18.6.18

“Excelente localización para apartamentos turísticos”. Cómo las empresas expulsan a los habitantes del centro sin margen de negociación

"Compuesto por local comercial y cuatro viviendas a reformar. Grandes posibilidades de aumento de valor del edificio. Excelente localización para apartamentos turísticos. Prácticamente vacío. 750.000 euros. Rentabilidad futura del 6%”. 

Es el proyecto con el que dos empresas inmobiliarias mostraban a posibles compradores las posibilidades futuras para un edificio en la calle Olmo 35, en pleno barrio de Lavapiés. Hace apenas un mes, una decena de personas hacían cola a diario a la puerta del edificio para visitarlo. 

Les mostraban el local vacío, un antiguo bar, subían por las cuatro plantas, visitaban uno de los dos pisos vacíos y les señalaban uno de los dos habitados comentando: “Se queda vacío el 31 de mayo”.

El proyecto mostraba las posibilidades de rentabilidad y de uso del inmueble. Proponían convertir el local comercial y el sótano en un negocio de “hostel” – o albergue juvenil – por lo que calculaban que se podía sacar una rentabilidad de 950 euros al mes. Los alquileres de las viviendas, de unos 50m2 cada cada una, los situaban en torno a los 800 y 950 euros mensuales, en función de si tenían más o menos superficie. 

El pasado 21 de mayo, al mismo tiempo que las empresas vendedoras, MK Premiun SL y Carrer Tigre 12 SL, compraban a los antiguos dueños – dos hermanos – el edificio de la calle Olmo, también lo vendían a Rosales 2009 SL y Spring Valley Investments SL. Así consta en el Registro de la Propiedad con fecha del pasado 25 de mayo. El precio final de compra quedó escriturado en 580.000 euros.


A principios de junio los vecinos que residen en el inmueble oyeron cómo alguien trataba de abrir el portal. “Nos asomamos y nos dijeron que eran los nuevos propietarios pero cuando bajamos ya se habían ido y la cerradura estaba rota”, explica Francisco Rodríguez, de 83 años, que vive desde hace 11 en una de las cuatro viviendas de la calle Olmo, y quien durante más de cuatro décadas ha regentado el bar del local comercial que está en el mismo edificio. Él y su vecino, José Arteaga, de 56 años y quien vive allí desde 1986, decidieron cambiar la cerradura del portal.

Apenas unos días después, volvieron a oír nuevos ruidos de alguien tratando de entrar en el edificio. “Me asomé y vi que era un hombre con un manojo de llaves, me dijo que era el arquitecto y que quería entrar pero le dijimos que como no le conocíamos no le abríamos”, explica Jaqueline Nuñez, de 56 años, quien vive desde hace tres años con Paco – como le conoce todo el mundo –, desde que el hombre se rompió la cadera.

A los pocos días José y Paco recibieron un burofax, firmado por una de las dos nuevas empresas propietarias del edificio, Spring Valley Investments SL, informándoles de que debían entregar una llave del portal en una dirección determinada. 

Era la primera comunicación que recibían por parte de la nueva propiedad. José recibió un nuevo burofax hace apenas una semana informándole de que el próximo 31 de julio debe abandonar su casa porque no le prorrogarán su contrato de alquiler, como viene sucediendo desde hace más de 30 años.

Paco ya había recibido la misma carta, aunque firmada por MK Premiun, a primeros de año, explicándole que al vencimiento de su contrato de alquiler, el pasado 31 de mayo, debía dejar la casa. Pero se ha quedado porque, como explica, a dónde va a ir “a mi edad, enfermo y con una pensión no contributiva”. 

Los dos han recibido además el apoyo de diferentes colectivos sociales y vecinales, como el Sindicato de Inquilinas, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Centro Madrid o Lavapiés ¿dónde vas?, quienes a finales de mayo colgaron varios carteles en la fachada de Olmo, 35 para protestar por el desalojo de los vecinos.

“Te sientes muy desamparado y contar con el apoyo de toda esta gente está suponiendo mucho para nosotros”, cuenta Jacqueline, quien explica cómo el pasado martes una red de más de 20 personas se movilizó rápidamente para plantarse en la puerta de su casa en apenas cinco minutos. 

De nuevo, habían oído ruidos en la puerta y al asomarse vieron a un grupo de cinco personas: un hombre con mono de obra y una caja de herramientas, otro trajeado, una mujer con vestido y americana y otros dos hombres más. La inquilina llamó a la Policía y alertó en el chat vecinal de lo que estaba pasando.

Uno de los primeros en llegar fue Fernando Bardera, del colectivo Lavapiés ¿dónde vas?, quien preguntó al grupo de desconocidos qué era lo que iban a hacer.

 “El señor trajeado, que se presentó como notario, dijo que la mujer era la propietaria, nos enseñó las escrituras y que venían a cambiar la cerradura para entrar en el edificio porque nadie había entregado las llaves”, explica Bardera. Mientras, los vecinos movilizados iban llegando hasta la calle Olmo para, en silencio, mostrar el apoyo a los inquilinos.

 Jacqueline explica que cuando trataba de contar al grupo de desconocidos la situación en la que se encuentra Paco y lograr un acuerdo, uno de ellos comenzó a reírse. “La mujer estaba apoyaba en un coche mirando un punto fijo, como si nada de lo que estuviera pasando fuera con ella”, cuenta la vecina.

Finalmente, llegaron agentes de la Policía Municipal, comprobaron que la mujer que permanecía ajena a la conversación era la propietaria que constaba en el documento de escrituras, e identificaron al grupo de desconocidos. “Les pedimos que por favor les tomaran los datos por lo que pudiera pasar después porque la única que vez que se han comunicado con los vecinos ha sido por burofax”, indica Bardera.

 Tras sucesivas llamadas en días diferentes ha sido imposible obtener una respuesta de la propiedad.

El caso de la calle Olmo, 35 se repite por Madrid, como sucede apenas unas calles más abajo,  en Argumosa, 11, y en otras zonas de la capital y  grandes ciudades. Son edificios enteros de varias viviendas, con un único propietario o apenas dos o tres.

 De la noche a la mañana, los inquilinos, que llevan décadas viviendo en sus casas y pagando cada mes sus alquileres, reciben una notificación de la nueva propiedad de que deberán abandonar su casa los próximos meses porque no se les prorroga el contrato. En ningún caso hay margen de negociación.

 En los relatos de estos vecinos también es habitual escuchar cómo durante todos los años de residencia han sido los inquilinos los que han costeado las obras de mantenimiento y reforma de los edificios, además de afrontar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles. “Cada año pagamos más de 1.000 euros todos los vecinos y, desde que estamos Paco y yo, solo entre nosotros dos”, explica José.(...)"               (Patricia Rafael, eldiario.es, 16/06/18)


"El último informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' revela un cambio de tendencia en cuanto al perfil del desahuciado en España.

Según el citado informe, mientras que el número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2018 fue de 15.907, lo que supone un descenso del 6,7 por ciento respecto a los registrados en el mismo periodo del año pasado; los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) experimentaron un crecimiento del 1,1 por ciento, al pasar de 9.612 a 9.719.

El dato global supone el cuarto descenso interanual consecutivo en el número de lanzamientos hipotecarios practicados, después del incremento del 2,2 por ciento que experimentaron en el primer trimestre de 2017. Sin embargo, la realidad refleja que, si bien los lanzamientos derivados de no pagar la hipoteca se sitúan en torno a unos 60 al día; los que responden al impago del alquiler superan los cien casos diarios. (...)

Para la PAH, el descenso del número de desahucios por ejecución hipotecaria reflejado en el informe del CGPJ se debe a "la paralización temporal de cientos de miles de estos procedimientos en los juzgados, que se encuentran pendientes de la resolución que adopte el TJUE sobre la cláusula de vencimiento anticipado". 

Una situación, en su opinión, temporal, y que hará que las ejecuciones se reactiven o como procedimientos ordinarios, "lo que volverá a elevar la cifra de estos desahucios".

En cuanto a los desahucios por impago por alquiler, consideran que es la cifra "más preocupante y alarmante". Para la Plataforma, "9.719 desahucios durante el primer trimestre -107 al día-, con un incremento con respecto al último trimestre de 2017 de 520 desahucios más, vuelve a ratificar la salvaje burbuja inmobiliaria que sufrimos", denuncian.

La causa de este incremento de desahucios por impago de alquiler se debe, según la PAH "a la dificultad de obtener una hipoteca justa y a los disparatados y abusivos incrementos de las rentas de alquiler".           (Juan Carlos Téllez 

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