31.7.18

“Lo que está ocurriendo con Lula es un ejemplo de cómo lograr un objetivo político mediante una investigación judicial”

"Lo que está ocurriendo con Lula es un ejemplo de cómo lograr un objetivo político mediante una investigación judicial”, afirma el escritor José Augusto Ribeiro, biógrafo del mítico expresidente Getúlio Vargas, durante una visita a la vigilia en apoyo al expresidente delante de la cárcel federal de Curitiba.

 Muchos en Brasil coinciden. Otros muchos no. Los abogados de Lula acusan a los jueces de la investigación anticorrupción Lava Jato (lavacoches) de tener una agenda política cuyo objetivo es forzar la retirada del expresidente de izquierdas de la campaña electoral. 

Diversos expertos jurídicos han calificado como inquisitorial y selectivo el proceso contra Lula que lleva más de tres meses en prisión, condenado por blanquear dinero a través de unas obras en un apartamento en la playa de Guarujá, cerca de São Paulo.

 ¿Por qué no se ha condenado aún al actual presidente Michel Temer o al excandidato conservador Aécio Neves pese a las grabaciones que señalan su participación en la trama de sobornos y blanqueo de dinero? Son preguntas pertinentes. 

Sin embargo, los premios y medallas que se amontonan en las oficinas de los fiscales de Lava Jato otorgados por distintos grupos, desde Transparencia Internacional a Global Investigations Review, representan otra corriente de opinión sobre la investigación.

Es imposible saber a ciencia cierta si se trata de una valiente cruzada contra la corrupción –caiga quien caiga, la versión más o menos consensuada en los grandes medios de comunicación– o el peor caso de “lawfare” (guerra jurídica), con uso de tribunales y cárceles para eliminar a adversarios políticos. 

Lo que es innegable, a tres meses de las elecciones generales de octubre, es que los fiscales y jueces de Lava Jato tienen aliados y enemigos políticos en esta campaña electoral.

 Fíjense, por ejemplo, en la foto tomada en Washington al juez Sergio Moro, que encabeza la investigación judicial y condenó a Lula a nueve años de cárcel, con el candidato conservador a gobernador de São Paulo, Joao Doria, quien, con un poco de suerte, hasta podría ser aupado a candidato presidencial.

Doria elogió a Moro tras la intervención el pasado domingo 8 de julio para frenar al juez disidente Rogerio Favretto, que había ordenado la puesta en libertad de Lula debido a las nuevas circunstancias, concretamente la precandidatura del expresidente para las elecciones. 

Favretto, que ha militado en el partido de Trabajo, sostiene que es una cuestión de derechos democráticos que Lula –líder en los sondeos– tenga la opción de hacer campaña libremente hasta que sea excluido definitivamente como candidato. 

Moro no está de acuerdo y declaró incompetente al juez Favretto en un mensaje remitido desde su lugar de vacaciones en Portugal, una intervención que muchos expertos jurídicos consideran ilegal. “Favretto no debería haber ordenado la puesta en libertad, pero una vez realizada la orden Moro debió respetar la decisión”, escribió el experto jurídico de la Universidad de Oxford, Celio Rocha de Barros.(...)

Dallagnol –el máximo responsable de la investigación de Lava Jato en el Ministerio Público Federal, la fiscalía brasileña– aconseja en los videos de Facebook cómo elegir a candidatos que defienden la lucha contra la corrupción. Pero debe ir con cuidado.

 Ya provocó una enorme polémica al dejar escapar en otro vídeo en la misma red social que los fiscales “no tenemos pruebas concluyentes” de que Lula fuera propietario del apartamento en Guaruja, sino “la convicción”, ya que en casos de  blanqueo de dinero jamás se reconoce la propiedad del activo lavador. 

Es un argumento un poco circular –repetido por el fiscal Paulo Galvão del equipo de trabajo de Lava Jato en una entrevista publicada en La Vanguardia– que la defensa del expresidente ha comparado con los de la Inquisición.

Esto es lo que ha dicho Galvão: “Es verdad que no supimos explicarlo bien. Para nosotros es una lucha mediática porque la defensa puede decir lo que quiera y manipular como les dé la gana (…). El hecho de que el apartamento jamás fuese registrado a su nombre es irrelevante; es habitual blanquear dinero de esa manera y mantener el inmueble bajo un nombre falso”.  (...)

En el Congreso brasileño se ha establecido una alianza entre varios partidos de izquierda y centroderecha, para defender la creación de una comisión de investigación sobre “la posibilidad de manipulación de colaboraciones premiadas”, una referencia al polémico método de los fiscales de ofrecer reducciones de penas carcelarias a los acusados, a cambio de recibir más información sobre sus cómplices. 

Varios jueces del Tribunal Supremo comparten estas críticas a los métodos del juez Moro. Algunos miembros del Tribunal Supremo están “sensibilizados” –según Mónica Bergamo, la ecuánime periodista de Folha de São Paulo– ante la posibilidad de cambiar la prisión de Lula por un arresto domiciliario, debido, en parte a su salud (superviviente de cáncer, ha ha adelgazado mucho en sus casi cuatro meses en la cárcel) y, en parte, porque el Supremo no ha sentenciado a otros acusados del mismo delito de blanqueo de dinero.

Hay tanto miedo a que Lula se les escape de las manos en las oficinas de Lava Jato que Ricardo Montemor, otro fiscal federal, utilizó un lenguaje de troll furibundo hace unos meses en su página Facebook: Confesó estar muy cansado “de los canallas del Tribunal Supremo (…) que intentan acabar con Lava Jato y soltar al bandido corrupto Lula”. 

No es exactamente el lenguaje que se espera de un representante de la Fiscalía general. Pero así son de viscerales algunos de los fiscales de Lava Jato cuando defienden su cruzada jurídica frente a quienes volverían al viejo sistema corrupto, O mecanismo, según el título de la teleserie de Netflix.  (...)

Pero pocos en Brasil o en los medios internacionales, tan deseosos de asistir al fin del estado clientelar brasileño que se negaba a vender Petrobras, han planteado una cuestión obvia. Si el mecanismo es tan corrupto, ¿no es lógico pensar que algunos elementos de Lava Jato lo serán también? Y efectivamente, empiezan a surgir dudas sobre la  integridad de Moro. 

Según el exconsultor de la constructora Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, un abogado próximo a Moro, Carlos Zuccolotto –socio empresarial de la mujer del juez– le pidió un soborno a cambio de rebajar su sentencia con la ayuda de Dallagnol. ¿Quién sabe si es verdad? Pero lo extraño es que Moro no ha citado a Tacla Durán a dar testimonio en la investigación, pese a que el exasesor jurídico de Odebrecht sí ha sido testigo –y muy útil– en investigaciones sobre los sobornos de la constructora en Perú, Andorra y Ecuador. 

¿Por qué no quiere Moro que se escuche su versión de las turbias operaciones del departamento de operaciones estructurales de Odebrecht en Brasil también? Todo parece selectivo en el caso Lava Jato, desde los testigos a los condenados.

“Aún existe la posibilidad de que Lava Jato se venga abajo por irregularidades”, ha afirmado Durán en una conversación mantenida con La Vanguardia en Madrid, donde ha buscado protección contra el intrépido juez brasileño. Pero, ¿quién investigará al investigado?"

(Andy Robinson, CTXT, 17/07/18; publicado originalmente en el blog de Andy Robinson en el diario La Vanguardia)

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