Los bancos, obligados por la ley catalana a ceder a la administración sus viviendas vacías... "Esta medida va a quitarle trabajo a los ayuntamientos, ya que no tendrán que realojar a gente sino que serán los grandes propietarios los que tendrán que asumir esta responsabilidad, parando desahucios y ofreciendo alquileres sociales"

"La ley más ambiciosa que ha existido nunca en Catalunya para luchar contra la pobreza energética y la emergencia habitacional vuelve a estar plenamente vigente.

 La razón es que el Tribunal Constitucional (TC) ha archivado definitivamente el recurso contra la normativa que presentó el Gobierno español durante la presidencia de Mariano Rajoy. La sentencia, que se produjo el 31 de enero pero trascendió el lunes, llega tras la decisión del Gobierno de Sánchez de retirar el recurso de su antecesor.

 ¿Y qué supone el cambio? Básicamente que dos artículos claves de la ley pasan a tener validez. Son el número 5, que prohíbe a los grandes tenedores de vivienda desahuciar a las familias en situación vulnerable que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler; y el número 7, que obliga a los bancos a ceder durante tres años sus pisos vacíos a los ayuntamientos para aumentar la bolsa de vivienda social.

Las entidades promotoras de la ley -la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza por la Pobreza Energética (APE) y el Observatorio DESC- han celebrado el anuncio: "Recuperamos así herramientas tan imprescindibles y demostradamente efectivas como la obligación de hacer una oferta de alquiler social por parte de grandes tenedores", dicen en un comunicado. 

Recuerdan que las mesas de emergencia que gestionan los casos más vulnerables necesitan "con urgencia" este tipo de medidas para ofrecer una vivienda a aquellos que se encuentran "en situación de exclusión residencial".

Lo explica Irene Escorihuela, directora del Observatorio DESC: "Esta medida va a quitarle trabajo a los ayuntamientos, ya que no tendrán que realojar a gente sino que serán los grandes propietarios los que tendrán que asumir esta responsabilidad, parando desahucios y ofreciendo alquileres sociales", explica. 

Escorihuela denuncia el largo tiempo que se ha tomado el TC para hacer efectiva una decisión que el Gobierno tomó en noviembre. Según dice, la espera posterior ha dependido exclusivamente de los tribunales: "No entendemos por qué se ha tardado tanto si la decisión política ya estaba tomada". Aunque los artículos 5 y 7 ya no son objeto del recurso y, por lo tanto, son legales, el TC sí que ha suspendido los primeros artículos de la ley, que seguían pendientes de la suspensión.

Con la legislación en la mano, las entidades piden ahora que se paren todos los desahucios que afecten a aquellas personas sin alternativas habitacionales. Así mismo, piden a la Generalitat que se activen inmediatamente los mecanismos necesarios para que los grandes tenedores cedan las viviendas vacías: "La falta de vivienda ya no puede ser una excusa", dicen.

También interpelan a los ayuntamientos y les piden que inicien los contactos necesarios con el poder judicial para identificar los pisos vacíos, así como para aplicar las sanciones a aquellas entidades que no cumplan con la ley por cortes en los suministros básicos a familias vulnerables o no ofrecer alquiler social en peligro de desahucio.

 Tal como recuerda Escorihuela, la ley estuvo vigente durante nueve meses antes del recurso: "Nos costó que se aplicara realmente. Hicieron falta muchas formaciones y charlas. Se debe supervisar el cumplimiento de la ley y se deben poner recursos públicos".  (...)"                   (María Rubio, Público, 14/02/19)