Pepi Santiago, inquilina en Argumosa 11 desde hace 20 años
"Las asociaciones de vecinos habían convocado a las
9:30, sin embargo, media hora antes medio centenar de personas se
concentraba frente a la puerta de Argumosa 11. A la hora convenida, unas
200 se agolpaban, bajo la cobertura de una inusual cantidad de medios
de comunicación.
Las vecinas candidatas al desahucio, Josefa Santiago de 65 años, Pepi, y sus dos hijas, viven en un piso de la tercera planta desde hace más de 20 años, tiempo durante el cual lo han reformado y mantenido con recursos propios.
Como ya informáramos,
los propietarios vendieron un tercio del edificio a la inmobiliaria
Inversión en Proindivisos SL, que hace unos meses envió burofaxes a los
inquilinos notificándoles que sus alquileres no serían renovados. Y, ha
respondido al requerimiento de aquéllos, negándose a entablar cualquier
renegociación de los contratos y apelando a la vía judicial.
En ningún momento se produjo la llegada de
funcionarios judiciales ni de policías, como si supieran que los vecinos
y colectivos estaban dispuestos a interponerse a la acción. Poco antes
de las 11 arribó el SAMUR, como es de praxis, para dar apoyo e intentar
tranquilizar a las candidatas al desahucio.
Aprovechando el hueco, ingresaron en el edificio dos
policías de paisano, que no pudieron acceder a la vivienda por la
decidida acción de los colectivos y vecinos que se interpusieron y les
indicaron que sin orden judicial no podrían hacerlo. Y los exhortaron a
dirigirse a la esquina de la calle Argumosa con Salitre, donde se
encontraba la comisión judicial, con la que Pepi y los colectivos se
disponían a negociar.
A eso de las 11 bajó Josefa Santiago —arropada por
los colectivos vecinales y abogados de la PAH— se dirigió a la esquina,
donde les esperaba la Comisión Judicial, un par de representantes de
Inversión en Proindivisos SL, la Policía Municipal y el SAMUR. A todo
esto, más vecinos se iban sumando a la aglomeración que burbujeaba en la
puerta de Argumosa 11. Otro pequeño grupo —junto a camarógrafos y
periodistas— aguardaba el desenlace de las negociaciones en la calzada
de enfrente de Argumosa y Salitre.
Después de una media hora el conciliábulo se disolvió
y Pepi se dirigió a los medios para informar de que el desahucio se ha
postergado hasta el 31 de julio. Que, ante la llegada del burofax
informándole que la propiedad no iría a renovarle el alquiler, dejó de
pagarlo durante los dos últimos meses; que está dispuesta a pagar lo que
debe y a renegociar un alquiler mayor. Los representantes de la empresa
se negaron rotundamente a cualquier renegociación de contratos. Con
ella o con los otros vecinos.
La mujer lamenta que el ayuntamiento no le dé ninguna
solución. Y que el IVIMA le diga que no reúne los requisitos para
hacerse acreedora a una vivienda de la institución; como única
alternativa le sugiere un albergue municipal. Josefa la considera una
opción indigna para quien tiene una familia, vive en el piso desde hace
más de veinte años y está dispuesta a renegociar el alquiler.
Como para no dejar lugar a dudas de su determinación,
la comisión judicial le solicitó que vaya quitando los muebles porque
de lo contrario el 31 —cuando se producirá el segundo intento de
desahucio— se quedarán dentro. Y, en una perla que preferimos no
calificar, la abogada de Inversión en Prondivisos SL le ha sugerido que
sean los colectivos quienes le paguen el alquiler (sic). Josefa ha
terminado diciendo, “ante este cuadro, estoy desesperada porque veo que
estoy en la calle”.
Fernando Bardera, de Lavapiés ¿dónde vas?, redundó en
que el ayuntamiento no está deteniendo los desahucios ni está
ofreciendo alternativa habitacional, “y nosotros sabemos que en el
barrio la EMVS, el IVIMA y la Seguridad Social tienen viviendas vacías,
tenemos identificados varios edificios. Desconocemos por qué no se están
asignando estos pisos”.
Bardera ha explicado también que no pueden “hacer
públicas las direcciones porque sería comprometido, pero en el momento
en que estén las condiciones dadas podremos mostrar cuáles son. No
sabemos si se niegan a darlos o si ellos mismos no tienen constancia de
la existencia de estas viviendas, quién sabe no tengan un censo preciso
de sus disponibilidades. Pero sí existen viviendas.”
Como sus compañeros, no ocultó críticas a la mesa de
enlace constituida con el consistorio: “sí, existe esa mesa. Pero no
está funcionando, porque si no, hoy no estaríamos aquí. El primer
compromiso que el ayuntamiento asumió era parar los desahucios en
Argumosa 11, de cuatro familias, sólo este mes. El primero —el lunes
pasado— lo hemos parado nosotros administrativamente, siendo que el mes
que viene será nuevamente convocado; y hoy estamos aquí intentando
detener físicamente este otro. Entonces, evidentemente esa mesa no está
funcionando porque el ayuntamiento no está aportando soluciones”.
Y remató: “La clave para que se haga justicia es que
hoy haya esta cantidad de vecinos, vecinas, cámaras y periodistas.
Cuando la ley no está amparando a los ciudadanos, la garantía del éxito
es la unión y que se sepa que hay mucha gente detrás y alrededor de
esto, dispuesta a no dejar que un derecho constitucional se monetice. Os
vamos a necesitar el 31 [de julio] y quién sabe hasta cuándo”.
“Este mes hay cuatro desahucios programados y en
total son diez.
Por ahora se quedan fuera las siete rentas antiguas, que
las están dejando para más tarde pero que irán a por ellos cuando
acaban con estos diez, porque el objetivo –más allá de lo que declaren-
es vaciar el edificio para vendérselo a un fondo buitre. Y por eso se
niegan a cualquier arreglo para reajustar los alquileres”, concluye
Bardera. (...)
Desahucio en Carabanchel
Sin embargo, no todos los vecinos de Madrid candidatos al desahucio
pueden saborear el gusto a la victoria. Según informa la periodista
Marián Álvarez Macías, en Carabanchel se consumó un desahucio en calle
Francisco Guzmán, 3. Se dieron cita allí unos 20 agentes, que llegaron a
bordo de cuatro furgonetas y dos coches de la policía nacional, junto a
los funcionarios judiciales de praxis.
Las desahuciadas, tres mujeres solas, de origen
gitano.
Nieves, de unos cincuenta y tantos años, sus dos hijas y dos
nietos. El piso es de la SAREB y estas mujeres no tenían ingresos que
les permitieran pagar alquiler. Ante ello, la SAREB interpuso acción en
los juzgados pero —al ver la situación de desamparo del grupo familiar—
decidió echarse atrás. Sin embargo, sin que se sepan los motivos, el
Juzgado 36 de Plaza de Castilla mostró una —al parecer autónoma—
diligencia y procedió a su desahucio.(...)" (Alberto Azcárate, El Salto, 05/07/18)
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