"Detrás de todo gran atentado hay una gran teoría de
la conspiración. Por ejemplo: las Torres Gemelas fueron derribadas, en
realidad, por el Gobierno de Estados Unidos. Y la masacre de los trenes
de Madrid fue obra de ETA y no de los yihadistas. Hasta ahora, los ataques de Barcelona y Cambrils, que dejaron 16 muertos el 17 de agosto de 2017, parecían inmunes al virus. Ya no.
Las informaciones periodísticas sobre los vínculos entre el CNI y el cerebro de los atentados, el imán Abdelbaki es Satty,
han alimentado su propia teoría de la sospecha, a la que se apuntan
quienes se muestran tan escépticos con la investigación oficial como
crédulos con teorías alternativas. En Cataluña, una parte del
independentismo la ha alentado con entusiasmo, esperando sacar rédito de
ella.
En su versión extrema, esa teoría de la conspiración sostiene que el Gobierno permitió la masacre para cambiar el rumbo del procés. “¿Qué
queréis, negociar con un Estado que escoge un atentado para parar un
referéndum?”, se preguntó, en Twitter, la exdiputada de la CUP Mireia
Boya. Otros políticos soberanistas no llegan tan lejos. Pero
plantean que la inteligencia española miró a otro lado mientras se
preparaba el ataque frente a sus narices; que pudo evitarlo; o bien que
actuó con una imperdonable negligencia.
A esas tesis se han abonado políticos como Pablo Iglesias, líder de Podemos:
“El silencio de los grandes medios sobre lo que el CNI sabía de los
terroristas de La Rambla revela cómo funciona el poder en España”,
tuiteó. Pero quienes las han abrazado con mayor ímpetu han sido el
Govern y una parte del independentismo. Empezando por el expresidente Carles Puigdemont —fugado en Bélgica— y su sucesor, Quim Torra: “Es un escándalo gravísimo. Exigimos explicaciones y que se asuman las más altas responsabilidades”, anunció el president.
Carta a los cónsules
La sesión de control del Parlament de esta semana sirvió para que
Torra diese respaldo solemne a unas informaciones que “ponen en duda la
gestión de un Estado que siempre mira hacia otro lado”. La “gravedad que
insinúan”, agregó, exige “explicaciones y toda la verdad de lo que
pasó”. Torra abona así la tesis de que se ocultan datos a sabiendas y
pone en cuestión la instrucción que lleva a cabo la Audiencia Nacional
desde el mismo día del atentado.
La Generalitat ha puesto en marcha su maquinaria. Solicitó una
reunión a la vicepresidenta, Carmen Calvo, y a la ministra de Defensa,
Margarita Robles. Por su parte, el consejero de Exteriores, el
republicano Alfred Bosch, envió una carta a todos los cónsules de los
países con víctimas en los atentados de Barcelona y Cambrils —algunos
fallecidos en el atropello de La Rambla eran turistas— para
“intercambiar impresiones”.
La comisión de investigación sobre el 17-A
que se celebra en el Parlament ha acordado, a petición de Junts per
Catalunya, citar a la directora del CNI, Paz Esteban. Además del
respaldo del Govern, el relato alternativo ha tenido también cierta
acogida en la calle: el pasado fin de semana aparecieron pegatinas en la
cabecera de La Rambla, donde Younes Abouyaaqoub irrumpió con la
furgoneta aquella tarde: “17-A. Basta. Silencio cómplice”, decían.
Todas esas manifestaciones se alimentan de unos artículos publicados por el digital Público
que han encontrado enorme eco en los medios de comunicación catalanes,
especialmente los de la Generalitat, como TV-3, que ha abierto con ellos
varias ediciones de sus informativos.
Ya se sabía que agentes del CNI visitaron a Es Satty mientras este se
encontraba preso por tráfico de drogas, entre 2010 y 2014, como era
habitual con los reclusos susceptibles de radicalización. Así lo publicó
EL PAÍS y así lo reconoció el entonces director del espionaje español,
el general Félix Sanz, cuando compareció en la Comisión de Secretos
Oficiales en marzo de 2018. Sanz explicó a los diputados que sus agentes
se equivocaron gravemente al no dar trascendencia al imán y se
desentendieron de él cuando salió en libertad.
El digital sostiene, sin embargo, que el CNI mantuvo como confidente a
Es Satty hasta el verano de 2017, pocos días antes de los atentados.
Como prueba, cita un correo electrónico de gmail que supuestamente
sirvió de “buzón muerto” entre el controlador y el confidente.
Pero el
informe de los Mossos que consta en el sumario apunta que ese correo
pudo ser utilizado entre terroristas para intercambiar “mensajes,
órdenes y planificación”. El nombre de la cuenta (adamperez)
coincide en parte (Adam) con el que emplearon los terroristas como
“identidad falsa” para gestiones de preparación del atentado, como la
compra de tarjetas SIM.
La acusación más grave, basada en un informe sin fecha, sello ni firma que Público
atribuye al CNI y ha publicado por fragmentos, es la que sostiene que
el Estado tuvo conocimiento previo de los ataques. El servicio secreto,
según el digital, conoció todos los pasos del comando de Ripoll porque
“escuchaba los móviles de los asesinos” en los días anteriores al
atentado. Lo probaría el hecho de que, en una conversación entre Mohamed
Hichamy (abatido en Cambrils) y Younes Abouyaaqoub (que atentó con una
furgoneta en La Rambla), este último “corta las frases”, según el citado
informe, lo que solo podía saber alguien que le estuviera escuchando.
Fuentes de la investigación señalan que esas conversaciones se
escucharon, en efecto, pero con posterioridad a los atentados, porque
uno de los miembros del comando (Hichamy) grababa todas las llamadas con
una aplicación de móvil llamada Call Recorder.
David Torrents es un agente de los Mossos, especializado en
yihadismo, con serias dudas sobre los tratos del CNI con Es Satty.
“Cuando preguntas por él y no contestan ni te dan datos...”, explica
Torrents, que está en excedencia y ejerce como edil de Junts per
Catalunya en Badalona. Pero incluso él rechaza que el CNI siguiera al
comando de Ripoll antes del 17-A. Sus pasos, dice, se reconstruyeron con
posterioridad. “No hay pruebas por ahora de que el Estado esté detrás,
pero hay negligencia”, considera.
“Negligencia”
Torrents niega haber formado parte de un grupo de investigación
“alternativo” que cuestiona la versión oficial. Estos días ha estado
activo en Twitter y ha pedido una comisión de investigación, en línea
con otros políticos independentistas y con el autor de las
informaciones. El periodista Carlos Enrique Bayo compareció en la
comisión del Parlament. Rechazó por “aberrante” la teoría de la
conspiración, pero aseguró que hubo una “negligencia temeraria” y que el
17-A “se pudo evitar”.
En esa misma sesión, tanto Junts per Catalunya como ERC abonaron las
sospechas de que se oculta deliberadamente lo ocurrido el 17-A.
“Queremos saber toda la verdad”, dijo la republicana Montserrat
Fornells. El diputado del PSC Carles Castillo, en cambio, desacreditó
las informaciones y tiró de ironía: “Es una irresponsabilidad. Si tienen
pruebas que no se pueden enseñar, se convierte en un acto de fe. Al
final es alimento para las teorías de la conspiración, que están a la
par con la que dice que el ser humano no llegó a la luna”.
Ajeno al ruido político, el juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu guarda silencio y sigue investigando para conocer “toda la verdad
de lo que pasó”. (Jesús García, Rebeca Carranco, El País, 27/07/19)
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