"Para el público que desconoce las particularidades del
caso, la noticia de que un expresidente sea juzgado por corrupción en
una nación latinoamericana —donde la impunidad suele ser la regla—
podría parecer un avance.
Sin embargo, un proceso judicial en el que los
fiscales y jueces han actuado de forma parcial,
sin apego a la legalidad y violando las garantías del inculpado
constituye una enorme amenaza para la democracia y un acontecimiento que
—en pleno año electoral— será motivo de incertidumbre y crispación
entre los brasileños.
La sentencia del juez Sérgio Moro, ratificada esta semana, se da diecisiete meses después de que Dilma Rousseff fue depuesta de la presidencia a través de una operación política de dudosa legalidad y luego de que el Congreso exoneró al presidente Michel Temer, sobre quien existen pruebas de corrupción.
Al ratificar la condena impuesta a Lula y aumentarla
de nueve a doce años, los tres jueces federales —en busca de un
estrellato político similar al del ya famoso Moro—, validaron de forma
unánime un juicio viciado de origen y sin el tipo de pruebas que exige un proceso penal.
La investigación nunca logró probar que Lula tuviera
una sola cuenta bancaria o una propiedad indebida.
Los jueces no solo
ignoraron las declaraciones de 73 testigos que contradecían las
acusaciones del exdirector de la constructora OAS y los diversos
recursos presentados por la defensa del expresidente. Tampoco
consideraron una carta abierta
firmada por numerosos intelectuales, activistas y políticos
latinoamericanos ni el estudio minucioso de la sentencia por parte de
más de un centenar de abogados y estudiosos que desmontan todas las
premisas de la sentencia del juez Moro.
Juristas internacionalmente
reconocidos criticaron duramente el proceso. Incluso el teórico del
garantismo jurídico Luigi Ferrajoli alertó que el proceso contra Lula se caracterizaba por su “impresionante ausencia de imparcialidad”.
Por lo que hace a la elección, el Partido de los
Trabajadores (PT) seguramente registrará a Lula como candidato y llevará
la disputa hasta el final. Al final, si la condena es ratificada por el
máximo tribunal del país, podría ser sustituido hasta veinte días antes
de la elección.
Con su decisión, los jueces brasileños le han dado
carta blanca a un conjunto de prácticas jurídicas peligrosas que crean
un estado de excepción propio de regímenes autoritarios. Parecería que
en el poder judicial brasileño todo vale en un juicio anticorrupción:
desde incumplir las reglas de un proceso penal, hasta inventar figuras
jurídicas inexistentes o manipular mecanismos de prisión preventiva.
Para mí es difícil encontrar otra motivación para
permitir estas irregularidades que apartar a Lula da Silva de la campaña
presidencial de este año, en la cual el exsindicalista todavía es el
claro favorito. Desde la encuesta más conservadora (Datafolha) hasta la más izquierdista (Vox Populi) coinciden en que el expresidente obtendría más de 40 millones de votos en las elecciones de octubre.
Hace tiempo que la derecha brasileña parece haber
comprendido que Lula es imbatible electoralmente. Quizás por eso se
trazó una ruta judicial para apartarlo del poder, trasladando a los
tribunales una decisión que en una democracia debería corresponder a los
ciudadanos. Tal vez por ello la Bolsa de São Paulo reaccionó con júbilo ante la ratificación de la sentencia.
La estrategia no solo busca inhabilitar electoralmente
al expresidente (en algunos meses sabremos si finalmente ocurre), sino
también minar su imagen y reputación. Se trata de acabar con el mito de
un líder que ha empoderado a los sectores populares, asestar un golpe
mortal a la izquierda brasileña y promover una agenda conservadora en lo
económico, lo político y lo social.
Por eso desde el primer momento el juicio contra Lula
se ha librado en los medios —abrumadoramente contrarios a Lula y al PT—,
donde jueces y fiscales se han dedicado a expresar opiniones políticas e
incluso a comentar sobre los procesos que estaban bajo su jurisdicción
exhibiendo su parcialidad. (...)
El objetivo del proceso a Lula da Silva no ha sido
promover el surgimiento de una nueva república de la honestidad y la
transparencia, sino apartar del camino al rival más temido. Por ello,
aunque Lula saliera eventualmente ileso de este juicio, tendrá que
enfrentar varios procesos más, quizás “igualmente infundados y
políticamente motivados”, como sostienen varios analistas.
Si Lula no logra llegar al final de la contienda por
la presidencia, otros candidatos menos competitivos podrán hacerlo con
su apoyo, como el petista Fernando Haddad, exalcalde de São Paulo, o el
exministro Ciro Gomes, hoy afiliado al Partido Democrático Trabalhista
(PDT), con quien el PT podría aliarse. (...)"
(Hernán Gómez Bruera es investigador especializado en América Latina del Instituto Mora, en Ciudad de México, The New York Times.es, 26/01/18)
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