"(...) Hace 15 años, en 2003, Madrid vivió la legislatura más corta de su
historia. Bastaron 81 días y sus posteriores elecciones para hacer
evidente el triunfo y dominio del poder del dinero por encima de la
voluntad de la gente y su voto.
En las elecciones autonómicas de
aquel año, el PP, con 55 escaños, había sido el partido más votado, pero
se hallaba a un escaño de la mayoría absoluta. Una mayoría que sí
sumaba el pacto pos electoral de PSOE (47 escaños) junto a IU (9
escaños). A pesar de ello, el gobierno que se acariciaba con la punta de
los dedos, tras el lapso de los primeros 4 años de gobierno del PP con
Alberto Ruiz Gallardón, nunca llegó a ver la luz.
Dos diputados,
Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, se negaron a acatar la disciplina de
su partido, el socialista, y con ello, la exigua mayoría de la
izquierda se esfumó. Ante esta situación, Gallardón, que acababa de ser
votado para ocupar la Alcaldía de Madrid, reunió en sí mismo ambos
poderes.
Su partido, el principal beneficiario político de los hechos,
lograba así retener el control de un gobierno que acababa de perder en
las urnas y preparar, en las mejores condiciones, una cita electoral
que, celebrada dos meses y medio después, le otorgó la mayoría absoluta
al PP. Así se abrió la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la
Comunidad.
En ese mismo tiempo se supo que constructores como
Francisco Vázquez o Francisco Bravo que mantenían estrechas relaciones
con el secretario de PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, se hallaban
detrás de la operación. Tras los resultados de esas elecciones,
millones de euros en proyectos del ladrillo estaban en el aire, evitar
el gobierno de la izquierda representaba el medio fundamental para
garantizar su concreción.
El golpe de mano del conglomerado constructor y
financiero tenía en ello su razón de ser. El Tamayazo ganó, consiguió
doblegar el voto de la gente inaugurando una etapa que, en pocos años,
ha levantado la región más desigual, en la que, a base de
privatizaciones a espuertas y recortes en derechos se ha ido encogiendo
la democracia y ayudando a que la misma se jibarizara en el resto del
Reino.
Madrid es una comunidad sin medios de control real del poder,
incluida la propia Asamblea. Una Comunidad en la que se cerraron todos
los espacios de participación social y en la que el dogal sobre la
autonomía y capacidad municipal aparece de forma nítida.
A partir
del Tamayazo nada en Madrid ha frenado el poder del sector más rico de
la sociedad. Su voluntad se ha impuesto inmisericordemente allí donde se
lo ha propuesto. La representación política y sindical de los
trabajadores y sectores populares no ha sido ajena a ello. Tras la
compra de Tamayo y Saez (PSOE), llegarón las tarjetas Black de Moral
Santín (IU) o de reconocidos líderes sindicales de CCOO y UGT en Caja
Madrid.
Imponer el triunfo del dinero exigió siempre de la compra de
voluntades que engrasarán y justificarán la derrota de la
izquierda. Todo ha estado sometido a la larga mano del reducidísimo
grupo que verdaderamente gobierna Madrid y al que el poder institucional
debe servir por lo legal o por lo criminal.
En ese marco no es
de extrañar el saldo de corrupta ciénaga y maltrato social que ello ha
traído consigo y que, a grandes pinceladas, podemos resumir en: vaciado
de las arcas públicas, deuda de 30 mil millones, exenciones fiscales
escandalosas a los más ricos, un millón trescientas mil personas se
hallan en riesgo de pobreza (20,5% de la población), el 62% de los
desempleados no perciben prestación alguna y el 40% de los jóvenes
(hasta 25 años) que busca empleo no lo encuentran. Un Madrid en
el que los desahucios no se reducen y en el que los desequilibrios
territoriales entre el sur pobre y el norte y noroeste rico no paran de
crecer.
A día de hoy, 72 políticos del PP madrileño, entre ellos los cuatro últimos
presidentes de la Comunidad de Madrid (Alberto Ruiz Gallardón,
Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes) están
implicados en tramas de corrupción. Ignacio González incluso ha pasado
ya por la cárcel acusado de jefe de organización criminal por la trama
Lezo; los otros tres, Cifuentes incluida, se encuentran ya procesados o
muy cerca de estarlo al calor de las distintas redes de enriquecimiento
privado y financiación ilegal del PP que, en paralelo, cruzadas y a
veces incluso enfrentadas, han funcionado en la Comunidad de Madrid.
Dichas redes (Gürtel, Lezo o Púnica) y las múltiples subtramas que han
colgado de ellas, han tenido en el presupuesto anual de más de 19 mil
millones de la propia Comunidad, así como en el conjunto de empresas
públicas que dependen de ella y en las sinergias construidas con la
inmensa mayoría de los 179 municipios de la región, el medio para el
florecimiento de un capitalismo de amiguetes, parásito y dependiente del
Estado. Una suma de tramas corruptas que han ahogado a la democracia y
provocado una crisis institucional sin precedentes. (...)" (Carlos Girbau
, Sin Permiso, 29/04/2018)
No hay comentarios:
Publicar un comentario