"Las autopistas de peaje diseñadas por el Ministerio de Fomento en la
época de Álvarez-Cascos e inauguradas a principios de la década pasada
eran obras privadas.
Sin embargo, ahora van a ser rescatadas con dinero
público, por una cuantía sin concretar aún, pero que algunas
estimaciones elevan hasta los 4.600 millones de euros. Ecologistas en
Acción califica este rescate de "escandaloso y antisocial".
Las
nueve autopistas que ahora se rescatan han sido una ruina económica. Se
trata de las cuatro radiales a Madrid (R-2, 3, 4 y 5), la Cartagena-Vera
(AP-7), la AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 al Aeropuerto
de Barajas y la Circunvalación de Alicante.
Ninguna de estas
vías ha llegado a la mitad del tráfico previsto, y muchas de ellas están
en niveles cercanos a la décima parte de las previsiones, lo que
refleja de forma nítida el descomunal error que supuso su construcción,
por el que nadie ha asumido ninguna responsabilidad. Por supuesto que
todas estas obras tuvieron un fuerte impacto ambiental y territorial,
como ya denunció en su día Ecologistas en Acción.
Además del
desmesurado coste del rescate, conviene recordar que durante años el
Gobierno ha intentado evitar la quiebra de estas concesiones mediante
distintos mecanismos que también han supuesto grandes desembolsos
públicos. Por un lado, se han concedido créditos participativos (esto
es, a muy bajo interés y avalados por el Estado) por cuantías del orden
de unos 300 millones de euros anuales.
Asimismo se han venido
pagando unas cuentas de compensación: un acuerdo por el que el Estado ha
pagado a las concesionarias la diferencia que hay entre lo realmente
recaudado en los peajes y lo que habrían ingresado si se llegara al 80%
de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos, claramente
sobredimensionados.
Como ha denunciado repetidamente Ecologistas
en Acción, no hay justificación desde el lado del transporte ni de la
racionalidad económica para todos estos proyectos viarios que arrasaron
una gran superficie de nuestro país. “¿Dónde está, entonces, la
justificación para este fiasco ambiental, económico y social?”, se
pregunta la organización ecologista.
Para Ecologistas en Acción,
la explicación más clara y plausible se encuentra en los papeles de
Bárcenas que supuestamente recogen pagos al Partido Popular de muchas de
las empresas constructoras de estas obras.
Por desgracia, muchos de los
contratos son previos a 2003 y los posibles delitos ya han prescrito,
aunque otros, como los ligados a la AP-41 están siendo investigados. Los
presuntos intereses ilícitos son los únicos que explican bien lo que no
se puede justificar desde la racionalidad de la planificación del
transporte.
Tampoco hay que olvidar que todo este fiasco de
sobredimensionamiento de infraestructuras a cargo de fondos públicos se
produce al tiempo que el actual ministro de Fomento sigue en la misma
dinámica: el verano pasado presentó un plan para construir 2.000
kilómetros de autovías más. En el país con más kilómetros de estas
infraestructuras se propone gastar 5.000 millones de euros más para
seguir engordando la burbuja de infraestructuras." (Ecologistas en acción, 20/02/18)
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