"De hecho, el Trabajo Garantizado es una de las
propuestas estrella de la candidatura de Alexandria Ocasio-Cortez,
congresista estadounidense por el partido demócrata de Bernie Sanders y
que está recientemente ganando popularidad a nivel internacional.
La propuesta de Trabajo Garantizado (TG) es simple: el
Estado tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo
remunerado (con condiciones laborales dignas) a cualquier persona que no
haya podido encontrar empleo en el sector privado o en el sector
público tradicional, y que esté preparada, capacitada y dispuesta a
trabajar, sin importar su experiencia profesional, cualificación, sexo,
renta o edad.
El TG parte de la premisa de que si bien es cierto que hoy
día en nuestras sociedades hay muchísimas personas que no están
ocupando ningún puesto de trabajo, también es cierto que hay mucho
trabajo por hacer en nuestras comunidades y mucho trabajo que ya se
realiza pero que no es remunerado. Que no haya empleo no quiere decir
que no haya trabajo.
Es profundamente absurdo y contraproducente en
términos económicos y sociales que mantengamos inactivas a personas que
pueden y desean trabajar mientras las necesidades de nuestros
conciudadanos y de nuestro medio ambiente no estén cubiertas.
Y no están
cubiertas porque al sector privado no le es rentable, y/o porque el
Estado no ha decidido realizarlas. Un trabajo que redundará en beneficio
económico, social, ecológico y cultural.
Necesidades económicas, sociales y ecológicas.
En
la actualidad necesitamos que cuiden de nuestros mayores, adultos
dependientes, de nuestros hijos y de nuestros enfermos, que haya apoyo
psicológico y educativo, que se cuide la fauna y la flora, que se cuiden
y reforesten bosques y otros espacios verdes, que se retiren residuos,
que se habiliten edificios para que sean más eficientes energéticamente,
que se realicen servicios de reparación, reutilización y reciclaje, que
aumenten los servicios de ocio, deporte y cultura, que se cuiden las
infraestructuras urbanas de muchos barrios de nuestras localidades, que
aumenten y mejoren los servicios sanitarios y educativos, que se
defienda a los grupos discriminados y a los más vulnerables, que se
construyan y mantengan centros de producción de energía renovable, etc…
Hay necesidades, y todo economista sabe que donde hay necesidades hay
economía, hay puestos de trabajo y generación de renta. La economía es
la herramienta que nos permite vivir mejor, ser más felices.
Por lo tanto, se trata de:
1). Reforzar las actividades económicas y sociales que
hoy día son insuficientes (educación pública, sanidad pública,
culturales, deportivas, generación de energía renovable, etc…).
2). Crear nuevas actividades (sobre todo ecológicas:
servicios de reutilización y reparación de materiales y productos,
optimizar rendimiento energético de edificios, etc…).
3). Remunerar, visibilizar y dignificar el trabajo de
cuidados domésticos y otros trabajos hoy día voluntarios repartiendo
esas actividades de forma solidaria entre la comunidad.
Se pueden crear muchos puestos de trabajo. Un botón:
la Encuesta de Empleo del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística
señala que en el cuidado de niños se dedicó en ese año una cantidad de
horas equivalentes a más de un millón y medio de puestos de trabajo
(concretamente 1.579.259) a jornada completa. En el cuidado de adultos
dependientes la cantidad equivalente de puestos de trabajo sería de
374.708.
Financiación y gestión.
El
Estado financia el TG, pero lo diseñan y gestionan los ayuntamientos en
participación con la sociedad civil, siempre respetando ciertas
directrices para que las actividades redunden en beneficio de la
sociedad y de la naturaleza, y siempre que no sea utilizado para ánimo
de lucro. Los vecinos son quienes mejor conocen los problemas de sus
localidades.
El Estado se encarga de remunerar el trabajo directamente
mediante un pago a la cuenta bancaria del participante del TG, de forma
que se eviten intermediarios y tentaciones perversas en la gestión del
dinero. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también
otros pagos no salariales como cotizaciones a la Seguridad Social,
ayudas para transporte, permiso por vacaciones, por paternidad y
maternidad, por enfermedad, etc. Debe haber supervisión para que los
trabajos se realicen adecuadamente, y sanciones para los casos de
incumplimiento.
Beneficios.
Al mismo
tiempo que se logra el pleno empleo y los trabajadores reciben un
ingreso y desarrollo personal, se satisfacen multitud de necesidades
sociales, ecológicas y económicas. Los beneficios del TG son
innumerables: producción de bienes y servicios (y por lo tanto aumento
del PIB), generación de renta y riqueza, alivio de la pobreza, mayor
cuidado del medio ambiente, más y mejores construcciones comunitarias y
redes sociales, mayor estabilidad social, política y económica, alivio
de las enfermedades sociales derivadas del desempleo (problemas de salud
física y mental, maltrato conyugal, consumo de drogas, delincuencia,
etc); además de otros numerosos multiplicadores sociales.
El impacto
económico y social global es superior a la suma de los impactos
individuales debido a las sinergias y círculos virtuosos que se generan
en un ambiente de mayor cohesión y paz social. De hecho, algunas
estimaciones apuntan a que cualquier programa de TG tiene un coste
económico inferior al coste que supone lidiar con los problemas
derivados del desempleo a través de prestaciones sociales como las de
desempleo, ayudas a familias sin recursos, apoyo psicológico, servicios
penitenciarios, etc.
Economía sumergida y recaudación.
Como
consecuencia de la aplicación del TG buena parte de la economía
sumergida afloraría, puesto que muchas actividades ocultas y que no se
benefician de los derechos laborales vigentes serían abandonadas al
existir una alternativa de empleo garante de derechos y estable. Ello
aumentaría la recaudación tributaria del Estado, tanto por la vía de
reducción de la economía sumergida como por el incremento en el número
de trabajadores y del consumo derivado del mismo.
Al mismo tiempo
aumentaría el fondo de la Seguridad Social, ahuyentando las dudas sobre
la sostenibilidad de las pensiones. Por otro lado, el TG logra reducir
el coste por prestaciones de desempleo y otras ayudas públicas, de forma
que el impacto en el saldo fiscal es menor de lo que a primera vista
podría parecer.
Formación.
Otros
beneficios derivados de la aplicación del TG es que los participantes
del programa mantienen y/o desarrollan sus conocimientos y habilidades
(a diferencia de lo que les ocurriría estando desempleados), lo que
permite a) incrementar la productividad del trabajo y b) mantenerse
preparados para acceder a puestos más cualificados y de mayor
remuneración. Cuando los empresarios del sector privado necesiten
contratar a nuevos trabajadores, pueden acudir a la cartera de
participantes del TG.
Esto ocurrirá en períodos de expansión económica.
En cambio, en tiempos de recesión ocurrirá el proceso contrario: los
empresarios despedirán a sus trabajadores y éstos tendrán la posibilidad
de acogerse a un programa de TG, donde no perderán sus hábitos y
prácticas. Las oficinas actuales del desempleo pasan a convertirse en
oficinas de empleo, donde efectivamente conectan demandantes de empleo
con oferentes.
Control.
El control
público permite reducir la discriminación racial, sexual y de cualquier
otro tipo, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito privado donde
resulta más complicado supervisar al empleador en cuestión.
Salario.
Salario
coincidente con el salario mínimo interprofesional de 2019. Con jornada
completa el salario bruto es de 1.050 euros al mes (con pagas
prorrateadas). Los empleadores del sector privado se ven obligados a
ofrecer salarios iguales o superiores a los ofrecidos en el TG –de lo
contrario, sus empleados se irían al TG, que siempre está disponible–,
logrando así acabar de facto con todos los puestos de trabajo en los que
no se garantizan condiciones laborales dignas (con contratos en fraude
de ley).
El precio fijo es además un ancla de precios para evitar
tensiones inflacionistas por el lado de los salarios. Sujeto a
modificaciones en el futuro.
Primer año.
La
implementación del TG debería ser gradual y por etapas, para no provocar
grandes cambios y además poder ir corrigiendo errores. Si en el primer
año se diese empleo a 1.000.000 de desempleados (podrían ser los más
necesitados: los parados de larga duración) con un salario de 12.600
euros (1.050 euros mensuales), el coste neto de la medida alcanzaría el
0,41% del PIB (4.185.261.600 euros).
Se trata de menos de la mitad de lo
que le costó al Estado en sólo un año responsabilizarse de la pérdida
de valor de las inyecciones en entidades nacionalizadas (1,08% del PIB).
Como coste neto se entiende el coste salarial y material menos lo que
se ahorra en prestaciones por desempleo y otras ayudas y lo que se
recauda por IRFF, IVA e IS (dejando de lado incluso otras figuras
impositivas como los impuestos especiales: carburantes, tabaco, bebidas,
etc).
En el cálculo se utiliza un tipo impositivo medio en el Impuesto
de la Renta de las Personas Físicas del 19%; un tipo medio del IVA del
17,3%; una proporción de consumo privado sobre la renta del 90%; un
efecto en la recaudación por Impuesto de Sociedades (IS) del 7%; y un
coste del material del 5% del coste salarial total.
Asumiendo que el 80%
de los participantes solicitarán jornada completa (pero de 35 horas
semanales), mientras el restante 20% lo hará a jornada parcial (20 horas
a la semana). El desembolso inicial sería de 14.372.160.000 euros, un
1,4% del PIB. Esto no correspondería con el aumento en el déficit
público porque las cotizaciones sociales no restarían. El aumento
inicial en el déficit público si no viniera acompañado de medidas de
ingresos sería de 11.088.000.000 euros, 1,1% del PIB).
Coste neto de un programa total para todas las personas desempleadas.
8.544.582.373
euros, un 0,73% del PIB español. Con datos de la Encuesta de Población
Activa del cuarto trimestre de 2018.
A modo de comparación: esta
cantidad es notablemente inferior a lo que el Estado español paga cada
año por intereses de deuda pública (2,9% sobre el PIB); y muy inferior a
lo que le ha costado al Estado rescatar a la banca española (6,3%).
Efecto multiplicador.
El
desembolso inicial es una inversión que generaría renta, por lo que el
PIB aumentaría, y por lo tanto el déficit y deuda públicas en proporción
al PIB se reduciría. A su vez, el aumento salarial aumentará la demanda
y estimulará la actividad económica sin riesgo de inflación: según la
Encuesta del Banco Central Europeo a las empresas sobre acceso a la
financiación, el problema más importante de las empresas españolas es la
falta de clientes (29%); y según la Encuesta de coyuntura industrial
del Banco de España el grado de capacidad utilizada está todavía en el
76,8%, por lo que hay margen para aumentarla. Por eso el coste neto es
tan reducido. Además, a medida que se recupere la actividad económica
disminuiría el número de participantes del TG.
Financiación.
El coste podría financiarse fácilmente de muchas maneras, entre las cuales sugerimos la siguiente:
1) Reforma fiscal similar a la que proponen los
técnicos del sindicato de Hacienda: nuevo tipo del 35% del Impuesto de
Sociedades a partir del millón de euros, reducción de la economía
sumergida en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza, prohibición de las
operaciones en corto contra la deuda pública, restricciones al sistema
de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro, y ganancias
patrimoniales especulativas, e impuesto a las transacciones financieras.
El objetivo de esta reforma no sólo sería recaudatorio sino también
avanzar en la progresividad del sistema tributario tal y como establece
el artículo 31.1 de la Constitución Española. Llevando a cabo una
reforma fiscal semejante y atendiendo a las estimaciones de sus
proponentes la recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, lo cual
sería más que suficiente para ir aplicando la totalidad del TG
propuesto. Como no es necesario recaudar tanto volumen de recursos hay
mucho margen para relajar los elementos de la mencionada reforma fiscal.
2) ICO. Para el primer desembolso tal vez sería
necesario recurrir directamente a préstamos del BCE utilizando el
Instituto de Crédito Oficial (ICO), pues esta entidad pública de crédito
puede acceder a la ventanilla de la institución europea (a un coste
inferior al que se financia el Estado español en la subasta de deuda
pública). Así lo hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000.000.000
euros (un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las administraciones
públicas españolas. Podría volver a hacerlo por una cuantía mucho menor
(1,2%) y así contribuir a la financiación del primer año del TG.
3) Siempre quedará como último recurso acudir a
emisión de bonos públicos en el mercado financiero privado. Mientras la
política ultraexpansiva del Banco Central Europeo siga operativa –aunque
sea en esta última etapa vigente de expansión cuantitativa– la prima de
riesgo no tiene por qué supone un problema.
Estabilidad de precios.
El
hecho de que se contrate directamente a los ciudadanos que no pueden
obtener rentas más elevadas trabajando (los de menos recursos, los de
abajo) logra que el impulso económico no sea a través de la demanda
agregada convencional, sino a través de una especie de “demanda con
objetivo”. Los típicos impulsos keynesianos mediante aumento de
inversión pública terminan redundando en todas las capas de la
población, incluyendo las más adineradas.
Este proceso termina
provocando tensiones inflacionistas cuando el mercado laboral se
aproxima al pleno empleo (ese punto es conocido como la NAIRU: tasa de
desempleo no aceleradora de la inflación por sus siglas en inglés). No
obstante, cuando el impulso económico se realiza a través de un programa
de TG la NAIRU pierde toda su validez. Esto es así porque por el lado
de los salarios no hay tensión inflacionista ya que los mismos están
fijados en el programa y funcionan como un ancla de precios.
Por otro
lado, atendiendo a la riada monetaria el efecto inflacionista sólo
aparecería durante los primeros meses del programa de empleo y con un
empuje en el índice de precios no superior al 0,60% por cuatrimestre. De
todas formas, en el peor de los casos (aumento importante de la
inflación) el Estado puede recurrir a su política fiscal y
monetaria, reduciendo la renta disponible mediante un aumento de
impuestos e incrementando los tipos de interés.
Negociación laboral.
En
un mercado laboral en el que exista un TG, el descenso del desempleo no
empuja los salarios al alza: el poder negociador de los trabajadores
del sector privado no mejora porque todavía persiste el miedo a perder
el trabajo (no hay desempleados pero sí una cartera de empleados de TG
que prefieren trabajar en el sector privado porque concede salarios más
elevados).
Por lo tanto, los trabajadores del sector privado no exigirán
mejoras salariales puesto que corren el riesgo de ser sustituidos por
empleados del TG. Como resultado, no se generan tensiones
inflacionistas; se trata de un pleno empleo flexible en el cual el poder
de los trabajadores no aumenta lo suficiente para desestabilizar los
precios.
Estabilizador automático.
El
propio diseño del TG funciona como un estabilizador automático de la
economía. Cuando la actividad económica se dinamiza, los empresarios del
sector privado contratarán a trabajadores del programa de TG,
disminuyendo por lo tanto su volumen y provocando un efecto amortiguador
de la inflación. Al contrario, cuando la actividad económica se
ralentice, los empresarios del sector privado despedirán a sus
trabajadores y pasarán a engrosar las filas del TG, aumentando por lo
tanto su volumen y provocando un efecto amortiguador de la deflación. En
consecuencia, el TG es una medida contracíclica que ayuda a evitar
inflación en los booms económicos al mismo tiempo que evita la deflación
en épocas de recesión.
Impacto medioambiental.
Las
actividades propuestas consisten fundamentalmente en servicios
personales y ecológicos no intensivos en recursos naturales ni en
generación de residuos, de forma que el impacto medioambiental es muy
reducido. A ello hay que sumarle que en el reparto de los empleos debe
primar la cercanía entre los puestos de trabajo y el lugar de
residencia.
Desigualdad de género.
Al
visibilizar, remunerar, dignificar y repartir solidariamente trabajos
que hoy día suelen realizar mayoritariamente las mujeres se contribuye a
reducir las desigualdades de género.
Avance en la democratización de la economía.
Al
ser los propios vecinos quienes participen en el diseño de las
actividades se está avanzando en la democratización de la economía.
Experiencias internacionales.
Nunca
han sido universales (hasta conseguir pleno empleo) pero países como
Suecia, Australia, Francia, Estados Unidos y Corea las han llevado a
cabo en algún momento de la historia.
Actividades propuestas.
Los vecinos decidirán cuáles son las necesidades más
acuciantes a cubrir en sus localidades, pero se proponen como guía las
siguientes actividades.
Servicios sociales: cuidado de adultos dependientes;
cuidado de niños; cuidado de enfermos; apoyo académico a estudiantes;
seguridad pública; cobijo a personas sin hogar; provisión de alimentos a
personas necesitadas; formación profesional; gestión y administración
de los planes de empleo, entre otros.
Cuidado del medio ambiente: protección y reforestación
de los bosques; proyectos ecológicos de siembra y riego; retirada de
residuos; servicios de reutilización; servicios de reparación; servicios
de reciclaje; cuidado de los espacios verdes y cuidado de las playas.
Servicios culturales, deportivos y recreativos:
promoción del patrimonio (información y excursiones para visitantes);
mantenimiento y renovación de los complejos deportivos; representaciones
artísticas (teatro, música, etc) y competiciones deportivas.
Construcción, habilitación y mantenimiento de
infraestructuras: limpieza de edificios y espacios públicos, parques,
plazas y zonas históricas; habilitación de edificios para lograr mayor
eficiencia energética; mantenimiento de la infraestructura; pequeños
proyectos de construcción de infraestructura pública; mantenimiento y
renovación de la red de carreteras públicas; mantenimiento de áreas de
patrimonio cultural (monumentos, etc)." (
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