Gobernar la digitalización en favor de la mayoría

"(...) el crecimiento actual no está resolviendo los problemas sociales y económicos que la crisis nos dejó –cronificándose una fuerte precariedad y desigualdad–, al tiempo que la retórica de las “reformas estructurales” orientadas al mercado no se ha traducido en un cambio productivo real. (...)

  Junto a medidas específicas dirigidas a corregir la precariedad laboral y la inequidad en el reparto de la renta y la riqueza, nuestra economía necesita una nueva política industrial más audaz, focalizada y proactiva. Esta nueva estrategia industrial debe ser capaz, involucrando al sector público junto al sector privado, de impulsar un crecimiento sostenible en términos medioambientales (verde), que asegure la igualdad de género (morado), y que mejore la productividad, entre otras vías a través del desarrollo del proceso de digitalización¹. 

 (...) pensamos que no es inevitable la aparición de un desempleo tecnológico generalizado, aunque es imprescindible adoptar medidas para prevenir tal posibilidad. Finalmente, sí creemos que existe un alto riesgo de que el proceso afecte de manera desigual a los distintos grupos sociales, evidenciando la responsabilidad colectiva (y no estrictamente individual) de intervenir desde la esfera de lo público para que no aumente la polarización y las desigualdades.

En definitiva, pretendemos abordar la digitalización desde la perspectiva de la economía política, discutiendo cómo “gobernar el proceso” para asegurar no sólo que la productividad crece, sino que este aumento se reparte equitativamente a favor de la mayoría.  (...)

En nuestra opinión, mientras una creciente robotización es probable, no tiene por qué producirse una destrucción masiva de empleo. De hecho, la experiencia histórica ha mostrado ya que las innovaciones tecnológicas que han tenido efectos sustanciales sobre la productividad no han supuesto a la vez una pérdida generalizada de empleo, sino lo contrario.  

(...) en España se trabaja de media 118 horas más al año que en el conjunto de la UE-15. Hay buenas razones para recuperar esta tendencia a la reducción de la jornada laboral, y más aún si se materializan los efectos del proceso de digitalización sobre la productividad. (...)

En resumen, con una adecuada combinación de políticas para impulsar la reducción de la jornada laboral y asegurar un crecimiento suficiente de la demanda, los aumentos de la productividad que pueden producirse en un futuro próximo como consecuencia de la digitalización no son una mala noticia para los trabajadores y trabajadoras, ni es inevitable un aumento del “desempleo tecnológico” a nivel agregado.  (...)

Que la digitalización no suponga necesariamente un aumento de la tasa de desempleo no significa que no haya grupos concretos de personas que hoy tienen un empleo, y que sí se verán afectadas negativamente. Es muy posible que este fenómeno haga desaparecer determinadas ocupaciones. Sin embargo, es difícil anticipar exactamente cuáles. 

(...) los trabajadores de la “gig-economy”. Esta expresión se utiliza para definir, por ejemplo, la situación de personas que son “llamadas” para realizar puntualmente una tarea concreta, aportando incluso los medios necesarios para ello (la bicicleta del “rider” de reparto), y sin que se establezca legalmente una relación estrictamente laboral con la empresa “mediadora” con el cliente final⁵. 

Evidentemente, esta es una forma buscada por las empresas para trasladar a los trabajadores y trabajadoras una parte importante de su “riesgo empresarial” y privarles de sus derechos.

Como ejemplo, De Stefano recoge la declaración de un alto ejecutivo de una empresa de este tipo: “Antes de Internet, hubiera sido realmente difícil encontrar a alguien, sentarlo diez minutos para que trabajara para ti, y despedirle después. Pero con esta tecnología, sí puedes encontrarlos, pagarles una pequeña cantidad y deshacerte de ellos cuando ya no los necesitas”. (...)

La digitalización está permitiendo una suerte de retorno a las relaciones laborales individualizadas y desprotegidas, propias del siglo XIX.

Si estos problemas no son abordados con medidas económicas y regulaciones adecuadas, veremos cómo los efectos globalmente positivos de los aumentos de la productividad no se repartirán de forma justa, dando lugar a la aparición, por un lado, de personas cuyos empleos han sido desplazados por las nuevas tecnologías sin posibilidad de seguir obteniendo ingresos del trabajo.

 Además, por otro lado, veremos a otros grupos sociales que, aun conservando “algún” empleo, vivirán estructuralmente en condiciones precarias y con bajos ingresos. Ahora bien, esto último no es una consecuencia inevitable de la tecnología, sino el resultado de decisiones políticas, y por lo tanto perfectamente evitable. (...)

Podemos citar, en concreto, cinco propuestas que nos parecen especialmente significativas:

1. Como se señalaba recientemente en un interesante artículo de V. Alsina, E. González de Molina y D. Vila, frente a la retórica de que los mayores procesos de innovación se han producido con un papel pasivo y secundario del Estado (limitado a favorecer las condiciones adecuadas), la realidad nos muestra que “el Estado ha sido un emprendedor de ‘primera instancia’, dinámico, creador de mercados nuevos y de innovaciones radicales que han transformado el conjunto de la economía, como la invención de Internet, la biotecnología, la nanotecnología”. 

En definitiva, las administraciones públicas han asumido en muchas ocasiones el liderazgo de la innovación, y creemos que deben volver hacerlo para asegurar que España cambia su patrón de especialización internacional y abandona la estrategia de competir en sectores de bajos salarios. Esto implica organismos donde el sector público colabore activamente con el privado, y también mantener los niveles de inversión pública y gasto en I+D y educación.

2. Si la digitalización se traduce en incrementos significativos de la productividad se abre una oportunidad para retomar el proceso de reducción de jornada, que se ha interrumpido en los últimos 30 años. 

Esto permitiría evitar la aparición de elevados niveles de desempleo de una forma más compatible con la sostenibilidad del planeta; favorecería para la mayoría el disfrute del ocio y otras actividades no relacionadas con el trabajo asalariado; mejoraría la conciliación entre la vida laboral y los cuidados, contribuyendo a un reparto equitativo entre géneros de estos trabajos que el que resulta de la actual organización del trabajo; y en definitiva podría utilizarse también como una forma de compensación de la pérdida de peso de los salarios en la renta que se ha producido en las últimas décadas (siempre y cuando la reducción de jornada se produzca sin reducción salarial, claro).

3. Adicionalmente, para evitar la pérdida de puestos de trabajo es necesario abandonar las políticas deflacionistas y asegurar una gestión activa de la demanda agregada para asegurar que el nivel de actividad es suficiente.

 Especialmente, esto debería hacerse promoviendo –de forma simultánea– tanto el desarrollo de sectores donde la automatización es elevada como otros más intensivos en empleo (sanidad, educación, dependencia, servicios de atención personal).

4. El deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la desigualdad no es una consecuencia inevitable de la tecnología, sino fundamentalmente el resultado de decisiones políticas concretas. 

Para asegurar que los aumentos de la productividad se reparten de forma equitativa es necesario restituir el equilibrio en la negociación colectiva, reforzando un marco de pre-distribución más favorable a las rentas del trabajo, y volver a conectar el crecimiento de los salarios respecto a la productividad, de forma que se cierre el “gap” que viene produciéndose hace décadas entre ambas macromagnitudes. 

Esto exige igualmente reforzar las políticas redistributivas y adaptar la legislación laboral para terminar con la generalización de la precariedad de quienes trabajan en los sectores más afectados por los recientes desarrollos de la tecnología digital, como el empleo a través de las plataformas.

5. A pesar de estas políticas, es probable que algunos grupos se vean afectadas negativamente por los procesos de automatización, por ejemplo por su formación o porque algunas ocupaciones se vean especialmente comprometidas. Debemos asumir la responsabilidad colectiva de establecer un sistema de Renta Garantizada que convierta ésta en un derecho ciudadano."                   (Jorge Uchó, Nacho Álvarez, CTXT, 21/02/18)