"En 2011, Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos en México, se
convirtió en el primer embajador estadounidense en verse obligado a
renunciar.
Una serie de cables que Pascual envió a Washington,
publicados en WikiLeaks, revelaron que cuando las autoridades
estadounidenses identificaban la ubicación de un objetivo valioso,
debían elegir entre varias opciones desagradables: notificar al ejército
mexicano —que podría optar por evitar riesgos o incluso llegar a
pasarle información al sospechoso—, informar a la policía federal —que
en esencia se encontraba paralizada— o avisar a la Armada —que,
entrenada en Estados Unidos, era efectiva pero extremadamente violenta—.
Para resolver este dilema, por lo regular introducían a agentes
estadounidenses en los equipos que rastreaban a los capos y compartían
información de inteligencia solo con fuerzas mexicanas aprobadas
previamente mediante un estricto proceso de revisión de Estados Unidos.
Una posible explicación para la humillante derrota sufrida por el
ejército mexicano y el presidente Andrés Manuel López Obrador la semana
pasada en Culiacán, Sinaloa, cuando fuerzas del gobierno capturaron y más tarde liberaron a un importante capo de las drogas,
quizá tenga relación con estos precedentes. No existen pruebas de que
las autoridades estadounidenses hayan localizado a Ovidio Guzmán López,
conocido como el Chapito, pero, en caso de ser así, podría identificarse
un patrón.
Su padre, Joaquín Guzmán Loera, el capo de las drogas conocido como
el Chapo, fue capturado en dos ocasiones gracias a inteligencia de la
Administración de Control de Drogas (DEA). También contribuyeron a la
captura de otros delincuentes de gran valor, como Edgar Valdez
Villarreal (la Barbie), arrestado en 2010, y Arturo Beltrán Leyva,
asesinado en 2009.
Es posible que estos factores hayan contribuido a que se realizara
una redada improvisada, descuidada, débil y, a fin de cuentas,
catastrófica, para atrapar al hijo del Chapo en respuesta a una
solicitud de Washington de extraditarlo a Estados Unidos.
Después de que cientos de sicarios del Cártel de Sinaloa sitiaron la
ciudad y amenazaron con asesinar a varios rehenes, López Obrador no tuvo
más remedio que liberar a Guzmán López. En la prensa y las redes
sociales de México abundan comentarios sobre la indignación que causó en
el ejército la decisión de López Obrador de liberar a Guzmán López.
¿Entonces, por qué fueron tras él?
Una posible teoría es que la DEA encontró a Guzmán López y sus
homólogos mexicanos no estaban muy convencidos de detenerlo. López
Obrador declaró
hace meses que había decidido no aplicar la “estrategia contra los
capos” respaldada por Estados Unidos y que tantas críticas generó en
México: después de doce años de acciones concentradas en los líderes de
los cárteles, no solo había más violencia, sino que fracasaron en
reducir el tamaño, el poder y la brutalidad de los grupos criminales.
La batalla de Culiacán hace evidente que el Cártel de Sinaloa no está
más debilitado que antes de que comenzara la guerra contra las drogas.
Quizá las autoridades mexicanas que recibieron la alerta de los
estadounidenses pensaron que si no capturaban a Guzmán López los
estadounidenses los acusarían de ser sus cómplices, así que decidieron
proceder sin mucho entusiasmo y con resultados desastrosos.
También es
posible que, en vista de que el acuerdo comercial para América del Norte
—el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)— todavía no
es aprobado por el congreso estadounidense, López Obrador se haya
sentido presionado a actuar.
Normalmente, cuando las autoridades van por objetivos muy valiosos,
aplican una fuerza impresionante. Pero para arrestar a Guzmán López,
solo se enviaron 35 efectivos, por lo que las fuerzas mexicanas fueron
aventajadas y vencidas muy pronto. Las fuerzas del gobierno tampoco
sitiaron la ciudad ni contaron con el apoyo de helicópteros
estadounidenses. En consecuencia, las fuerzas de Guzmán López asediaron
la ciudad con violencia.
No es ninguna sorpresa que el Cártel de Sinaloa haya aventajado a las
fuerzas federales el viernes pasado en Culiacán. El ejército mexicano y
la nueva Guardia Nacional tal vez estaban muy ocupados en detener a personas que migran desde Centroamérica
a lo largo de la frontera mexicana con Estados Unidos. Desde el verano,
se han enviado más de 20.000 soldados a la frontera para detener el
flujo de migrantes. En todo momento, el número total de soldados en
servicio activo oscila entre 50.000 y 60.000. Casi la mitad de los
efectivos del gobierno realizan actividades que le corresponderían a la
policía migratoria.
López Obrador no ha definido con claridad qué quiere hacer con la
guerra contra las drogas de sus predecesores, que cobraron la vida de
más de 250.000 mexicanos desde 2007 y dejaron un saldo de 40.000
desaparecidos. Durante la campaña electoral pidió el fin a la guerra
contra las drogas y dijo que enviaría a los militares de vuelta a los
cuarteles.
Después de ser electo, se comprometió a crear una Guardia
Nacional integrada principalmente por antiguos miembros del ejército, la
Armada y la policía federal —con mejores sueldos y nueva capacitación— y
a legalizar algunas drogas. Más tarde, para decepción de sus
seguidores, dijo que no pensaba promover la legalización de la
marihuana.
Renegó de la “estrategia contra los capos”, pero la aplicó a
los hijos del Chapo.
Como resultado de este enfoque errático, desde que López Obrador
asumió la presidencia en diciembre pasado la violencia ha aumentado en
México, hasta alcanzar las cifras más altas registradas en la historia
del país.
Solo unos días después de la batalla de Culiacán, catorce policías
fueron masacrados en la población de Aguililla, en el estado de
Michoacán, y un enfrentamiento entre el ejército y presuntos
delincuentes dejó a quince personas sin vida
en Tepochica, estado de Guerrero. En Ciudad de México se registran más
delitos, desde robos con violencia en tiendas de Louis Vuitton hasta
tiroteos en barrios más pobres. El gobierno ya perdió el control de la
situación.
López Obrador había trazado un curso razonable hasta los sucesos de
Culiacán. La guerra contra las drogas ya no era prioridad para el
gobierno mexicano y Estados Unidos estaba menos involucrado. Aunque está
bien que López Obrador se dedique a reducir la pobreza y la
desigualdad, que aumente los salarios y las transferencias de efectivo,
además de alentar a las empresas a contratar a los jóvenes desempleados
que ya culminaron sus estudios, los mexicanos quizá no sientan ningún
cambio en el corto plazo.
Debería mantener el rumbo, ignorar a los estadounidenses y no hacer
caso cuando los embarques de drogas fluyan hacia Estados Unidos. ¿Qué
caso tiene enviar al ejército a quemar sembradíos de marihuana en
Sinaloa si el cultivo es legal para uso recreativo en California? López
Obrador debería aclararles a la DEA y al presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, que ya desechó la estrategia contra los capos, que ya no
permitirá la presencia de agentes estadounidenses y que solo él
decidirá, en su caso, cuándo ir tras figuras como los hijos del Chapo.
Nunca debe volver a ponerse en una situación en la que la única
salida sea la humillante liberación de delincuentes y negociaciones con
terroristas."
(Jorge G. Castañeda, secretario de Relaciones
Exteriores de México de 2000 a 2003, es profesor en la Universidad de
Nueva York y columnista de opinión del Times. Revista de prensa, 27/10/19 . Fuente: The New York Times)
"(...) la DEA, agencia norteamericana dedicada a combatir
este flagelo, aunque no son pocos los que sostienen que su rol es bien
distinto.
Siendo los estadounidenses los máximos consumidores de tales
productos es política oficial acusar a varios Estados, con los que no
comulgan política o ideológicamente, de favorecer su producción o
distribución.
También es su doctrina oficial solicitar la
extradición de personas vinculadas a ese negocio. Este es uno de los
temas que está en el centro de las complejas relaciones entre los EEUU y
México. Uno de los últimos casos resonantes ha sido la extradición de
Joaquín “El Chapo” Guzmán, capo narco del cartel de Sinaloa, uno de los
más importantes en la actual realidad mejicana.
Guzmán, que tuvo dos fugas cinematográficas de
cárceles mejicanas, ha sido extraditado a los EEUU, allí fue juzgado y
condenado a perpetuidad. En estos días, Ovidio “El Ratón” Guzmán López
de 28 años -hijo menor de “El Chapo”- también reclamado por la justicia
norteamericana, protagonizó un inédito incidente que da cuenta de la
situación del narcotráfico en ese país.
Hace pocos días, según información oficial, efectivos
de las fuerzas federales fueron agredidos desde una vivienda en
Culiacán, capital del Estado de Sinaloa, donde Diego Armando Maradona
dirigía un equipo de fútbol de la segunda división. Al responder a esa
agresión y controlar la vivienda, detuvieron a cuatro personas. Una de
ellas era Ovidio Guzmán.
En pocos minutos convergieron sobre el lugar
camionetas artilladas, en número altamente superior a las fuerzas
federales, mientras la policía local se abstenía de intervenir.
Luego de algunas negociaciones y con el aval de las máximas autoridades
del país “El Ratón” fue dejado en libertad y simultáneamente se
“fugaron” 51 presos de la cárcel del lugar. Fueron 8 los muertos en esas
balaceras. Entre lo que refleja este hecho se debe destacar el peso
efectivo del narcotráfico en ese país y la complejidad del tal problema.
Para penetrar un poco más en esa problemática se puede decir que el 11
de diciembre del año 2006 un Presidente mexicano ordenó lo que se conoce
como “La Guerra al Narcotráfico”. Eso significó poner a las Fuerzas Armadas de ese país y las fuerzas de seguridad federales, al frente de ese “combate”.
Para abril 2018 la cifra oficial y documentada de
homicidios, desde aquel diciembre 2006, era de 250.547 víctimas. El
promedio anual que, al momento de declararse dicha “guerra”, no llegaba a
las 9 mil víctimas, alcanzó en los años siguientes -hasta la fecha
indicada- un promedio anual superior a las 20 mil.
Todo ello sin contar a los desaparecidos, cuya cifra
oficial supera los 40 mil. Sus cuerpos ya no son buscados desde hace
varios años. (...)
El 1° de diciembre del año pasado asumió la
presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En febrero de este año,
el presidente imbuido de ideas progresistas, anunció el fin de la
estrategia seguida, por los dos presidentes que lo precedieron, contra
los narcos. Su saldo ya fue señalado.
En su lugar planteó otra estrategia centrada en la “pacificación”, cuyos principales aspectos se resumen en las ideas de: “Paz, reconciliación, perdón, amnistía y legalización”.
La decisión de liberar a este narco, el menor de los Guzmán, responde a
esa estrategia y “para evitar males mayores”. La sola mención de esta
circunstancia da una idea de la gravedad de la situación que atraviesan."
(Juan Guahán, Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la . Estrategia.La. 26/10/19)
"El jueves 17 de octubre, durante al menos tres horas, la ciudad de
Culiacán le perteneció por completo al Cártel de Sinaloa, aun cuando el
alcalde de la ciudad y el gobernador del estado se encontraban ahí.
Los conocimientos logísticos, tácticos y de la geografía de la región
fueron elementos que ayudaron al cártel a ganar la batalla contra las
fuerzas federales, los cuales ha desarrollado desde sus inicios en el Siglo XX sin que el Estado mexicano haya podido detectarlos ni neutralizarlos. (...)
La reacción de los grupos armados del cártel tras enterarse de la
presencia de los policías militares y la Guardia Nacional fue formar
anillos perimetrales mediante el bloqueo de los puntos de acceso de la
zona —la cual conocen bien— con autos y camiones incendiados.
El reporte dado a conocer por la Secretaría de la Defensa Nacional informó de 19 bloqueos en las vialidades
de la ciudad mediante la apropiación de 42 vehículos, dos de ellos
propiedad de esa dependencia. El perímetro que delimitan ocho de estos
sitios crea un anillo de tres mil 600 metros cuadrados cuyo centro es la
zona donde las autoridades afirman que capturaron a Ovidio Guzmán.
Las fuerzas federales solo pudieron ganar y resguardar uno de los
puntos de acceso de los nueve que hay en el área, el cual está ubicado
en la avenida Universitarios, en el Jardín Botánico. Pero no fue
suficiente.
Con este operativo los sicarios encerraron en ese perímetro no solo a
los elementos federales que pretendían ser los captores —y terminaron
siendo los capturados—, sino también a la población de Culiacán.
Además, bloquearon la autopista que va de la ciudad hacia el norte de
Sinaloa a la altura de la caseta de cobro de la sindicatura de Costa
Rica. También, de acuerdo con reportes oficiales y de la misma población
civil, bloquearon la vía de salida hacia el sur y el camino hacia el
pueblo llamado Mojolo.
Al ver estos bloqueos, estratégicamente colocados, podemos comprender
que Culiacán fue tomado por el crimen organizado durante al menos tres o
cuatro horas. No había otra autoridad en el lugar ni podrían haber
ingresado refuerzos por tierra.
Lo ocurrido el jueves acentúa una incógnita y reclamo que por largo
tiempo en Sinaloa le hemos hecho a los distintos gobiernos federales:
¿Por qué a pesar de la inversión millonaria
por parte de las autoridades en armamento, así como dispositivos y
tecnologías de vigilancia, información e inteligencia, el Cártel de
Sinaloa ha crecido de manera exponencial? ¿Por qué no se le ha
contenido?
La Secretaría de Gobernación, la de la Defensa Nacional y la Marina cuentan con análisis puntuales del modus operandi del cártel y los puntos vulnerables de Culiacán. Después de la derrota que sufrieron, deberían usarlos."
(Francisco Cuamea es director del centro de datos e investigación Buró de Información Estratégica. Revista de Prensa, 21/10/19. Fuente: The Washington Post)
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