"Me quedé embarazada y me echaron del trabajo. Mi pareja
cobrara 600 euros y no podíamos pagar un alquiler. En el barrio nos
dijeron que había unos chicos que nos ayudarían. Nos pidieron 1.000
euros por darnos una llave de un piso vacío y luego desaparecieron. No
teníamos otro sitio adónde ir".
Ana relata cómo entró a un piso
propiedad de Sareb, el banco malo. Asegura que no
encontró "otra opción" y en los últimos meses, dice, ha conocido a
varias familias de su zona, el municipio de Parla, en circunstancias
parecidas.
"La desesperación es muy grande y también la inseguridad.
Sabes que estás entrando en un sitio del que te pueden echar mañana",
admite.
En Madrid hay 5.000 viviendas ocupadas sin
título legal, según los datos más recientes de la oficina creada por el
Gobierno y dependiente de Policía Nacional para "luchar contra las
usurpaciones" de forma más "efectiva" en la región.
El órgano,
coordinado por el comisario Sergio Gámez, confirma que hay grupos de
personas que se hacen con varios pisos "para vivir de eso" y descarta
identificarlos como "mafias u organizaciones criminales".
Los colectivos de vivienda aseguran que estos grupos en
ocasiones "se aprovechan" de la vulnerabilidad de personas que ya han
sufrido desahucios o que viven en situación precaria y que terminan
accediendo a pagarles una cantidad de dinero a cambio de la llave de un
piso vacío. Entrar en ellos sin título legal es un delito contemplado en
el código penal.
"Llegado un punto, la gente paga.
Sobre todo si no tiene redes. En la PAH vemos que muchas de las personas
que ocupan vienen de otro desahucio previo por alquiler o por hipoteca
y, en mi asamblea, una gran parte son mujeres solas", explica Sara, de
la Asamblea de Latina, que contextualiza el problema en un círculo de
pobreza amplio y generalizado.
"Dentro del contexto de empobrecimiento,
surgen este tipo de actitudes. Es la ley de la jungla. De canibalismo
social si no generamos un discurso de solidaridad. El aprovechamiento de
la carestía de la vivienda se da por muchas partes, y algunas sí son
legales", añade.
La plataforma niega encontrarse de
forma habitual casos de "extorsión" a las personas en situación
vulnerable –"me ha pasado una vez en ocho años", dice Sara–, argumento
al que apela Ciudadanos en una campaña que ha lanzado contra las
"mafias" y para "preservar la convivencia".
El partido tuvo que retirar un vídeo tras la polémica surgida por
utilizar como eslogan "proteger a los españoles". "Los españoles"
terminó sustituyéndose por "los vecinos".(...)
La campaña, a nivel municipal y también nacional, se ha traducido en Madrid
en una propuesta que se votará en pleno y que pretende modificar la ley
de Bases de Régimen Local para que las administraciones "puedan ejercer
la ejecución sustitutoria de las acciones judiciales que procedan en
caso de okupación con problemas de convivencia".
El problema de los narcopisos
La iniciativa se apoya en la realidad de los "narcopisos", un problema
concentrado especialmente en una zona de Vallecas que ha provocado la
movilización de los vecinos por dificultades de convivencia. En la zona
ha habido redadas con detenidos y algunas viviendas clausuradas. Según
El Confidencial, muchas de ellas –utilizadas como puntos de tráfico de
drogas– pertenecen a fondos de inversión.
Los colectivos de vivienda han respondido a la campaña de Ciudadanos
para matizar que la ocupación no es un fenómeno homogéneo. "No negamos
que existan los narcopisos pero creemos que ese intento de señalarlo
tiene que ver más con evitar que se ponga en foco en la
realidad subyacente: una dificultad de acceso a la vivienda muy
importante por el escaso parque público y el aumento de los precios. Es
la consecuencia de la crisis de vivienda", argumenta Sara.
La Coordinadora de Vivienda de Madrid, que aglutina a las asambleas de
varios barrios, considera que "se está generando un discurso sobre la
base de los narcopisos que avala que se produzcan los desalojos". "La
okupación –añade Sara– se relaciona solo con eso y no se trata como un
problema relacionado directamente con la pobreza y las políticas
públicas de vivienda".
Verónica tiene 55 años y hace
cuatro, cuenta, fue desahuciada de una vivienda social. "Vivía en una
casa de un plan especial en Parla que administraba Lazora. Me quedé sin
trabajo y eso fue el inicio del desastre. En ocho meses nos echaron a mí
y a mi hija de 14 años. No podía pagar los 360 euros de alquiler.
U
na vecina me dejó una vivienda que tenía al lado de la suya, pero
estaba en obras y no tenía ni luz ni agua ni gas. Me quedé tres meses y
no pude más", explica. Lo siguiente, relata, fue entrar en un inmueble
propiedad de Sareb e intentar negociar un alquiler social. "En eso
estamos", asegura.
"Ocupar es exponerse a
volver a ser lanzado. Y, en muchos casos, vivir un doble desalojo, con
todo el estrés que eso provoca", apunta la abogada Verónica Dávalos,
Dávalos describe la ocupación como un fenómeno complejo del se desgaja
una casuística repetida: la ocupación por necesidad o en precario.
"En
estos casos nunca se hace con particulares sino en viviendas de grandes
tenedores. Me he encontrado casos en juicios de familias que han pagado
por entrar en estas viviendas y también con fondos buitres que dan
dinero a inquilinos irregulares para que se marchen", explica.
Esto
ocurre, como pudo comprobar eldiario.es,
con Encasa Cibeles, la filial de Goldman Sachs Azora que compró pisos
protegidos del IVIMA durante el mandato de Ignacio González en la
Comunidad de Madrid.
En Madrid, el tiempo desde que
se realiza una denuncia por ocupación ilegal hasta que se produce el
desalojo se ha reducido de dos años a un periodo entre 15 y 60 días,
según datos de la Delegación del Gobierno. Y desde abril de 2016 se han
realizado 615 juicios rápidos para vaciar estas viviendas.
El plan del
Ejecutivo pasa por animar a los vecinos a denunciar "con la mayor
celeridad posible, ya que cuanto menos tiempos estén ocupados los
inmuebles más rápida puede ser la actuación y menos inseguridad y
conflictos tendrán que sufrir", e incluso habilitó un teléfono para tal
fin. Las denuncias, querellas y atestados que llegan a los juzgados por
delitos de este tipo se han disparado en los últimos años, según la Memoria de la Fiscalía.
Mientras, los colectivos de vivienda siguen pidiendo más medidas y
soluciones a la administración. "Tememos que los desahucios por alquiler
se vuelvan a disparar por la subida de precios.
Y no hay vivienda
social digna para realojar a todas las personas con tres millones de
casas vacías en España", concluye Sara. En Madrid, donde el Gobierno de
Carmena tiene 2.300 viviendas sociales en fase de construcción, hay 8.000 personas en situación de emergencia habitacional" (Sofía Pérez, eldiario.es, 14/02/18)
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