9.7.18

Dos centenares de vecinas evitan un desahucio en Argumosa, el “bastión contra la gentrificación”

 
 Pepi Santiago, inquilina en Argumosa 11 desde hace 20 años

"Las asociaciones de vecinos habían convocado a las 9:30, sin embargo, media hora antes medio centenar de personas se concentraba frente a la puerta de Argumosa 11. A la hora convenida, unas 200 se agolpaban, bajo la cobertura de una inusual cantidad de medios de comunicación. 

Las vecinas candidatas al desahucio, Josefa Santiago de 65 años, Pepi, y sus dos hijas, viven en un piso de la tercera planta desde hace más de 20 años, tiempo durante el cual lo han reformado y mantenido con recursos propios.
Como ya informáramos, los propietarios vendieron un tercio del edificio a la inmobiliaria Inversión en Proindivisos SL, que hace unos meses envió burofaxes a los inquilinos notificándoles que sus alquileres no serían renovados. Y, ha respondido al requerimiento de aquéllos, negándose a entablar cualquier renegociación de los contratos y apelando a la vía judicial.

En ningún momento se produjo la llegada de funcionarios judiciales ni de policías, como si supieran que los vecinos y colectivos estaban dispuestos a interponerse a la acción. Poco antes de las 11 arribó el SAMUR, como es de praxis, para dar apoyo e intentar tranquilizar a las candidatas al desahucio.

Aprovechando el hueco, ingresaron en el edificio dos policías de paisano, que no pudieron acceder a la vivienda por la decidida acción de los colectivos y vecinos que se interpusieron y les indicaron que sin orden judicial no podrían hacerlo. Y los exhortaron a dirigirse a la esquina de la calle Argumosa con Salitre, donde se encontraba la comisión judicial, con la que Pepi y los colectivos se disponían a negociar.

A eso de las 11 bajó Josefa Santiago —arropada por los colectivos vecinales y abogados de la PAH— se dirigió a la esquina, donde les esperaba la Comisión Judicial, un par de representantes de Inversión en Proindivisos SL, la Policía Municipal y el SAMUR. A todo esto, más vecinos se iban sumando a la aglomeración que burbujeaba en la puerta de Argumosa 11. Otro pequeño grupo —junto a camarógrafos y periodistas— aguardaba el desenlace de las negociaciones en la calzada de enfrente de Argumosa y Salitre.

Después de una media hora el conciliábulo se disolvió y Pepi se dirigió a los medios para informar de que el desahucio se ha postergado hasta el 31 de julio. Que, ante la llegada del burofax informándole que la propiedad no iría a renovarle el alquiler, dejó de pagarlo durante los dos últimos meses; que está dispuesta a pagar lo que debe y a renegociar un alquiler mayor. Los representantes de la empresa se negaron rotundamente a cualquier renegociación de contratos. Con ella o con los otros vecinos.

La mujer lamenta que el ayuntamiento no le dé ninguna solución. Y que el IVIMA le diga que no reúne los requisitos para hacerse acreedora a una vivienda de la institución; como única alternativa le sugiere un albergue municipal. Josefa la considera una opción indigna para quien tiene una familia, vive en el piso desde hace más de veinte años y está dispuesta a renegociar el alquiler.

Como para no dejar lugar a dudas de su determinación, la comisión judicial le solicitó que vaya quitando los muebles porque de lo contrario el 31 —cuando se producirá el segundo intento de desahucio— se quedarán dentro. Y, en una perla que preferimos no calificar, la abogada de Inversión en Prondivisos SL le ha sugerido que sean los colectivos quienes le paguen el alquiler (sic). Josefa ha terminado diciendo, “ante este cuadro, estoy desesperada porque veo que estoy en la calle”.

Fernando Bardera, de Lavapiés ¿dónde vas?, redundó en que el ayuntamiento no está deteniendo los desahucios ni está ofreciendo alternativa habitacional, “y nosotros sabemos que en el barrio la EMVS, el IVIMA y la Seguridad Social tienen viviendas vacías, tenemos identificados varios edificios. Desconocemos por qué no se están asignando estos pisos”.

Bardera ha explicado también que no pueden “hacer públicas las direcciones porque sería comprometido, pero en el momento en que estén las condiciones dadas podremos mostrar cuáles son. No sabemos si se niegan a darlos o si ellos mismos no tienen constancia de la existencia de estas viviendas, quién sabe no tengan un censo preciso de sus disponibilidades. Pero sí existen viviendas.”

Como sus compañeros, no ocultó críticas a la mesa de enlace constituida con el consistorio: “sí, existe esa mesa. Pero no está funcionando, porque si no, hoy no estaríamos aquí. El primer compromiso que el ayuntamiento asumió era parar los desahucios en Argumosa 11, de cuatro familias, sólo este mes. El primero —el lunes pasado— lo hemos parado nosotros administrativamente, siendo que el mes que viene será nuevamente convocado; y hoy estamos aquí intentando detener físicamente este otro. Entonces, evidentemente esa mesa no está funcionando porque el ayuntamiento no está aportando soluciones”.

Y remató: “La clave para que se haga justicia es que hoy haya esta cantidad de vecinos, vecinas, cámaras y periodistas. Cuando la ley no está amparando a los ciudadanos, la garantía del éxito es la unión y que se sepa que hay mucha gente detrás y alrededor de esto, dispuesta a no dejar que un derecho constitucional se monetice. Os vamos a necesitar el 31 [de julio] y quién sabe hasta cuándo”.
“Este mes hay cuatro desahucios programados y en total son diez. 

Por ahora se quedan fuera las siete rentas antiguas, que las están dejando para más tarde pero que irán a por ellos cuando acaban con estos diez, porque el objetivo –más allá de lo que declaren- es vaciar el edificio para vendérselo a un fondo buitre. Y por eso se niegan a cualquier arreglo para reajustar los alquileres”, concluye Bardera.  (...)

Desahucio en Carabanchel

Sin embargo, no todos los vecinos de Madrid candidatos al desahucio pueden saborear el gusto a la victoria. Según informa la periodista Marián Álvarez Macías, en Carabanchel se consumó un desahucio en calle Francisco Guzmán, 3. Se dieron cita allí unos 20 agentes, que llegaron a bordo de cuatro furgonetas y dos coches de la policía nacional, junto a los funcionarios judiciales de praxis. Las desahuciadas, tres mujeres solas, de origen gitano.
 Nieves, de unos cincuenta y tantos años, sus dos hijas y dos nietos. El piso es de la SAREB y estas mujeres no tenían ingresos que les permitieran pagar alquiler. Ante ello, la SAREB interpuso acción en los juzgados pero —al ver la situación de desamparo del grupo familiar— decidió echarse atrás. Sin embargo, sin que se sepan los motivos, el Juzgado 36 de Plaza de Castilla mostró una —al parecer autónoma— diligencia y procedió a su desahucio.(...)"            (Alberto Azcárate, El Salto, 05/07/18)

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