"En
las próximas semanas, y a pesar de la recomendación de la Comisión
Europea de que los recortes para controlar el déficit público no afecten
la inversión en I+D+i, el Gobierno y las Cortes Generales de España
podrían aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que dañarían a
corto y largo plazo al ya muy debilitado sistema de investigación
español y contribuirían a su colapso.
Esto implicaría el mantenimiento
de un modelo económico obsoleto que ya no es competitivo y que es
especialmente vulnerable a todo tipo de contingencias económicas y
políticas. Ante esta situación, solicitamos a los responsables
políticos:
✓ Evitar que se lleve a cabo una nueva reducción de la
inversión en I+D+i. En los últimos años, la financiación en I+D+i
(capítulo 46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto
recortada en un 4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una
reducción de un 8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al
recorte con respecto al año anterior).
De ratificarse el recorte
barajado para el 2012, en los últimos años los Organismos Públicos de
Investigación habrán sufrido una reducción acumulada del 30% de la
dotación procedente de estos presupuestos. La financiación en I+D+i en
el 2010 fue un 1,39% del PIB, sin embargo se estima que para el 2011
será de menos del un 1,35%. A medio plazo es crítico alcanzar la media
de la UE-27 del 2,3% y converger hacia el objetivo del 3% del Consejo
Europeo.
✓ Que se incluya la I+D entre los “sectores prioritarios”
ermitiendo una Oferta de Empleo Público y posibilidades de contratación
en organismos públicos de investigación, universidades y centros
tecnológicos. Esto evitaría una fuga de científicos y personal
investigador de la que el país tardaría décadas en recuperarse.
“El modelo productivo español (…) se ha agotado, con lo que es necesario impulsar un cambio a través de la apuesta por la investigación y la innovación como medios para conseguir una economía basada en el conocimiento que permita garantizar un crecimiento más equilibrado, diversificado y sostenible.”
Estas palabras, extraídas del Preámbulo de
la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, fueron aprobadas en
Mayo del 2011 por el 99% de los miembros del Congreso y Senado español,
constituyendo un Pacto de Estado tácito sobre la necesidad de priorizar
la I+D. El diagnóstico es inequívoco y la solución ha sido
identificada.
Ahora sólo falta que los líderes políticos estén a la
altura de sus responsabilidades y cumplan con su palabra. La aprobación
de los Presupuestos Generales del Estado por las Cortes Generales y el
Gobierno español en las próximas semanas es el momento de demostrar ese
compromiso.
Unos presupuestos con recortes en I+D+i, como los que se
están barajando actualmente, dañarían gravemente y a largo plazo al ya
muy debilitado sistema de investigación en España, tanto su
infraestructura como especialmente su capital humano. Esto supondría una
pérdida de competitividad y así ha sido reconocido por el Consejo
Europeo.
En el memorandum del 2 de Marzo 2012, “El Consejo Europeo
confirma la investigación y la innovación como motores del crecimiento y
el empleo (…). Los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE han
enfatizado hoy (…) que la estrategia europea de crecimiento y su
respuesta integral al reto actual (…) requiere un impulso de la
innovación, la investigación y el desarrollo, (….) componentes vitales
de la futura competitividad y desarrollo de Europa” (MEMO/12/153).
Por
ello que urgimos a los responsables políticos españoles a que tengan en
cuenta las siguientes consideraciones.
RECURSOS HUMANOS EN I+D
El
Real Decreto-ley 20/2011 de Medidas urgentes para la corrección del
Déficit Público (BOEA-2011-20638, 31 de diciembre del 2011, Art. 3)
establece que “la contratación de personal (…) se restringirán a los
sectores (…) que se consideren prioritarios”. “Durante el año 2012 serán
objeto de amortización (…), un número equivalente de plazas al de las
jubilaciones que se produzcan, (…) salvo en los sectores (…) que se
consideren prioritarios.”
El preámbulo citado de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación establece el carácter prioritario de la I+D+i. Por tanto, el Real Decreto-ley 20/2011 permite reactivar el empleo público en I+D, indispensable para fortalecer las instituciones de investigación.
Durante los últimos tres años, la Oferta
de Empleo Público ha castigado muy duramente a estas instituciones, que
han sufrido una drástica reducción en el número de nuevas plazas. Para
conjunto de todos los Organismos Públicos de Investigación y CSIC, e
incluyendo todos los niveles investigadores (desde personal de
laboratorio hasta profesores de investigación), el número total de
nuevas plazas ha sido de 681, 589, 106, 50 y 55, para los años 2007,
2008, 2009, 2010 and 2011, respectivamente. La intención del Gobierno es
ofrecer cero plazas en el 2012. La situación es insostenible: el
conjunto de todos los organismos públicos de investigación (OPIs) agrupa
a unos 140 centros con una edad media de 50-55 años, llegando hasta los
58 años en el CSIC. La plantilla fija de los centros de investigación
se está reduciendo aceleradamente porque durante los últimos años las
plazas que quedan libres por jubilaciones no se reponen. Mientras, el
resto de la plantilla queda relegada, en el mejor de los casos, a una
concatenación de contratos de corta duración. El resultado es una
importante pérdida de competitividad porque formar equipos y captar
financiación requiere un grado de estabilidad que un gran número de
investigadores en su pico de productividad aun no poseen, ya sea dentro
del modelo funcionarial actual o de contratación laboral. De hecho, es
urgente flexibilizar la contratación en investigación para permitir una
planificación de recursos humanos que haga viable los planes
estratégicos. De lo contrario, nunca se alcanzarán los objetivos
marcados y el abandono de líneas de investigación supondrá una
importante pérdida de inversión. Por ejemplo, CSIC, el mayor OPI con 133
centros, ha recibido durante los años 2010 y 2011 menos de un 20% de
las necesidades mínimas de personal investigador establecidas en su plan
estratégico (Plan de Actuación 2010-2014). El resto de los OPIs están
en una situación similar o incluso peor. La falta de estabilidad en la
política de recursos humanos del sistema nacional de I+D daña su
credibilidad y mina la competitividad. El Programa Ramón y Cajal es un
buen ejemplo de ello (pero no es el único). A nivel nacional, este
programa es el buque insignia del sistema de investigación en España en
términos de recursos humanos. Vio la luz en el 2001 con una visión de
futuro cuyo compromiso es, y siempre ha sido, ofrecer la posibilidad de
estabilización de los investigadores que hayan superado las dos
evaluaciones establecidas durante un “periodo de prueba” de 5 años (en
el segundo y en el cuarto año): es el “tenure-track” español.
Sin
embargo, solo un 37% de los investigadores de la convocatoria del 2006
que han superado las evaluaciones stablecidas en el programa ha logrado
estabilizarse, siendo este porcentaje significativamente más reducido
para los investigadores de la convocatoria del 2007 cuyos contratos
empiezan a finalizar en los próximos meses.
De media, los investigadores
que han acabado o están a punto de acabar sus contratos y han superado
satisfactoriamente las evaluaciones, tienen 42 años de edad, 17 de los
cuales han sido dedicados a la investigación, lideran sus grupos de
trabajo, tienen una extensa experiencia en el extranjero y participan en
una amplia red de colaboradores internacionales.
Existen otros muchos
investigadores de perfil similar que se encuentran en la misma
situación. Es urgente que el sistema de investigación español cumpla los
compromisos de su tenure-track actual y se modifique para permitir una
planificación de recursos humanos que haga viable esta figura (el nuevo
contrato de acceso en la Ley de la Ciencia dista mucho de ser un
tenure-track).
Las características de la labor de investigación exigen
décadas para la formación de un capital humano de calidad. España no
alberga un sector privado en I+D+i que pueda absorber y aprovechar a
investigadores altamente cualificados. Este capital humano, que tanto ha
costado formar y que mejor preparado está para contribuir a un modelo
productivo basado en el conocimiento, no va a tener otro remedio que
emigrar o dejar la investigación.
El país se enfrenta a una “fuga de
cerebros” multi-generacional (desde los investigadores que empiezan
ahora sus tesis doctorales hasta los de 40-45 años). España también se
arriesga a cauterizar la vocación por la Ciencia de las generaciones más
jóvenes (ahora niños y adolescentes).
Dentro de unos años, España no
tendrá más remedio que importar científicos. Sólo podrá hacerlo
atrayéndolos con costosas ofertas que puedan competir con las de países
punteros en ciencia, cuyas políticas de recursos humanos tendrán mucha
mayor credibilidad. Si España no toma medidas urgentes para conservar el
capital humano de mayor excelencia científica, el sistema de
investigación tardará décadas en recuperarse, lastrando el ansiado
cambio en el modelo económico.
INVERSIÓN EN I+D
La
inversión en I+D ha de converger con la media de la UE-27 y aproximarse
al objetivo del 3% del PIB establecido por el Consejo Europeo en su
Estrategia de Lisboa. La financiación en I+D+i en el 2010 fue un 1,39%
del PIB y se estima que esta cifra será de menos de un 1,35% durante el
2011.
Mientras que los países motores económicos de la UE están cercanos
o por encima del 2,5% (con tres países por encima del 3%), los países
rescatados o intervenidos se encuentran muy por debajo del 2,3% (la
media de inversión en la Europa de los 27). ¿Casualidad? Evidentemente
no: ninguno de los países económicamente sanos en el grupo de cabeza de
Europa se ha permitido mantenerse relegado a los vagones de cola en
I+D. La inversión en I+D ha de ser estable e independiente de ciclos
políticos y económicos.
La ausencia de estabilidad, un mal endémico del
sistema de investigación español, hace que pierda efectividad
y credibilidad. En los últimos años, la financiación en I+D+i (capítulo
46 de los Presupuestos Generales del Estado) se ha visto recortada en un
4,2% en el 2010, un 7,38% en el 2011 y se baraja una reducción de un
8,65% en el 2012 (donde los porcentajes se refieren al recorte con
respecto al año anterior). España sigue en I+D una política cíclica, que
hace aún más vulnerable al país cuando peor está su economía, cortando
posibles vías de recuperación.
Por el contrario, muchos países punteros
en investigación adoptan en I+D una política anti-cíclica, de mayor
inversión cuanto menos crece la economía. En el 2012, Francia ha
anunciado un paquete de estímulo de € 35.000 M para investigación,
mientras que Alemania, abanderada de la austeridad, incrementará hasta
el 2015 en un 5% el presupuesto de sus principales organismos de
investigación (incluyendo al Instituto Max Planck y la Deutsche
Forschungsgemeinschaft (Fundación Alemana para la Investigación).
Asímismo, el 2 de Marzo del 2012, la Comisión Europea, contando con el
apoyo del Gobierno español, propuso aumentar muy significativamente la
inversión en investigación y desarrollo, pasando de € 55.000 M en el
2007-2013 a € 80.000 M en el 2014-2020 (MEMO/12/153).
Un modelo
económico basado en la generación de conocimiento sólo tendrá éxito si
se garantiza la estabilidad del sistema de investigación en términos de
recursos económicos y humanos y si hay un sector privado que apueste por
la investigación y la innovación. Para potenciar este último, el
Banco de Inversión Europeo y la Comisión Europea crearon en el año 2007
el Instrumento de Financiación de Riesgo Compartido (RSFF).
Sin embargo,
si España no evita la fuga de investigadores, el sistema de
investigación español tardará décadas en recuperarse debido a un doble
factor: ni las empresas españolas encontrarán personal investigador
cualificado para hacer uso de estos recursos financieros europeos, ni
las instituciones públicas de investigación tendrán capital humano para
beneficiarse de los recursos económicos de la Comisión Europea (€ 80.000
M en el 2014-2020).
El cambio a una economía basada en el conocimiento, que puede llevar décadas en conseguirse, no debe medirse en legislaturas y requiere un acuerdo de Estado que lo blinde de ciclos económicos y políticos. Es una cuestión de Estado y debería considerarse una prioridad. En palabras del Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos “vamos a hacer de la I+D+i la base del futuro desarrollo de la economía española (…) y aprovechar el capital humano que tenemos y desarrollar la carrera investigadora” (Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, 21-02-2012).
Los líderes políticos deberían ser
coherentes con el mensaje que están enviando a la sociedad española y a
otros países e inversores: no pueden mantener la retórica del cambio a
un modelo productivo basado en el conocimiento, mientras que todos los
pasos que dan van en la dirección opuesta, produciendo irremediablemente
un grave daño a corto y largo plazo a la infraestructura científica y
su capital humano que sólo puede resultar en una economía de
conocimiento “prestado” que alberga pocos expertos locales. “Si el
conocimiento te parece caro, prueba con la ignorancia” (Derek Bok).
esta formada por: CRUE, COSCE, CCOO, UGT, Federación de Jóvenes
Investigadores, Investigación Digna, en defensa del i+d y una carrera
investigadora digna." (Colectivo Carta por la Ciencia
, Sin Permiso, 15/04/2018)
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