"Somos muchos los trabajadores y los sindicalistas de todo el país que
hemos visto con interés, empatía y preocupación las noticias sobre la
última negociación en Opel. La plantilla de la factoría en Figueruelas
(Zaragoza) aprobó el 31 de enero, con 2.897 votos a favor, 2.008 en
contra y 54 votos en blanco, el preacuerdo firmado entre dirección y
sindicatos sobre el nuevo convenio colectivo.
La participación en la
votación ha sido de más del 90% de la plantilla, lo que demuestra que
los trabajadores y trabajadoras sabían que se jugaban su futuro. El
acuerdo aprobado supone para la plantilla de Opel una reducción de sus
salarios (a través de subidas menores a la inflación y de una reducción
de distintos pluses), cuando llevan ya 13 años de congelación, un
aumento de la jornada laboral y la flexibilidad, al reducir los tiempos
de descanso pagados; el aumento de la flexibilidad al introducir más
turnos y una nueva escala salarial.
Para conseguir estas concesiones, la
empresa ha utilizado abiertamente poderosas armas en la “negociación”,
la amenaza de llevarse inversiones previstas y sobre todo, llevarse de
Figueruelas la producción del modelo Corsa, principal producto, con un
45% de la producción de la factoría, que tiene capacidad de producir
casi medio millón de coches al año.
Y la de hacer ver a los de
Figueruelas como privilegiados, haciéndoles competir con los de Vigo o
Villaverde, con peores salarios y condiciones.
Hay que hacer constar que un acuerdo de este tipo profundiza y ahonda un
camino con malas perspectivas que ya es conocido en la industria y
sobre todo en la automoción. El del chantaje permanente de las
multinacionales a los trabajadores y sus representantes exigiéndoles
recortes de salarios, aumentos de la flexibilidad, en contra del empleo,
y de la conciliación, siempre bajo la amenaza de la externalización,
quitar inversiones, no renovar productos o llevarse directamente la
producción.
La amenaza de la patronal va acompañada de una presión
social y política preparada para la ocasión y comienza con un ultimátum
en el tiempo de respuesta. La dirección trata de imponer una negociación
muy rápida y que se les responda en poquísimo tiempo al eje de su
chantaje.
De este modo pretenden restar o anular la capacidad de
análisis y de resistencia de la plantilla, impedir los debates
necesarios donde se ejerza verdaderamente la democracia por los
trabajadores, en las asambleas de sus sindicatos, en las reuniones de
sus órganos de dirección y en las asambleas generales, donde se puedan
contrastar, debatir y decidir sobre diferentes propuestas, dar un
mandato preciso al comité, organizar la movilización, es decir, con poco
tiempo también, para aislar al comité y los sindicatos de la presión o
de las opiniones de sus compañeros, afiliados y trabajadores.
Con estos
mismos métodos, ahora exitosos, la patronal en otras empresas
industriales, podrá seguir redoblando chantajes con traslados y
externalización, para que los trabajadores renuncien a las mejoras
arrancadas al patrón en años de lucha de clases. Por el camino de estos
chantajes, si no lo impedimos, las conquistas de los trabajadores
acabarán por irse por el sumidero de la Historia.
Un difícil dilema
Hay quien dirá que, en última instancia,
han sido los trabajadores quienes han decidido bajarse el sueldo en
lugar de votar “no” en el referéndum y lanzarse a la lucha. Una
argumentación que encaja perfectamente con las de dirigentes defensores
de que el acuerdo era inevitable, “porque los trabajadores no se iban a
movilizar”.
No, la culpa no es de los trabajadores de Figueruelas, que
han tenido que tomar una decisión en una situación muy difícil.
Presionados en primer lugar y de forma brutal, por la empresa, también
por los gobiernos de Aragón y de España, por los medios de comunicación
y, sin duda, influidos y condicionados, lógicamente, por la opinión y la
decisión tomada por 3 sindicatos que tienen el 82% de la representación
en el Comité de Empresa (UGT, CCOO y ACUMAGNE, central de cuadros), y
que son una referencia importante para la plantilla.
A pesar de las
dudas acerca del órdago echado por la empresa, los trabajadores debían
elegir entre decir no y lanzarse a una movilización, bajo la dirección
de unos dirigentes que desconfiaban y no apostaban por la movilización
(una movilización, por tanto, de resultados dudosos), o aceptar el
acuerdo que se les presentaba como la única manera de mantener el Corsa y
el futuro de la factoría, a cambio de los sacrificios mencionados.
Estaban en juego muchos puestos de trabajo.
De esta fábrica de coches
dependen unos 5.500 empleos directos y entre 3.000 y 5.000 indirectos en
una industria auxiliar que tiene unos 25.000 trabajadores. Un 23% del
Producto Interior Bruto de Aragón está ligado a la fábrica de Opel
(8.000 millones de euros).
¿Había otra salida?
Si no había más salida que ceder en Figueruelas, no habrá
otra salida para los trabajadores de PSA de Vigo, de Seat de Barcelona, o
de Ford de Almussafes, que esa misma semana también votaron un acuerdo
de convenio por sólo un 51%… En esa lógica, el automóvil, principal
industria de nuestro país, estará mostrando al conjunto de la clase
trabajadora un camino que pasa por ceder derechos y conquistas para
conservar el puesto de trabajo.
Si esto han de hacer fábricas de miles
de trabajadores, con cientos de afiliados a los sindicatos, y con una
tradición de lucha, ¿qué no deberán hacer los empleados de una pequeña
empresa de 6 o 12 trabajadores, sin sindicatos que les defiendan?
Por
esa lógica, los derechos y conquistas sociales están perdidos y tendrán
razón los que anuncian que aceptar ahora el chantaje sólo abre el camino
a nuevos recortes y pérdidas de empleo de posteriores chantajes. (...)
También sería fácil echarles toda la culpa a los dirigentes de las
secciones sindicales de Figueruelas, que han firmado el preacuerdo y
pedido el sí en el referéndum. La denuncia es muy fácil, nadie querría
haber estado estos días en su posición. (...)
La semana anterior al referéndum, cuando la empresa amenaza con llevarse
el Corsa, sin discutir siquiera las propuestas que llevaban los
sindicatos, por unanimidad, todo el Comité de Empresa se retiró de la
negociación, la suspendió y convocó a los trabajadores a rápidas
concentraciones que fueron absolutamente masivas; la plantilla mostró
todo su apoyo al Comité y una tremenda indignación y rechazo a la
amenaza de la empresa.
Posteriormente, el Comité insistió ante la
dirección que la decisión final sobre un acuerdo debía pasar por una
consulta en referéndum a toda la plantilla. (...)
En estas condiciones es muy clarificador que más de 2.000
trabajadores, un 42% de los que votaron, rechace el acuerdo, cuando sólo
dos pequeños sindicatos (OSTA y CGT), con un 18% de la representación
en el Comité de Empresa, llamaron a votar no. O que se tuviera que hacer
campaña hasta el final, insistiendo en llamar a votar a favor del
acuerdo, en medio de la votación, antes de acabar todos los turnos,
alarmando con la impresión de que ganaba el no.
Tan sólo con que una sección sindical, de las dos
mayoritarias (UGT y CCOO), hubiera convocado sus órganos de decisión
(consejos y ejecutivas) y hubiera apostado por consultar y proponer
emprender la movilización, habría sido decisiva, habría dado la vuelta
al resultado del referéndum. Incluso podría haber arrastrado a la otra.
Y
eso habría servido para convocar movilizaciones y paros parciales en
una fábrica que tiene la mitad de la producción de vehículos de OPEL en
toda Europa, que tendría también muy complicado poner en marcha y
ejecutar su amenaza de trasladar el Corsa a otra factoría, con una
ausencia total de colaboración por la plantilla en lucha y cuando además
sus tres fábricas alemanas, de las diez europeas, están convocadas a
las movilizaciones de IG Metall por una subida salarial del 6%.
Por todo ello, creemos que había otra salida al conflicto:
primero no aceptar el ultimátum de tiempo, convocando asambleas por
sindicatos y una asamblea general, con voluntad sindical de proponer a
los trabajadores que rechazasen el chantaje, no apoyar el preacuerdo, y
acordar un plan inmediato y estratégico de movilizaciones. (...)
Porque, cuando parece tremendamente complicado vencer con
las solas fuerzas de una fábrica, por importante que sea, hay que
recurrir a la acción de conjunto de la clase trabajadora y sus
organizaciones.
La lucha de Coca-Cola ha indicado, con todas sus
dificultades y sacrificios, salvando todas las distancias, que
aproximándose a ese camino, así sí es posible al menos obtener victorias
parciales, y hoy conservan sus empleos, luchan por mantener sus
condiciones, cuando hace cuatro años podrían haberse quedado en la
calle. Primero con la movilización de la plantilla y luego buscando el
pleno apoyo de las organizaciones y la solidaridad de la población.
Todo el mundo en Figueruelas valoró el comunicado sindical
de solidaridad que les enviaron desde la fábrica de PSA Citroën en
Vigo, una de las posibles beneficiadas si el Corsa iba a otro lugar.
Acontecimientos como los de Opel demuestran que, para salir de la
situación actual, la única salida está en la movilización unida del
conjunto de los trabajadores contra el chantaje patronal. (...)
Es inaceptable que el presidente de la región de Aragón, Javier Lambán, o
el ministro de Economía, Luis De Guindos, se dediquen a sumarse a las
presiones a los trabajadores y los sindicatos, para que acepten las
duras condiciones del chantaje.
Debemos exigir desde el movimiento
sindical que los gobiernos defiendan el empleo y apoyen a los
trabajadores, y que hagan frente a las amenazas y chantajes de las
multinacionales de llevarse la producción, si es preciso tomando medidas
coercitivas de urgencia o incluso legislativas en este sentido. (...)
Cuando además, las administraciones públicas, vienen otorgando a estas
empresas miles de millones de euros en ayudas, subvenciones y
bonificaciones, de las que General Motors, Opel y el grupo PSA, se
siguen beneficiando hoy. ¿No deberían haberles exigido las
administraciones su devolución? Cuando tenemos organizadas las
infraestructuras del país para que den cobertura a la producción y el
empleo que generan éstas empresas...
Por ejemplo, en octubre se supo que
el gestor público de infraestructuras ferroviarias, ADIF, aprobó un
plan de inversiones de 335 millones de euros para multiplicar la
capacidad de las líneas del ferrocarril para mercancías desde Zaragoza
hasta el puerto de Valencia, en buena medida para sacar la producción de
coches de OPEL, que un 87% se destina a la exportación. (...)
Suscriben este artículo a título individual, la responsabilidad aparece a modo meramente informativo:
Santiago Urzay, presidente del Comité de Empresa de TEKA, Zaragoza (Aragón); Manolo Sanz, trabajador jubilado parcial de OPEL, ex miembro del Comité de Empresa, Figueruelas, Zaragoza; Óscar Abanades, miembro del Comité de Empresa PSA Peugeot Villaverde (Madrid); José Lagos, presidente del Comité de Empresa de Corrugados, Getafe (Madrid); Pedro Fernández, presidente del Comité de Empresa de GESTAMP Toledo; Alberto Pérez, miembro del Comité de Empresa de Coca-Cola, Fuenlabrada (Madrid) y de Coca-Cola en lucha; César Serrano, presidente del Comité de Empresa en Schneider Electric (Madrid); y Pablo García-Cano, miembro del Comité de Empresa de John Deere, Getafe (Madrid)." (CTXT, 28/02/18)
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