"Lo que está ocurriendo con Lula es un ejemplo de cómo lograr un
objetivo político mediante una investigación judicial”, afirma el
escritor José Augusto Ribeiro, biógrafo del mítico expresidente Getúlio
Vargas, durante una visita a la vigilia en apoyo al expresidente delante
de la cárcel federal de Curitiba.
Muchos en Brasil coinciden. Otros
muchos no. Los abogados de Lula acusan a los jueces de la investigación
anticorrupción Lava Jato (lavacoches) de tener una agenda
política cuyo objetivo es forzar la retirada del expresidente de
izquierdas de la campaña electoral.
Diversos expertos jurídicos han
calificado como inquisitorial y selectivo el proceso contra Lula que
lleva más de tres meses en prisión, condenado por blanquear dinero a
través de unas obras en un apartamento en la playa de Guarujá, cerca de
São Paulo.
¿Por qué no se ha condenado aún al actual presidente Michel
Temer o al excandidato conservador Aécio Neves pese a las grabaciones
que señalan su participación en la trama de sobornos y blanqueo de
dinero? Son preguntas pertinentes.
Sin embargo, los premios y medallas
que se amontonan en las oficinas de los fiscales de Lava Jato
otorgados por distintos grupos, desde Transparencia Internacional a
Global Investigations Review, representan otra corriente de opinión
sobre la investigación.
Es imposible saber a ciencia cierta si se trata de una valiente
cruzada contra la corrupción –caiga quien caiga, la versión más o menos
consensuada en los grandes medios de comunicación– o el peor caso de “lawfare” (guerra jurídica), con uso de tribunales y cárceles para eliminar a adversarios políticos.
Lo que es innegable, a tres meses de las elecciones generales de octubre, es que los fiscales y jueces de Lava Jato tienen aliados y enemigos políticos en esta campaña electoral.
Fíjense, por ejemplo, en la foto tomada en Washington al juez Sergio Moro,
que encabeza la investigación judicial y condenó a Lula a nueve años de
cárcel, con el candidato conservador a gobernador de São Paulo, Joao
Doria, quien, con un poco de suerte, hasta podría ser aupado a candidato
presidencial.
Doria elogió a Moro tras la intervención el pasado domingo 8 de julio
para frenar al juez disidente Rogerio Favretto, que había ordenado la
puesta en libertad de Lula debido a las nuevas circunstancias,
concretamente la precandidatura del expresidente para las elecciones.
Favretto, que ha militado en el partido de Trabajo, sostiene que es una
cuestión de derechos democráticos que Lula –líder en los sondeos– tenga
la opción de hacer campaña libremente hasta que sea excluido
definitivamente como candidato.
Moro no está de acuerdo y declaró
incompetente al juez Favretto en un mensaje remitido desde su lugar de
vacaciones en Portugal, una intervención que muchos expertos
jurídicos consideran ilegal. “Favretto no debería haber ordenado la
puesta en libertad, pero una vez realizada la orden Moro debió respetar
la decisión”, escribió el experto jurídico de la Universidad de Oxford,
Celio Rocha de Barros.(...)
Dallagnol –el máximo responsable de la investigación de Lava Jato en
el Ministerio Público Federal, la fiscalía brasileña– aconseja en los
videos de Facebook cómo elegir a candidatos que defienden la lucha
contra la corrupción. Pero debe ir con cuidado.
Ya provocó una enorme
polémica al dejar escapar en otro vídeo en la misma red social que los
fiscales “no tenemos pruebas concluyentes” de que Lula fuera
propietario del apartamento en Guaruja, sino “la convicción”, ya que en
casos de blanqueo de dinero jamás se reconoce la propiedad del activo
lavador.
Es un argumento un poco circular –repetido por el fiscal Paulo
Galvão del equipo de trabajo de Lava Jato en una entrevista publicada en La Vanguardia– que la defensa del expresidente ha comparado con los de la Inquisición.
Esto es lo que ha dicho Galvão: “Es verdad que no supimos explicarlo
bien. Para nosotros es una lucha mediática porque la defensa puede decir
lo que quiera y manipular como les dé la gana (…). El hecho de que el
apartamento jamás fuese registrado a su nombre es irrelevante; es
habitual blanquear dinero de esa manera y mantener el inmueble bajo un
nombre falso”. (...)
En el Congreso brasileño se ha establecido una alianza entre varios
partidos de izquierda y centroderecha, para defender la creación de una
comisión de investigación sobre “la posibilidad de manipulación de
colaboraciones premiadas”, una referencia al polémico método de los
fiscales de ofrecer reducciones de penas carcelarias a los acusados, a
cambio de recibir más información sobre sus cómplices.
Varios jueces del
Tribunal Supremo comparten estas críticas a los métodos del juez Moro.
Algunos miembros del Tribunal Supremo están “sensibilizados” –según
Mónica Bergamo, la ecuánime periodista de Folha de São Paulo–
ante la posibilidad de cambiar la prisión de Lula por un arresto
domiciliario, debido, en parte a su salud (superviviente de cáncer, ha
ha adelgazado mucho en sus casi cuatro meses en la cárcel) y, en parte,
porque el Supremo no ha sentenciado a otros acusados del mismo delito de
blanqueo de dinero.
Hay tanto miedo a que Lula se les escape de las manos en las oficinas de Lava Jato
que Ricardo Montemor, otro fiscal federal, utilizó un lenguaje de troll
furibundo hace unos meses en su página Facebook: Confesó estar muy
cansado “de los canallas del Tribunal Supremo (…) que intentan acabar
con Lava Jato y soltar al bandido corrupto Lula”.
No es
exactamente el lenguaje que se espera de un representante de la Fiscalía
general. Pero así son de viscerales algunos de los fiscales de Lava Jato cuando defienden su cruzada jurídica frente a quienes volverían al viejo sistema corrupto, O mecanismo, según el título de la teleserie de Netflix. (...)
Pero pocos en Brasil o en los medios internacionales, tan deseosos de
asistir al fin del estado clientelar brasileño que se negaba a vender
Petrobras, han planteado una cuestión obvia. Si el mecanismo es tan corrupto, ¿no es lógico pensar que algunos elementos de Lava Jato lo
serán también? Y efectivamente, empiezan a surgir dudas sobre la
integridad de Moro.
Según el exconsultor de la constructora Odebrecht,
Rodrigo Tacla Durán, un abogado próximo a Moro, Carlos Zuccolotto –socio
empresarial de la mujer del juez– le pidió un soborno a cambio
de rebajar su sentencia con la ayuda de Dallagnol. ¿Quién sabe si es
verdad? Pero lo extraño es que Moro no ha citado a Tacla Durán a dar
testimonio en la investigación, pese a que el exasesor jurídico de
Odebrecht sí ha sido testigo –y muy útil– en investigaciones sobre los
sobornos de la constructora en Perú, Andorra y Ecuador.
¿Por qué no
quiere Moro que se escuche su versión de las turbias operaciones del
departamento de operaciones estructurales de Odebrecht en Brasil
también? Todo parece selectivo en el caso Lava Jato, desde los testigos a los condenados.
“Aún existe la posibilidad de que Lava Jato se venga abajo por irregularidades”, ha afirmado Durán en una conversación mantenida con La Vanguardia en Madrid, donde ha buscado protección contra el intrépido juez brasileño. Pero, ¿quién investigará al investigado?"
(Andy Robinson, CTXT, 17/07/18; publicado originalmente en el blog de Andy Robinson en el diario La Vanguardia)
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