ahuyentar que el Hombre del Saco. La pregunta que la
socióloga se hace a diario es qué idea van conformando estos jóvenes
sobre el Estado, la policía y hasta sobre su propia familia expulsada
del mundo en pleno proceso de socialización. “Como seres en construcción
que son se manejan con certezas”, añade. (...)
Hay comentarios que iluminan una realidad opaca como es la de la
infancia. “Lo mejor de todo es que no tengo amigos”. Es una frase que se
escucha a menudo en las primeras fases del proceso de asimilación
infantil tras un desahucio. Su manera de decir que es durísimo. Pero
suele dar pie a una apostilla concluyente de los adultos que le rodean:
“Pero por ahora es lo que hay”.
A partir de ahí, comienza el tormento
interior. Un estudio realizado el pasado año en Cataluña detectó que en
uno de cada cuatro jóvenes menores en situación de exclusión considera
que la pobreza le priva de sus derechos elementales y, entre los
importantes, citan la amistad. Hay otros ejemplos.
A Angelines Díaz, casada y con dos hijos de 12 y 7 años, la crisis
le mostró sus afilados colmillos en 2012, cuando el instituto de la
Vivienda de Madrid (Ivima) se apropió de su casa.
Al principio, la
pareja disimulaba con el silencio la causa de la postración familiar. Un
día, tras un cambio obligado de centro de estudios, la nueva profesora
preguntó a Angelines en dónde trabajaba. Ella dijo que en nada, que
estaba en paro. “No me malinterprete. Se lo pregunto porque su hijo anda
diciendo que se dedica a parar desahucios”, explica con una entereza
admirable.
Habla con orgullo. “Primero se impone un pacto de silencio
para que no se enteren pero como nunca hay cumpleaños, ni chuches ni
nada al final todo se desparrama. Entonces, pasamos al pacto secreto con
ellos, un acuerdo familiar para evitar los estereotipos que dañan la
salud mental de los hijos”, explica esta mujer de 45 años, madrileña de
Orcasitas y alma guerrera.
Desde hace cinco años, Angelines forma parte
de la Plataforma de Afectados de la Vivienda Pública Social (PAVPS), uno
de los corazones que palpitan dentro de la PAH, y asegura que le ha
cambiado la vida. “Me he empoderado. Antes los bancos podían
atemorizarme con sus amenazas pero hoy les cierro la boca. He aprendido
de hipotecas mucho más que cualquiera de ellos”, concluye. " (Gorka Castillo, CTXT, 03/01/18)
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