"La lucha del bloque de 140 familias en Sant Joan Despí ha abierto un camino.
Tras el éxito de su protesta, que consiguió suavizar una subida de los
alquileres de entre el 40% el 90% a todos los vecinos, ahora otros
inquilinos buscan también poder negociar de forma colectiva con los
propietarios.
Pero para ello hace falta ser muchos: este martes el
Sindicato de Inquilinos de Barcelona lo ha intentado con algunos de
los vecinos de ocho inmuebles propiedad de la Unión Inmobiliaria
SA-Sociedad Anónima de Propiedad Inmobiliaria (UISA-SAPI).
Como es habitual en estos casos,
la alarma saltó con un burofax. Rosa, que vive en el 101 de
Floridablanca, lo recibió en octubre. En él le ofrecían renovar el
contrato de alquiler pero un 50% más caro. La propiedad le pedía pasar
de 600 a 870 euros al mes, una cantidad difícilmente asumible por su
familia. "Sabíamos que nos pedirían más dinero, pero no tanto", explica
esta mujer.
"Aun así, intentaremos quedarnos negociando una rebaja,
porque viendo los precios como están en toda la ciudad, tampoco es una
solución marcharse", comenta.
Para evitar que personas como Rosa se enfrenten ellas
solas a la propiedad, que es de quien depende en exclusiva la
configuración del nuevo contrato, el Sindicato de Inquilinos de
Barcelona ha reunido no solo a vecinos del bloque Floridablanca 101,
sino a otros que como este son propiedad en su totalidad de UISA-SAPI,
que tiene en la capital catalana más de 400 pisos en alquiler.
Desde
marzo han celebrado dos reuniones para congregar al máximo de inquilinos
posible de inmuebles de UISA-SAPI para poder plantear a la firma que
acceda a una negociación de los alquileres de todos ellos.
Protesta frente a la sede de la inmobiliaria
Con
esta intención se han plantado este martes el Sindicato y la Oficina de
la Vivienda Popular de Gracia a las puertas de la inmobiliaria, en
Rambla Catalunya, 16, para exigirles una reunión. Su principal objetivo
era trasladarles que solo aceptarán incrementos de alquileres en un
porcentaje parecido al que sube el IPC, lejos del 20%, 30% o hasta 50% a
los que se enfrentan los vecinos.
Por ahora, sin
embargo, la inmobiliaria no está por la labor. Un portavoz de UISA-SAPI
asegura a eldiario.es que sí están "abiertos a la negociación", pero
solo de forma individual, como se ha realizado siempre en el sector.
"Cada vivienda y cada inquilino tienen unas condiciones que hacen que no
se pueda estudiar una propuesta colectiva", aseguran. Además, añaden
que en su caso las subidas de precio no son "abusivas", sino
"actualizaciones a precio de mercado".
Alquilar un piso en el barrio de Rosa, Sant Antoni, costaba a
principios de este año 905 euros de media. Al terminar 2014 el precio
estaba en 720 euros de media. La subida ha sido del 25% en tres años. A
ello responde Oleguer, miembro del Sindicato. "Puede que en algunos
casos suba a precio de mercado, pero es que el mercado está desbocado
mientras los salarios para nada suben al mismo ritmo".
La demanda de negociar las renovaciones de contratos de
alquiler de forma conjunta puede parecer una utopía inalcanzable para
algunos inquilinos –o una pesadilla para los propietarios–, pero lo
cierto es que ya ha sucedido. En el número 113 de la avenida Diagonal de
la localidad metropolitana de Sant Joan Despí, 140 hogares se negaron a
firmar una renovación de contrato que les incrementaba la mensualidad
entre un 40 y un 90%. Empezaron así una serie protestas, todos a una,
hasta que la empresa Medasil Desarrollos SL les concedió un aumento
progresivo del 20% en tres años.
En sentido parecido avanza también el caso de la Colonia Bausili,
un vecindario histórico de la Zona Franca en el que sus 21 familias han
conseguido sentar a la mesa a la inmobiliaria Global Blue Center, con
la que están negociando conjuntamente.
Rechazo de la Cámara de Propietarios
Pese a estos casos concretos, la perspectiva es incierta para los
inquilinos. De entrada, los propietarios no están dispuestos a acceder a
negociaciones colectivas, y no solo en el caso de UISA-SAPI. Lo rechaza
rotundamente la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. (...)
Proteger a los demás inquilinos
Lo que pretenden
las entidades que luchan por el derecho a la vivienda no es solo
solucionar la situación en la que se encuentran muchos inquilinos
amenazados ya con una subida de alquiler que no pueden asumir, sino
condicionar también los incrementos que aguardan a otros vecinos. Es el
caso de Inma, del 36 de la calle Escorial. "A mi me vence el contrato en
2019 y, por lo que está pasando ya en la escalera, calculo que me van a
subir de 700 a 900 euros", comenta durante la protesta. "No me lo puedo
permitir, por eso vengo aquí", abunda.
Para hacer
de la negociación colectiva una práctica habitual, las entidades no se
enfrentan solo al rechazo de los propietarios, sino también a la soledad
con la que se vive este problema por parte de las familias. Son
conscientes que de los ocho bloques que han contactado de UISA-SAPI,
muchos hogares ya se han resignado a aceptar la subida, mientras que
otros se han mudado sin hacer ruido. (...)" (Pau Rodríguez, eldiario.es, 08/05/18)
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