¿Qué está pasando en Ecuador? El ciclo progresista ecuatoriano, bajo la impronta del correísmo, no se terminó por ahora...

 "(...) Ecuador. En este último país la población vive un auténtico “deja vu”, esa sensación que una persona siente a veces de haber vivido anteriormente una misma situación o experiencia. El llamado “paquetazo”, es decir las medidas neoliberales anunciadas por el gobierno de Lenin Moreno han devuelto a la población ecuatoriana a la década perdida. Ha sido un auténtico shock. 

El aumento de los combustibles en un 123% con todo lo que eso supone de inmediato aumento de los precios de todos los productos esenciales para la vida, el despido masivo de funcionarios y la culpabilización a éstos de la situación, la privatización posible de la seguridad social y, entre otras consecuencias, la consiguiente desaparición de las perspectivas de una posible jubilación; en suma, la pérdida de derechos sociales y laborales. 

Y todo ello acompañado de nuevas exenciones fiscales y reducción de impuestos a las clases más altas y a la inversión extranjera, es decir, a las transnacionales que volverán a copar los territorios (poco importan la crisis climática) para una extracción desenfrenada de los recursos naturales del país. (...)"           (Jesús González Pazos, Público, 10/10/19)

 "El Gobierno ecuatoriano y los indígenas llegan a un acuerdo para derogar el decreto que originó las protestas.

El Gobierno y los indígenas ecuatorianos han llegado durante el domingo a un acuerdo mediante el cual se derogará el decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó la actual ola de protestas en Ecuador contra las medidas de austeridad.

"Como resultado del diálogo se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto", anunció el coordinador de las Naciones Unidas en Ecuador, Arnaud Peral, tras varias horas de diálogo entre las partes a las afueras de Quito.

La comisión estará integrada por las organizaciones del movimiento indígena, quienes han encabezado las protestas contra las medidas de austeridad económica adoptadas por el Gobierno a petición del Fondo Monetario Internacional (FMI), y el Gobierno con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, además de contar con la veeduría de las otras funciones del Estado.

"Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador y nos comprometemos de manera conjunta a restablecer la paz en el país", reza el texto, que leyó el coordinador de las Naciones Unidas en este país andino. (...)"                (eldiario.es, 14/10/19)

 "Ecuador es un ejemplo más de la incapacidad que tiene el neoliberalismo para brindar estabilidad política, social y económica. 

Y también lo es de cómo el FMI puede llegar a ser un “arma de destrucción masiva” en tiempo récord. Y más aun si el país fue previamente transformado con políticas progresistas bajo principios de soberanía. 

Como muchas veces nos precipitamos a creer, la ciudadanía no olvida tan velozmente. El ciclo progresista ecuatoriano, bajo la impronta del correísmo, no se terminó por ahora, a pesar del giro de 360 grados que ha pretendido imponer Lenín Moreno -quien, por cierto, vale la pena recordar que no fue electo para ello-.

Precisamente, este es uno de los puntos nodales en el que radica buena parte del dilema ecuatoriano. El presidente no ganó la cita electoral con un programa neoliberal, ni tampoco planteando la salida de la Unasur y la adhesión al Grupo de Lima, y mucho menos pactando con toda la vieja política. Obtuvo el respaldo en las urnas con una propuesta que traicionó desde el minuto uno de juego. Y es realmente ese hecho político el que le ha condicionado desde el principio.

Así, la figura presidencial se fue debilitando a gran velocidad porque toda la ciudadanía sabía que no era el presidente quién gobernaba, sino que esta responsabilidad era de otros. En la última encuesta Celag, en marzo de este año, ya se constataba esta percepción tan generalizada: ante la pregunta de quién gobierna en Ecuador, el 46% manifestaba que los grandes grupos económicos, el 27% Estados Unidos y el 26% el viejo político socialcristiano Jaime Nebot.

Un presidente que no gobierna acaba siendo rehén de otros y, en consecuencia, comienza a tomar decisiones en función del tironeo de intereses de actores que lo sostienen mientras se los satisfaga. Y ello tiene una contraparte inmediata: la figura presidencial se convierte en una autoridad ficticia que deriva en una institucionalidad frágil.  (...)

De esta forma, era inevitable que Lenín Moreno se transformara en un presidente de usar y tirar, y cuya caducidad depende de dos factores: uno, del sostén que le quieran dar ciertos poderes (internacional, mediático, judicial, militar y económico); y dos, del momento en el que el cansancio y hartazgo de la gente explote con una medida determinada. Y este ha sido el caso: recorte de “subsidios” de la gasolina, al mismo tiempo que se otorgan “incentivos” a los grandes empresarios. Mejor dicho, y sin eufemismos: se eliminan las ayudas a la gente que lo necesita mientras se subsidia a las grandes corporaciones empresariales por la vía de exoneraciones tributarias.

Entonces, al decidir deliberadamente atentar contra el bienestar ciudadano, todas las chispas latentes saltan por los aíres; la gente protesta y todo se tambalea. El clima hace meses, medido también por Celag en marzo, era el siguiente: 6 de cada 10 ecuatorianos tenían sensaciones negativas sobre la situación nacional (enojo, incertidumbre, miedo, resignación y sensación de caos). Con ese mar de fondo, y con la debilidad del presidente, unido a una medida innecesaria impulsada por el FMI, el desenlace era el esperado.

 Un país al borde del precipicio con un Gobierno no acostumbrado a gobernar, al que se le nota demasiado su falta de práctica, y que lo único que hace es abusar de la fuerza en contra de las protestas. Estado de excepción, toque de queda, huida a Guayaquil del presidente, orden de prisión a opositores y límite a la libertad de prensa han sido algunas de las armas usadas para procurar “estabilizar” al país, es decir, frenar la protesta y desalentar a los manifestantes, mientras permite que gobiernen aquellos que no fueron electos para tal menester.

Es imposible a partir de ahora saber qué sucederá. Pero sí hay dos hechos inequívocos. Uno, Ecuador está en emergencia democrática, y la única forma de dirimir en política este tipo de situaciones es pedirle a la ciudadanía que vote, más aún cuando esto es permitido constitucionalmente a través del mecanismo de muerte cruzada (se disuelve todo: Ejecutivo y Legislativo, y se llama a elecciones). 

Y dos, puede que Lenín sortee transitoriamente este momento gracias al apoyo de sus soportes, pero ya no hay vuelta atrás: el acertijo sólo está en la fecha cuando se pondrá fin a su mandato.(...)"          (Alfredo Serrano Mancilla . Director del CELAG, Público, 10/10/19)

"(...) El paquetazo: origen de las protestas

Octubre arrancó con el anuncio de una serie de medidas de ajuste económico por parte del Presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Estas medidas, también conocidas como el "paquetazo", contemplan, entre otras cuestiones, una reforma laboral y la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel (por primera vez en cuatro décadas). Sobre todo, esto último fue determinante para el inicio de las movilizaciones y las protestas contra el Decreto 883 del gobierno ecuatoriano. 

Como antesala al "paquetazo", el Ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, justificó el Decreto 883 como parte del acuerdo alcanzado en febrero con el FMI, organismo multilateral que afirmó que estas medidas económicas “tienen como objetivo mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la economía ecuatoriana”. Tarde o temprano, el "paquetazo" se veía venir en el marco de las exigencias del FMI para conceder a Ecuador una línea de crédito de 4.000 millones de euros.

La crisis política "exilia" al gobierno a Guayaquil

Mientras tanto, el gobierno de Ecuador declaró el estado de excepción, un mecanismo constitucional que le otorga facultad, entre otras cosas, al despliegue de 79.000 miembros de la fuerza pública (incluyendo a las Fuerzas Armadas), a la censura mediática, o al traslado de la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Como respuesta, la Conaie emitió un comunicado en el que se declaraba el estado de excepción en los territorios indígenas ante la brutalidad de las fuerzas de seguridad.

A pesar del cerco mediático, miles de imágenes y vídeos con lanzamiento de bombas lacrimógenas y perdigones, tanques en llamas, tomas de gobernaciones, buses militares apedreados, saqueos y toques de queda han copado las redes sociales y los medios de comunicación internacionales. (...)

Así, con el gobierno "exiliado" en Guayaquil, según la Conaie llegaron alrededor de 20.000 personas procedentes de diferentes comunidades indígenas a Quito, preparadas a movilizarse contra el "paquetazo" y la acción militar. Más aún después de las dudosas declaraciones en materia de derechos humanos por parte del Ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, quien llegó a decir que las Fuerzas Armadas tienen derecho a la autodefensa. Organizaciones de derechos humanos denuncian abusos y se desconocen las cifras exactas de víctimas mortales y heridos durante la primera semana de protestas. El único dato oficial por parte del Gobierno es el de 570 personas detenidas.
Un escenario impredecible

Si bien representantes del neoliberalismo y la derecha ecuatoriana como Jaime Nebot, Cynthia Viteri o Guillermo Lasso hicieron un llamado a la defensa de la “seguridad democrática” y su denuncia por hechos vandálicos, saqueos y violencia en el país (con discurso de odio incluido), el denominado Colectivo Unitario (conformado por organizaciones indígenas, campesinas, sindicales, estudiantiles y sociales), que convocó la huelga nacional, rechazó el oportunismo político y la acusación del gobierno de Lenín Moreno.

El presidente ecuatoriano afirmó en cadena nacional que las protestas formaban parte de un golpe ideado por el exmandatario Rafael Correa y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cada minuto que pasa se agudizan los síntomas de debilidad de Lenín Moreno, cuya popularidad descendió abruptamente en las últimas encuestas. (...)

Más allá de estas acusaciones y la criminalización de las protestas, se debe tener en cuenta que a partir de ahora, lo que pasará en Ecuador es una incertidumbre y algo realmente impredecible. Sin embargo, sí es cierto que se están repitiendo algunos elementos que traen a la memoria otras crisis políticas que acabaron con el derrocamiento de los gobiernos de Abdalá Bucaram en 1997, Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005. 

Todos estos gobiernos aplicaron medidas antipopulares posicionándose a favor o siguiendo las recetas del FMI. También enfrentaron el descontento del pueblo con la aplicación del estado de excepción, lo que provocó la movilización indígena, que en las últimas décadas se ha convertido en el bastión fundamental de la lucha popular en el país, en conjunto con la escena de la movilización urbana.  (...)"             (Aitor Montero, Cuarto Poder, 10/10/19)