"La ley es la ley, aunque eso no impide que su aplicación provoque situaciones de desamparo que resulten difíciles de compartir incluso para los jueces
encargados de aplicarla, como ha ocurrido con el caso de Sole B. B.,
una madre zaragozana de 33 años a la que los tribunales han dejado en la
calle a pesar de sufrir una minusvalía, de recibir como único ingreso
un salario social de 430 euros, de tener la custodia de su hija de 15
años compartida con su exmarido y, también, a pesar de que el piso del
que ha sido desalojada, y del que es copropietaria, ha quedado vacío,
deshabitado, sin que nadie lo ocupe.
“Tengo de todo, menos dinero”, ironiza Sole, que esta semana se trasladará con su hija a un alojamiento que ha podido conseguirles la trabajadora social de una parroquia zaragozana tras salir de él un matrimonio, y en el que podrán permanecer hasta tres meses.
Su caso no entra en las situaciones
de emergencia que los juzgados atienden en coordinación con la comunidad
autónoma, ya que no se trata de un desahucio por impago de rentas o
ejecución hipotecaria, ni tampoco encaja en el dispositivo municipal
para situaciones de violencia machista.
Se encuentra en la calle desde que el 9 de marzo un juzgado de Zaragoza ejecutó el lanzamiento que pidió su exmarido
tras vencer el plazo que le asignaba el antiguo hogar familiar. Llevan
dos semanas en un albergue en el que la habitación les cuesta más de lo
que cobra al mes.
Sole y su exmarido están formalmente
divorciados desde principios de 2015, tras catorce años de matrimonio y
seis anteriores de convivencia. El juzgado, que entonces le otorgó la
guarda y custodia de la hija menor de la pareja, de doce años en
aquellas fechas, le asignó el uso de la que había sido la casa familiar hasta el 31 de diciembre de 2016.
Sin embargo, su exesposo, que antes
había logrado que la custodia de la menor pasara a ser compartida ya que
es la figura preferente en Aragón, acabó solicitando el lanzamiento de
la mujer tras la prórroga de un año en el uso de la casa que había
marcado el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Zaragoza.
“Mi
situación había empeorado en lugar de ir a mejor”, explica Sole, que
finalmente tuvo que dejar la vivienda al avalar la solicitud del exmarido la Sección Segunda de la Audiencia de Zaragoza.
Este tribunal, no obstante, reflejó
en su resolución los “aspectos dudosos” del caso, entre los que destaca
que en el derecho civil “no hay propiamente un derecho de lanzamiento o
desalojo del bien común”, como sería en este caso la vivienda familiar,
ya que “ello llevaría al sinsentido de que ninguno de los comuneros pudiera utilizar la cosa común conforme al destino que le es propio”.
En realidad, señala la Audiencia de
Zaragoza, lo normal es que primero el juzgado de Familia que lleva el
divorcio determine por cuánto tiempo puede usarlo uno de los excónyuges
y, vencido ese plazo, que otro de Primera Instancia establezca como debe
usarse ese bien común “de modo que no impida el uso del otro
copropietario”. (...)
“La casa está vacía”, lamenta Sole,
cuya situación económica le ha llevado, pese a haber trabajado la mayor
parte del tiempo desde que cumplió 18 años, a tener pendiente de pago
más de 800 euros de la luz desde octubre de 2016.
Tiene reconocida una minusvalía del 37% por esclerosis múltiple,
a lo que se añade la lesión en el hombro con rotura de varios tendones
que sufrió hace año y medio y un tratamiento psicológico, lo que
dificulta su colocación.
El juzgado había autorizado la venta
del piso por 130.000 euros y su puesta en alquiler. Sin embargo, anota,
“no hay forma de venderlo, y al no tener llaves tampoco puedo enseñarlo
para alquilarlo”. Ella, por otro lado, ha dejado de pagar su parte de la hipoteca “porque no me llega”, dice.
En su caso, el desalojo hizo que se
quedara sin llaves de la casa pese a seguir siendo oficialmente una de
sus dos propietarios. “Me fui con lo justo, solo
me llevé cuatro cosas más algunas que me guardan un hermano y dos
vecinos ¡Estoy usando unos zapatos de mi hija”, añade. (...)
El caso de Sole, que se encuentra en un
limbo ajeno al circuito asistencial por no tratarse de un desahucio por
motivos económicos ni de una víctima de violencia machista, no es único, ni mucho menos.
“Hay más mujeres en esa situación, muchas más”, señala Ariadna Marco, presidenta de la asociación de mujeres maltratadas Somos Más,
que destaca cómo en ocasiones caen en ella víctimas de violencia
machista que rechazan denunciar su caso en los juzgados, lo que
dificulta su acceso a los programas de garantía social. (...)" (Eduardo Bayona, Público, 21/03/18)
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