"Las instituciones de la UE están negociando estos meses nuevas reglas del mercado único que
podrían tener un severo impácto negativo en la toma de decisiones en
los parlamentos, asambleas regionales y ayuntamientos de toda Europa.
La
Comisión propone hacer cumplir la Directiva de Servicios,
también conocida como la Directiva Bolkestein, de una manera nueva y
extremadamente intrusiva. En resumen, la Comisión quiere el derecho de
aprobar o negar nuevas leyes, así como otras medidas cubiertas por la
directiva.
Y la directiva cubre una amplia gama de temas: leyes de
zonificación (planificación de la ciudad), medidas de suministro en
temas de vivienda, suministro de energía, suministro de agua, gestión de
residuos y mucho más. (...)
Antes de seguir examinando la base legal de todo esto, puede ser útil
tener una idea de lo que está en juego, y hacerlo a través de un par
de ejemplos concretos.
– Cuando el Ayuntamiento de Amsterdam se pronunció en contra de la
propuesta de la Comisión, el concejal Tiers Bakker, quien redactó la
resolución, se refirió a los intentos de regular AirBnB en la ciudad.
Durante mucho tiempo, AirBnB disfrutó de reglas muy flexibles en
Ámsterdam, pero con el tiempo el servicio se volvió tan ampliamente
utilizado que creó problemas con el acceso a viviendas asequibles y
cambió la atmósfera y el ambiente en partes clave de la ciudad.
El
Ayuntamiento de la ciudad intervino, respondiendo a las demandas de su
electorado, los residentes de la ciudad, y fortaleció la normativa solo
para descubrir que limitar el uso de AirBnB podría ser una violación de
la Directiva de Servicios. Bajo la nueva propuesta, la ciudad de
Ámsterdam tendría que pedir permiso a la Comisión para introducir tales
regulaciones.
– Las leyes de zonificación y/o la planificación de la ciudad están cubiertas por la Directiva de Servicios, de acuerdo con una sentencia reciente de
la Corte de Justicia de la Unión Europea.
La planificación de la ciudad
puede involucrar decisiones de políticas sobre dónde poner tiendas y
dónde no, así como sobre su tamaño. Algunas ciudades pueden preferir no
tener grandes supermercados (hipermercados), para salvaguardar la
existencia del comercio local y tiendas pequeñas.
Sin embargo, esta área
de planificación está cubierta por la Directiva de Servicios. Por lo
tanto, aquí también debería notificarse a la Comisión, dándo a la
Comisión la última palabra, tal vez no en cada decisión de planificación
individual, pero sí permitiéndoles bloquear o rechazar planes
integrales a largo plazo para el desarrollo de la ciudad.
– La directiva también afecta notablemente a los derechos laborales.
Cuando se propuso por primera vez la Directiva de Servicios, hubo una
protesta por el hecho de que permitiría a las empresas de servicios
operar en toda la UE siguiendo las normas y regulaciones de su país de
origen. El movimiento sindical argumentó que esto llevaría
inevitablemente al dumping social, ya que empresas con sede en un país
con salarios bajos podrían enviar trabajadores a los países con salarios
altos y pagarles una fracción de los salarios locales.
Después de
protestas masivas en toda la UE, la legislación laboral quedó finalmente
exenta de la directiva. Pero eso no significa que se permitan medidas
destinadas a monitorear el respeto de las empresas de servicios a los
convenios colectivos o normativas locales. Recientemente, la Comisión se
ha quejado de normas en Dinamarca que
permiten a las autoridades y los sindicatos detectar posibles
violaciones de los convenios colectivos y de la legislación laboral.
– La Directiva de Servicios incluso afecta el uso de los recursos
naturales.
En 2015, el Órgano de Vigilancia de la Asociación Europea de
Libre Comercio (AELC), que supervisa la adhesión a las normas del
mercado único en los países del EEE (Islandia, Noruega y
Liechtenstein), decidió que
la ley de Islandia sobre el uso de energía geotérmica y agua
subterránea viola la Directiva de Servicios, dificultando que operadores
privados extranjeros obtengan acceso al recurso.
La ley fue la
respuesta a la preocupación de Islandia sobre el enfoque corto plazista
de las empresas privadas en cuanto al uso de los recursos geotérmicos,
que no tienen en cuenta el interés público a largo plazo. Aún así, a
fecha de hoy se considera una violación de la ley europea. (...)" (Attac España, 09/12/18)
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