"(...) Rackete, licenciada alemana en ciencias del mar, experta capitana curtida a bordo de una nave rompehielos en el Ártico y actualmente al frente de la nave humanitaria Sea Watch 3,
es hoy el símbolo más potente de la resistencia a la política
migratoria ultraderechista del ministro del Interior Matteo Salvini.
Tras 16 días en el mar, harta de esperar una solución política que no
llegaba nunca, decidió desobedecer al Gobierno italiano para poner rumbo al puerto de Lampedusa con 41 inmigrantes a bordo
y terminar con una farsa política que duraba desde hacía un año: los
puertos de Italia no están cerrados. Lo confirmó la realidad y la juez
que le dio la razón poco después en auto demoledor contra el decreto Salvini.
Pregunta. ¿Cómo lleva haberse convertido en un símbolo de la resistencia a la política de puertos cerrados de Salvini?
Respuesta. Ha sido
una situación complicada. Sabíamos que romper esa ley atraería mucha
atención. Luego entendimos más lo que significaba y a quienes
representábamos. Mucha gente está ayudando en Europa a migrantes,
acogiendo refugiados. Por eso me parece poco natural o justo que la
atención se centre ahora en una sola persona.
P. Han pasado dos
semanas desde que entró en el puerto desobedeciendo al Gobierno
italiano. Desde entonces algunas cosas han cambiado. ¿Lo haría otra vez?
R. Si estuviera en
la misma situación, sí. No teníamos otra opción, debíamos velar por la
seguridad de esa gente. Pero lo más interesante de toda esta atención
mediática y de lo que hicimos es que ha habido cambios. El Alan Kurdi
[la nave de la ONG alemana Sea Eye], por ejemplo, recibió el otro día el
ofrecimiento de desembarcar en Malta, les dieron barcas para el
trasbordo y Europa se ofreció a recolocar a los migrantes. Y es
exactamente lo que queremos y lo que se ha logrado en dos semanas. Eso
nos muestra el impacto directo de la acción.
P. ¿Se rompió un muro ficticio?
R. Había una
concepción errónea de la política migratoria. Financiar y apoyar a la
Guardia Costera libia para empujar a la gente hacia un país donde hay
una guerra civil es algo completamente equivocado. Otros capitanes antes
que yo han sido urgidos a devolverlos ahí. Si no lo hacían, les
criminalizaban y trataban de arrestarlos. Esta causa ha hecho visible
que muchas cosas se están haciendo de manera errónea. El Ministerio del
Interior nos ha dado mucha publicidad.
P. El fiscal dijo
que no estaba justificado el estado de emergencia que usted invocó para
entrar. ¿Cuál era la situación real a bordo antes de su maniobra?
R. Muy tensa. Cada día tenía informes
del equipo médico, también de los psicólogos y de la tripulación, todo
iba a peor. El barco no está preparado para tener a bordo a 40 personas
tantos días. No había privacidad, no se podían duchar, los lavabos
químicos no funcionaban… Toda esa gente viene de un país en guerra
civil, habían sufrido abusos, también torturas. No teníamos una visión
clara del futuro y eso incrementaba la ansiedad hasta el punto de que
algunas personas amenazaron con suicidarse... Era gente que ya lo había
intentado. El equipo médico nos dejó muy claro que ya no podía
garantizar más tiempo su seguridad. Y esa era una línea roja. (...)
P. Hoy quedan menos ONG en el Mediterráneo y algunas arrastran ya una gran deuda por las multas. ¿Salvini está ganando?
R. No, de ninguna
manera. Proactiva está ahí fuera, Alan Kurdi [el barco de la ONG alemana
Sea Eye] está fuera. La iglesia protestante alemana quiere fletar un
barco y hay un par de organizaciones más con previsiones de hacerlo. Hay
un gran interés en continuar y estoy segura de que lo harán.
P. Mientras sucedía
todo esto, Salvini subía en las encuestas y usted era recibida con
insultos en el muelle. ¿Italia se ha vuelto un país racista?
R. La situación está
extremadamente polarizada. Lo vemos también en Reino Unido o Alemania.
El futuro nos dirá dónde va Europa, pero los que están en medio en
silencio deberán alzar la voz. La gente que no se ha significado deberá
posicionarse. Y tendremos que ponernos de acuerdo en que la vida de la
gente vale lo mismo independientemente de dónde vengan. Es el momento de
que la parte central de la sociedad frene esta polarización y se ponga
del lado de la ley internacional.
P. ¿Europa ha estado a la altura?
R. ¡Totalmente no!
Está financiando a los guardacostas libios y a un régimen que permite la
tortura y el tráfico de seres humanos. La Unión Europea no debería
cooperar con organizaciones así. Financian a criminales sabiendo que lo
son. Estoy avergonzada de que mi Gobierno, un país como Alemania y la
Unión Europa den apoyo a esos criminales. Jamás lo entenderé. (...)
P. El activismo también tiene sus cosas. Esta vez intentaron ridiculizarla y decir que es una niña de papá para deslegitimarla.
R. Me sorprendió
porque no es verdad. Pero esperaba algo así de los medios de
ultraderecha, ese es su funcionamiento. Procedo de una familia de clase
media, he ido a dos universidades gratuitas y tuve una buena educación
gracias al sistema social de Alemania. No vengo de un contexto rico. (...)
P. El auto de la juez es demoledor con la ley Salvini. ¿Cómo fue aquel interrogatorio y ese momento?
R. Hizo una
declaración muy clara del caso, desde el principio hasta el final. Dijo
que la ley de Salvini solo puede aplicarse a los traficantes, y ese no
es nuestro caso. Los jueces son independientes, pese a la presión
política que reciben.
P. Tras su experiencia y por lo que leyó en el auto, ¿diría que los puertos de Italia están cerrados?
R. Es muy difícil de
responder. La situación no está clara. Se demuestra que la ley
internacional marítima es más fuerte que la regulación italiana, y por
tanto están abiertos. Pero por otro lado, el miedo de la criminalización
unido al hecho de que muchas ONG evitan ir a Italia, lo complica. No es
fácil.
P. Si le devuelven el barco y queda libre, ¿volverá al mar?
R. Si termina la
investigación y el barco es liberado, por supuesto. Hay mucho que hacer.
La semana pasada murieron 80 personas y hay naufragios constantemente.
La necesidad está en el mar, donde muere gente cada semana." (Daniel Verdú, El País, 11/07/19)
"Criminalizar la solidaridad. Para Salvini no hay duda; salvar vidas es un crimen, pero más allá de las palabras, la UE rema en la misma dirección.
¿Es salvar vidas un crimen? Para Salvini no hay duda.
En 2013 las ONG de salvamento marítimo reaparecieron en el Mediterráneo
de la mano de la operación italiana Mare Nostrum. Entonces nadie dudaba
de su necesidad. En poco más de un año se salvaron 170.000 vidas.
Cinco años después, Italia ha prohibido a los barcos de salvamento marítimo atracar en sus puertos. Aquellos que como Carola Rackete osen desobeder, son acusados de “criminales”, “fanfarrones” e “ilegales”. Para Salvini “es un acto criminal, un acto de guerra”.
Las palabras y formas de Salvini ruborizan a media Europa. El mismo presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declaró que cualquiera que salve vidas humanas no puede ser considerado criminal. Y Francia denunció la “estrategia de histeria” del ministro Salvini.
Según su portavoz del Gobierno, el derecho marítimo internacional, que obliga a dejar a los migrantes en el puerto marítimo más cercano y seguro, está por encima del decreto de Salvini: “Italia debe respetar las normas internacionales. Es lo que le reclamamos. Y evidentemente la Unión Europea debe ser capaz de responder con solidaridad”.
Más allá de las palabras de unos y otros, en la práctica hace tiempo que la Unión Europea y sus Estados miembros reman en la misma dirección. En su lucha contra los traficantes, el espacio para la solidaridad se ha visto progresivamente reducido, si no criminalizado. A nivel legislativo, según la Directiva 2002/90/CE, el delito de tráfico consiste en “asistir a inmigrantes irregulares a entrar o permanecer en el territorio de un Estado miembro”.
Respecto a la definición de las Naciones Unidas, la Directiva da un doble giro: lo que constituye el delito es la asistencia no sólo en el cruce de fronteras sino también una vez dentro del territorio nacional; y, en la asistencia en frontera, ya no es necesario que se dé un “beneficio financiero”.
Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), sólo una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión Europea tienen disposiciones específicas para garantizar la excepción humanitaria. Ya a inicios de 2015, el Foro Europeo de la Migración, una plataforma de diálogo entre sociedad civil e instituciones europeas, reclamaba la revisión de la Directiva para evitar la criminalización de la ayuda humanitaria. En concreto, pedía que se excluyera explícitamente la penalización de la ayuda humanitaria en frontera así como la provisión de servicios y bienes, con fines económicos pero sin condiciones de explotación, dentro de la Unión Europea. (...)
desde 2018, estamos asistiendo a la progresiva criminalización de las ONG de rescate. Por un lado, se les acusa de “favorecer la inmigración clandestina” y de “colaborar con los traficantes”. Por otro, las ONG también han sido perseguidas por no colaborar con la guardia costera libia. Da igual quiénes estén detrás de esta guardia costera o en qué condiciones realicen los rescates. Es una cuestión de competencias y ahora las competencias son suyas. En cualquier caso, el objetivo es expulsar a las ONG del Mediterráneo central. Así es como hemos llegado al 2019, con el mar (casi) desierto de operaciones de rescate.
"Criminalizar la solidaridad. Para Salvini no hay duda; salvar vidas es un crimen, pero más allá de las palabras, la UE rema en la misma dirección.
Cinco años después, Italia ha prohibido a los barcos de salvamento marítimo atracar en sus puertos. Aquellos que como Carola Rackete osen desobeder, son acusados de “criminales”, “fanfarrones” e “ilegales”. Para Salvini “es un acto criminal, un acto de guerra”.
Las palabras y formas de Salvini ruborizan a media Europa. El mismo presidente alemán Frank-Walter Steinmeier declaró que cualquiera que salve vidas humanas no puede ser considerado criminal. Y Francia denunció la “estrategia de histeria” del ministro Salvini.
Según su portavoz del Gobierno, el derecho marítimo internacional, que obliga a dejar a los migrantes en el puerto marítimo más cercano y seguro, está por encima del decreto de Salvini: “Italia debe respetar las normas internacionales. Es lo que le reclamamos. Y evidentemente la Unión Europea debe ser capaz de responder con solidaridad”.
Más allá de las palabras de unos y otros, en la práctica hace tiempo que la Unión Europea y sus Estados miembros reman en la misma dirección. En su lucha contra los traficantes, el espacio para la solidaridad se ha visto progresivamente reducido, si no criminalizado. A nivel legislativo, según la Directiva 2002/90/CE, el delito de tráfico consiste en “asistir a inmigrantes irregulares a entrar o permanecer en el territorio de un Estado miembro”.
Respecto a la definición de las Naciones Unidas, la Directiva da un doble giro: lo que constituye el delito es la asistencia no sólo en el cruce de fronteras sino también una vez dentro del territorio nacional; y, en la asistencia en frontera, ya no es necesario que se dé un “beneficio financiero”.
Según la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA), sólo una cuarta parte de los Estados miembros de la Unión Europea tienen disposiciones específicas para garantizar la excepción humanitaria. Ya a inicios de 2015, el Foro Europeo de la Migración, una plataforma de diálogo entre sociedad civil e instituciones europeas, reclamaba la revisión de la Directiva para evitar la criminalización de la ayuda humanitaria. En concreto, pedía que se excluyera explícitamente la penalización de la ayuda humanitaria en frontera así como la provisión de servicios y bienes, con fines económicos pero sin condiciones de explotación, dentro de la Unión Europea. (...)
desde 2018, estamos asistiendo a la progresiva criminalización de las ONG de rescate. Por un lado, se les acusa de “favorecer la inmigración clandestina” y de “colaborar con los traficantes”. Por otro, las ONG también han sido perseguidas por no colaborar con la guardia costera libia. Da igual quiénes estén detrás de esta guardia costera o en qué condiciones realicen los rescates. Es una cuestión de competencias y ahora las competencias son suyas. En cualquier caso, el objetivo es expulsar a las ONG del Mediterráneo central. Así es como hemos llegado al 2019, con el mar (casi) desierto de operaciones de rescate.
Pero un campo de batalla siempre tiene dos o más contendientes. Por
un lado, están los Estados, que acostumbran a poner por encima de todo
la defensa de las fronteras y la soberanía nacional. Por otro, no
olvidemos tampoco las resistencias: por parte de una sociedad civil
organizada, que en pocas horas consiguió recaudar casi un millón de
euros para la defensa de Rackete; por parte de ciertas ciudades, en
Italia y más allá, que se oponen al decreto de Salvini y a la política
europea en el Mediterráneo; y, no menos importante, por parte del Poder
Judicial, por ejemplo con la magistrada de Agrigento que acaba de
liberar a Rackete recordando que, efectivamente, el deber de salvar
vidas en alta mar está por encima de todo."
(Blanca Garcés Mascareñas, investigadora del CIDOB. El País, 11/07/19)
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