"El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga presenta los principales resultados de su informe El derecho a la vivienda en Málaga: un derecho fundamental a la intemperie, en el que muestra las principales vulnerabilidades que sufren las vecinas de Málaga que quieren alquilar. (...)
La renta media bruta anual por hogar de Málaga es una de las más bajas de España y sus niveles de desempleo,
a pesar de la mejoría de las últimas cifras, es muy superior a la media
nacional. Sin embargo, los alquileres han subido notablemente en los
últimos años.
Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas ha explicado que “el precio de los alquileres se incrementó en la ciudad malagueña un 15,4 %2 entre los años 2016 y 2017.
En mayo de 2017, tras meses de crecimiento, el alquiler medio mensual
de un piso de 100 m² en la capital de la Costa del Sol se situaba en los
803 euros.
Esto equivale, sin incluir otros gastos como el pago de
fianzas y de suministros básicos, a 9.536 € anuales, es decir, el 39,26 %
de la renta bruta de un hogar medio”.
“El
alquiler vacacional y el mercado turístico son una de las razones por
las que Málaga, con 1.393 euros de media, se sitúa como la cuarta
provincia donde el precio del alquiler es más alto en España, por detrás de Islas Baleares (1.522 €), Madrid (1.549 €) y Barcelona (1.603 €)” continúa el portavoz.
Las familias malagueñas se ven obligadas a
abandonar sus hogares, cambiar de casa y construir de cero todas sus
rutinas por el aumento de la especulación con un derecho fundamental y
la falta de protección de las autoridades públicas.
El turismo masivo, unido a los nuevos métodos
para el alquiler furtivo mediante pisos turísticos ilegales o alegales,
ha generado que la ciudadanía malagueña se vea obligada a huir de
centros en los que vivían tradicionalmente, generando un efecto en
cascada en otros barrios. (...)
Curro Machuca explica que “no existen cifras exactas de cuantas VFT se ofertan en internet, pero se han contabilizado 5.262 anuncios en la capital malagueña solo en la plataforma online AirBnB8, según los datos analizados en mayo de 2018 por la consultora independiente Inside AirBnB.
Estas más de 5.000 viviendas con fines turísticos no han parado de
crecer en la capital malagueña en los últimos meses y contrasta con las
2.600 VFT registradas en la Junta, lo que genera un impacto perjudicial
en el acceso a las viviendas asequibles en la ciudad”.
El caso de plataformas digitales como AirBnB demuestra que, a diferencia de la visión ampliamente extendida, son principalmente grandes propietarios los que alquilan viviendas completas por largas temporadas
a turistas, la mayoría extranjeros, lo que impide a las vecinas y
vecinos competir con unos precios que exceden sus posibilidades.
De ellos, las personas vulnerables son las más
agredidas por esta situación. Familias monoparentales, unidades
familiares con menores o personas ancianas a su cargo y jóvenes no
pueden asumir el aumento de los precios.
En Málaga se produjeron 1.078 lanzamientos12 durante 2017,
según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
sobre los Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales,
publicado en marzo de este año. Del total de los lanzamientos
judiciales, 566 correspondieron al impago de alquileres, lo que supone
el 52,5 %.
“Esta tendencia demuestra que los desahucios por impago de alquiler ya han superado a los desahucios por impago de hipotecas”, según afirma el portavoz del Sindicato de Inquilinas. (...)
La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y sus sucesivas modificaciones ha
supuesto una merma de los derechos de las personas arrendatarias, que
pueden ser expulsadas de sus residencias solo con ser avisadas con un
mes de antelación. Ello rompe todas las posibilidades de construcción de
futuro a medio y largo plazo, generando aún más precariedad en las
esperanzas de vida de las vecinas. (...)
Simona Frabotta, otra de las portavoces del Sindicato de Inquilinas enuncia las principales demandas del colectivo:
1. Contratos más largos.
Reivindicamos la derogación/modificación de la Ley de Arrendamiento
Urbanos (LAU) para cambiarla por una que establezca contratos de
arrendamiento estables de seis años, cuando la persona propietaria sea
particular, y de doce años, cuando se trate de grandes propietarias,
renovables automáticamente si no hay una necesidad familiar por parte de
la parte arrendadora.
2. Precios accesibles para la ciudadanía.
Demandamos la creación de un índice de precios de alquiler, de forma
consensuada entre las distintas partes interesadas, vinculado al coste
de la vida.
3. Regulación de los honorarios que reciben los intermediarios. Los honorarios deben ser abonados por quienes contratan los servicios, con carácter general la persona propietaria.
4. Fin de los privilegios fiscales a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI).
Este tipo de sociedad inmobiliaria no paga el impuesto de sociedades
por los beneficios obtenidos por las rentas de los alquileres. Una
ventaja que ningún otro tipo de empresa o persona física disfruta.
5. Paralización de los desahucios sin alternativa habitacional y obligación de realojo por las administraciones.
6. Movilización de viviendas vacías y creación de un parque de VPO para los colectivos vulnerables.
7. Regulación del mercado de viviendas turísticas.
Exigimos la moratoria de las licencias de apartamentos turísticos hasta
el consenso de un nuevo marco legal garantista con los derechos de la
ciudadanía local. Y el incremento de los recursos destinados a la
inspección y sanción de los alquileres turísticos ilegales. (...)" (Rebelión, 13/07/18)
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