"Entre los años 2008 y 2012 se habló mucho de desahucios.
Fue el retrato más crudo de lo que vinieron a llamar “crisis” y
“burbuja inmobiliaria”. Nada tan bestial como la idea de que una familia
se quede sin techo porque no puede pagarlo, en una sociedad que se
pretende civilizada, garante de los derechos
mínimos, social, etcétera.
Cundió la idea de que los desahuciados eran
los responsables de su propia ruina. Entonces, solo se hablaba de
desahucios hipotecarios, y se venía a decir que las familias se veían en
la calle porque habían “vivido por encima de sus posibilidades”, y que
habían comprado un piso sin tener en realidad recursos económicos para
hacerlo.
La nueva alerta sobre los desahucios viene a echar por tierra dicha idea. Según cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
durante 2017 se han llevado a cabo en España 100 desahucios al día por
impago de alquiler. O sea, cada hora cuatro familias se han quedado en
la calle. Repito: cuatro familias cada hora.
Las cifras totales son las
siguientes: El año pasado 35.666 familias y particulares fueron
desahuciados por no poder pagar el alquiler, y 22.330 familias se
quedaron sin techo por no poder pagar la hipoteca. Es decir, el 60% del
total de desahucios se debe al impago de alquileres. Para muchas de esas
familias se trata, además, del segundo desahucio. Primero se quedaron
sin casa por no poder pagar al banco, ahora por no poder hacer frente al
alquiler.
Es la consecuencia de eso que llaman “recuperación”, y que a todas luces
es un fraude social, además de una mentira evidente. Lo que ha sucedido
en los últimos diez años en España es que las familias se han ido
empobreciendo, muchas de ellas a un ritmo alarmante, hasta el punto de
perder incluso el techo, mientras las grandes empresas y entidades
financieras han visto cómo aumentaba su capital en unas cifras sin
comparación en Europa. (...)
SILENCIO
Los primeros desahucios, los hipotecarios, supusieron un golpe informativo en la sociedad. Nadie preveía la posibilidad de que cientos de miles de familias pudieran perder sus viviendas, y hacerlo además sin que el Estado tuviera ni intentara mecanismos para solucionarlo. Esta nueva oleada de desahucios, que sigue creciendo alarmantemente, parece pasar desapercibida informativamente. Y también en la conciencia de la sociedad.
Cuatro desahucios cada hora son demasiados desahucios como
para que no exista una movilización social contundente.
Podría tratarse de que entonces se hablaba de “crisis”
y los desahucios venían a sostener dicha teoría, y argumentarla con
aquel infame “por encima de sus posibilidades”. En un momento como el
actual, en el que la idea de una “recuperación” parece general, este
constante dejar sin techo a miles y miles de familias constituye la
mayor evidencia de la falacia. De una falacia sostenida por la clase
política y empresarial, y también por la mayoría de los medios de
comunicación.
El argumento que hoy se maneja es el siguiente: “La
recuperación no está llegando a las familias”. Se maneja como una
paradoja, como algo incomprensible o pasajero, cuando la realidad es que
aquello que llamaron crisis venía a construir
precisamente eso, un trasvase de la riqueza general de las clases
obreras y lo que se denominaba “clase media” hacia los sectores más
ricos de la población. La destrucción de lo público ha corrido paralela,
además.
Visto lo visto, nadie parece darse por enterado en las
instituciones ni se plantean soluciones al hecho brutal de esos 100
desahucios al día, más allá de algunos tímidos avances en la idea de
vivienda social por parte de ayuntamientos como Barcelona o Madrid.
Tímidos y poco relevantes por el momento.
Cabe recordar que, tras la Reforma Laboral y en contra de lo que pasó
con los desahucios hipotecarios, quienes ahora pierden su casa no son
solo los desempleados, muchas de esas familias están compuestas por
trabajadores y, sobre todo, trabajadoras. Por lo tanto, cabría
preguntarse si una sociedad que ha permitido y sigue permitiendo que,
hora a hora, las familias pierdan la vivienda pese a trabajar puede
llamarse desarrollada.
También, cómo osamos hablar de derechos en este escenario, cuando la vivienda debería ser uno de los muy básicos." (Cristina Fallarás, La Marea, 15/04/18)
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