"Las derechas lucen eufóricas por recuperar el poder en
algunos de los ayuntamientos y comunidades autónomas hasta hoy en manos
“del cambio” e izan la bandera de la libertad como sinónimo de liberar a
los ciudadanos de los tributos “confiscatorios” vigentes. Así,
aseguran que suprimirán el impuesto de patrimonio en Comunidades
Autónomas, reducirán el IBI –bienes inmuebles– en Ayuntamientos y
pondrán el tipo máximo impositivo del IRPF por debajo del 40% –45%
actualmente– y el de sociedades en el 20% -–está en el 25%.
Propuestas
que incidirán en un sistema fiscal que ya es injusto. Las rentas
financieras pagan un máximo del 23% cualquiera sea el monto: 100.000
euros de intereses anuales tributan lo mismo que un trabajador con un
salario anual de 25.000 euros.
Se argumenta que reducir la presión fiscal, dejar más dinero en el
bolillo de las personas, redunda en un aumento de la actividad económica
y en el bienestar de los ciudadanos. Dicen algunos que “es más probable
el crecimiento económico y la creación de empleo disminuyendo los
impuestos y estimulando la producción con cambios estructurales y no por
vía del gasto público y los impuestos”. Pero el problema no está en la
probabilidad del crecimiento, sino en la calidad y naturaleza del mismo
para la gente.
El aumento de la actividad económica proveniente de más
gasto público retorna a los ciudadanos vulnerables y el de la rebaja de
impuestos no. Actualmente el crecimiento en economía está siendo
compatible con desempleo, precariedad y peor distribución del ingreso.
El PIB es una magnitud monetaria, no física, y su incremento no tiene
por qué traducirse en más bienestar social, que es lo que parece
sugerirse cuando se lo vincula a la bajada de impuestos. Desde la revolución neoliberal de fines del siglo pasado y con más intensidad desde la crisis mundial de 2009, hasta
en EE.UU. y Europa Occidental, el crecimiento económico, cuando se ha
producido, ha ido en paralelo a un aumento de la explotación laboral, la
disminución de los salarios reales y el recorte de los gastos sociales. (...)
La economía del siglo XXI está financierizada por la congestión de deudas, y
el dinero no tributado no regresa a la economía real porque encuentra
mejores resultados en el ámbito de las finanzas. La actividad
productiva, la que llamamos real, está sometida a su vez a máximos
niveles de fragmentación, competencia, modernización y automatización
que ponen en cuestión la reproducción (...)
Las deudas condenan a la decadencia y al empobrecimiento social al
obligarse los Estados a destinar prioritariamente, como es el caso de
España, las partidas más importantes del presupuesto público a pagar los
intereses. Es dinero que se filtra para la circulación financiera
parasitaria en detrimento de la acumulación productiva. Dinero para
hacer más dinero.
Este predominio de lo financiero no va a cambiar porque se ha hecho autónomo a la forma productiva de la economía.(...)
Las finanzas ya no son préstamos que acompañan la inversión generadora de bienes y servicios económicos. El capital financiero estacionado en grandes gestoras de carteras de activos, Private Equity –Fondos
de Inversión–, compromete con los inversores recuperaciones lucrativas
no más dilatadas de los cuatro a cinco años. Resultados del 20% al 25%
anual, rápidas y con poco riesgo. (...)
Bajar los impuestos alimenta la especulación, la hacienda de los ricos y empobrece a la economía productiva y a los ciudadanos
(...) el dinero en el bolsillo de los que no pagan los impuestos se sumará a
la hacienda financiera privada de los poderosos, contribuirá a hinchar
la especulación económica y sustraerá recursos al Estado del bienestar y
de las personas, empobreciendo la vida de los ciudadanos más débiles y
vulnerables. (...)
El Estado del bienestar no es un lujo; construye una sociedad
democrática moderna, del siglo XXI, de ciudadanos emancipados; esto es,
ni tutelados ni subordinados socialmente. Y sólo es posible si el
garante y depositario de los derechos, entre ellos los económicos, el
Estado democrático, el de todos, se los suministra. Es el único agente
económico capacitado para extraer legalmente recursos de una parte
minoritaria de la sociedad y entregárselo a otra mayoritaria y precaria.
En suma, más Estado, más impuestos para dirimir en una sociedad
contradictoria los recursos con justicia y progresividad para la mayoría
social. E impuestos, los suficientes, para satisfacer los derechos
económicos de una ciudadanía que, ya avanzado el siglo XXI, merece y
exige vivir dignamente." (Rodolfo Rieznik (Economistas sin fronteras), CTXT, 10/07/19)
continuada del beneficio y la
acumulación productiva del capital.
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