"Otro consumo es posible. El real decreto ley aprobado la semana pasada dio el portazo definitivo al impuesto al sol
y abrió un abanico de posibilidades para que los ciudadanos puedan
producir su energía sin trabas. Se aligeran los trámites para poner
paneles fotovoltaicos, se contempla una compensación para quien quiera
verter el excedente a la red y se pone negro sobre blanco la posibilidad
de que distintos edificios compartan la misma instalación.
Un primer
paso para algunos, una revolución para muchos, que acerca a España a los
estándares europeos y pone un punto y aparte a un gravamen paradójico
en un país famoso por sus largas jornadas de sol. Pero, ¿por dónde
empezar?
"Se puede buscar una empresa instaladora, que también
en muchos casos se encarga de la financiación", explica José Donoso,
director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF).
La compañía elaborará un análisis técnico y si la instalación no supera los 15 kilovatios (kW) —lo habitual para los consumidores domésticos; si es superior hay que pedir un punto de acceso a la distribuidora— solo hará falta un permiso: una licencia de obra de la que se encarga la misma instaladora. Los plazos dependen del municipio, pero no suelen exceder el mes, y la instalación, la semana.
Los costes oscilan en función del edificio y su orientación, pero rondarían entre los 3.000 y los 6.000 euros para una vivienda unifamiliar con 4,5 kilovatios contratados, explica Donoso. En este caso será suficiente una instalación de 1,5 kW o 3 kW, entre 6 y 12 placas, que producirá un tercio del consumo doméstico, al no poder aprovecharse la energía solar las 24 horas.
"El precio de la tecnología en los últimos 10 años ha disminuido en un 90%, y seguirá bajando". La vida útil de la instalación supera las dos décadas, así que los tiempos de amortización varían entre cuatro y seis años para una pyme o una oficina y más de diez para una casa, señala Donoso.
La nueva normativa contempla además una compensación si el usuario decide verter a la red la energía que no consume, algo que la legislación anterior no permitía. Pero no es un balance neto, como ocurre en otros países —cuando el excedente se guarda para otro momento—, sino una rebaja en la factura, calculada al precio del mercado mayorista, inferior al que el usuario compra la energía.
"Cuanto menos se compense, mejor sale la instalación, porque cuando autoconsumes te quitas todo, la parte de los peajes y la energía", aclara Francisco Valverde, analista del mercado eléctrico, quien aconseja pedir varios presupuestos antes de elegir. El ahorro se reflejará en el término de energía, que representa entre un 40% y un 50% del recibo.
Las comercializadoras también están ofreciendo cada vez más soluciones a los usuarios que quieran poner en marcha un proyecto de autoconsumo. "Vemos la curva histórica de consumo horario y dimensionamos los kilovatios que necesita el cliente; después nos encargamos de todo", explica Paula Román, directora de desarrollo comercial de Feníe Energía, que también ofrece la posibilidad de quedarse como dueña de la instalación si el usuario no tiene la capacidad económica para realizar la inversión. "El consumidor se asegura un precio de la energía por debajo del mercado y se ahorra el peaje", desglosa Román.
Las posibilidades no acaban aquí. Joan Groizard, director de Energías Renovables en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), explica que existen ayudas tanto para edificios públicos como para pequeños consumidores: "Comunidades autónomas y Ayuntamientos ofrecen subvenciones y desgravaciones fiscales por poner placas, por ejemplo en la declaración de la renta o en el impuesto de bienes inmuebles". El organismo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, ha publicado una guía técnica sobre la nueva norma, y asegura que en los próximos meses verá la luz un vademécum para los usuarios domésticos.
Cuando no salen las cuentas, salvo contados casos, es con la instalación de baterías, cuyos precios son todavía elevados. "Se dobla el presupuesto; si es una casa aislada sin conexión a la red igual merece la pena", dice Remigio Abad, director general de Powen. Esta instaladora ofrece un servicio llave en mano que también incluye el mantenimiento, algo que el usuario debe tener en cuenta.
Holaluz fue la primera comercializadora en legalizar una instalación de autoconsumo compartido entre dos viviendas en Rubí (Barcelona), el verano pasado. "Nos encargamos de todo, incluso de tramitar las subvenciones", explica Carlota Pi, cofundadora de la empresa, quien considera que la posibilidad de que distintos inmuebles puedan compartir instalación, algo antes prohibido, representa un avance fundamental. "Si son varios edificios solo tenemos que asegurarnos que estén a menos de 500 metros o conectados al mismo centro de transformación y podemos compartir tejado".
Adolfo Calvo, secretario técnico y asesor jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), explica que se necesitará un acuerdo por mayoría simple de los propietarios para poder compartir energía entre dos fincas. "Se deberían colocar dos contadores, uno en cada edificio, para compensar según los consumos individuales que haya tenido cada comunidad", añade Pablo García, asesor industrial de CAFMadrid.
Sin embargo, todavía quedan algunas zonas grises. Salvador Diez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, explica que habría que constituir un complejo inmobiliario entre fincas para compartir instalación. "Pero el mayor reto siempre es superar las pequeñas disputas entre vecinos", dice. Manel Romero, socio fundador de la instaladora Sud Renovables, hace otro apunte. "La energía se reparte por coeficientes estáticos, así que si uno no consume nada la energía se pierde, no la puede aprovechar otro vecino que consume más", aclara. "Pero estamos contentos, es un punto de partida". (Laura delle Femenine, El País, 13/04/19)
La compañía elaborará un análisis técnico y si la instalación no supera los 15 kilovatios (kW) —lo habitual para los consumidores domésticos; si es superior hay que pedir un punto de acceso a la distribuidora— solo hará falta un permiso: una licencia de obra de la que se encarga la misma instaladora. Los plazos dependen del municipio, pero no suelen exceder el mes, y la instalación, la semana.
Los costes oscilan en función del edificio y su orientación, pero rondarían entre los 3.000 y los 6.000 euros para una vivienda unifamiliar con 4,5 kilovatios contratados, explica Donoso. En este caso será suficiente una instalación de 1,5 kW o 3 kW, entre 6 y 12 placas, que producirá un tercio del consumo doméstico, al no poder aprovecharse la energía solar las 24 horas.
"El precio de la tecnología en los últimos 10 años ha disminuido en un 90%, y seguirá bajando". La vida útil de la instalación supera las dos décadas, así que los tiempos de amortización varían entre cuatro y seis años para una pyme o una oficina y más de diez para una casa, señala Donoso.
La nueva normativa contempla además una compensación si el usuario decide verter a la red la energía que no consume, algo que la legislación anterior no permitía. Pero no es un balance neto, como ocurre en otros países —cuando el excedente se guarda para otro momento—, sino una rebaja en la factura, calculada al precio del mercado mayorista, inferior al que el usuario compra la energía.
"Cuanto menos se compense, mejor sale la instalación, porque cuando autoconsumes te quitas todo, la parte de los peajes y la energía", aclara Francisco Valverde, analista del mercado eléctrico, quien aconseja pedir varios presupuestos antes de elegir. El ahorro se reflejará en el término de energía, que representa entre un 40% y un 50% del recibo.
Las comercializadoras también están ofreciendo cada vez más soluciones a los usuarios que quieran poner en marcha un proyecto de autoconsumo. "Vemos la curva histórica de consumo horario y dimensionamos los kilovatios que necesita el cliente; después nos encargamos de todo", explica Paula Román, directora de desarrollo comercial de Feníe Energía, que también ofrece la posibilidad de quedarse como dueña de la instalación si el usuario no tiene la capacidad económica para realizar la inversión. "El consumidor se asegura un precio de la energía por debajo del mercado y se ahorra el peaje", desglosa Román.
Las posibilidades no acaban aquí. Joan Groizard, director de Energías Renovables en el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), explica que existen ayudas tanto para edificios públicos como para pequeños consumidores: "Comunidades autónomas y Ayuntamientos ofrecen subvenciones y desgravaciones fiscales por poner placas, por ejemplo en la declaración de la renta o en el impuesto de bienes inmuebles". El organismo, adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica, ha publicado una guía técnica sobre la nueva norma, y asegura que en los próximos meses verá la luz un vademécum para los usuarios domésticos.
Cuando no salen las cuentas, salvo contados casos, es con la instalación de baterías, cuyos precios son todavía elevados. "Se dobla el presupuesto; si es una casa aislada sin conexión a la red igual merece la pena", dice Remigio Abad, director general de Powen. Esta instaladora ofrece un servicio llave en mano que también incluye el mantenimiento, algo que el usuario debe tener en cuenta.
Equipos compartidos
Holaluz fue la primera comercializadora en legalizar una instalación de autoconsumo compartido entre dos viviendas en Rubí (Barcelona), el verano pasado. "Nos encargamos de todo, incluso de tramitar las subvenciones", explica Carlota Pi, cofundadora de la empresa, quien considera que la posibilidad de que distintos inmuebles puedan compartir instalación, algo antes prohibido, representa un avance fundamental. "Si son varios edificios solo tenemos que asegurarnos que estén a menos de 500 metros o conectados al mismo centro de transformación y podemos compartir tejado".
Adolfo Calvo, secretario técnico y asesor jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid), explica que se necesitará un acuerdo por mayoría simple de los propietarios para poder compartir energía entre dos fincas. "Se deberían colocar dos contadores, uno en cada edificio, para compensar según los consumos individuales que haya tenido cada comunidad", añade Pablo García, asesor industrial de CAFMadrid.
Sin embargo, todavía quedan algunas zonas grises. Salvador Diez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas, explica que habría que constituir un complejo inmobiliario entre fincas para compartir instalación. "Pero el mayor reto siempre es superar las pequeñas disputas entre vecinos", dice. Manel Romero, socio fundador de la instaladora Sud Renovables, hace otro apunte. "La energía se reparte por coeficientes estáticos, así que si uno no consume nada la energía se pierde, no la puede aprovechar otro vecino que consume más", aclara. "Pero estamos contentos, es un punto de partida". (Laura delle Femenine, El País, 13/04/19)
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