"En Francia, cada dos días una mujer es asesinada por su pareja o expareja.
En lo que va de año, de hecho, ya suman 138 las víctimas por violencia
de género. Ante tales cifras, el Consejo de Europa plasmó, el pasado 19
de noviembre, su preocupación en un informe dedicado a subrayar las deficiencias del país galo
en materia de protección de las mujeres contra la violencia machista:
“A pesar de los progresos, las cifras relacionadas con la violencia
contra las mujeres y la impunidad de los agresores siguen siendo preocupantes”.
Hasta
ahora en un segundo plano, la sociedad francesa comienza a tomar
conciencia de la violencia machista y a denunciar los feminicidios,
exigiendo al Gobierno medidas más contundentes para proteger a las
víctimas. Materia en la que, al otro lado de los Pirineos, España aparece como un ejemplo a seguir.
“En la lucha contra las violencias conyugales, España como modelo”, “Contra las violencias conyugales, España a la vanguardia”, “España, pionero en la lucha contra las violencias contra las mujeres”.
Bajo estos titulares, la prensa francesa analiza las medidas
implantadas en España para proteger a las mujeres de la violencia de
género y reducir el número de feminicidios, especialmente las inscritas
en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004.
Varias medidas españolas atraen especialmente la atención en París:
la puesta en marcha de un teléfono específico de urgencia, la creación
de un sistema de asistencia social y apoyo jurídico especial, el
registro público del número de víctimas y los medios establecidos por el
Pacto Nacional de 2017 -unos 1.000 millones de euros durante cinco años
para financiar 200 medidas contra el maltrato doméstico-. Sin olvidar
el trabajo de sensibilización realizado por los medios españoles y la
atención mediática acordada a las víctimas de la violencia de género, un
factor esencial en la lucha contra las violencias machistas que, hasta
ahora, Francia ignoraba.
Mientras la legislación española es
presentada como un verdadero modelo a seguir, los medios galos también
resaltan sus limitaciones: en el centro de todas la miradas, la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra La Manada
que condenó por abuso sexual, y no por agresión, a los cinco hombres
que violaron en grupo a una joven de 18 años en las fiestas de San
Fermín en 2016. Aunque posteriormente el Tribunal Supremo dictaminó que fue una violación múltiple y no un abuso -elevando
la condena a 15 años- para la opinión pública francesa, el primer fallo
judicial evidencia ciertas disfunciones del código penal español.
“Durante
mucho tiempo considerados como banales sucesos, la violencia conyugal
es finalmente objeto de la voluntad política al más alto nivel del
Estado”, aplaudía el pasado 26 de noviembre el diario 'Le Monde' en una
tribuna titulada “Violencia conyugal: finalmente una toma de conciencia”.
Antes de recordar que “las estadísticas de las violencias contra las
mujeres son intolerables en un país que pretende, tras décadas de lucha,
apropiarse de la igualdad entre los sexos. Cada año, 220.000 mujeres sufren violencias en el seno de su pareja.
En 2018, 121 murieron. Si bien dos tercios de los homicidios o
tentativas de homicidios conyugales habían sido denunciados [lo que] no fue suficiente para proteger a las víctimas de sus agresores. En este tipo de casos, los sobreseimientos de las denuncias se han convertido en una regla”.
Justamente, las disfunciones del sistema judicial a la hora de abordar
la violencia de género aparece en el centro de todas las críticas. (...)
Convertido en ejemplo y también en un modelo a mejorar, España ha inspirado buena parte de las medidas anunciadas el pasado 25 de noviembre por el primer ministro francés, Édouard Philippe, destinadas a hacer frente a la violencia machista. El Gobierno de Emmanuel Macron
ha prometido 80 nuevos puestos de trabajo destinados a asistentes
sociales que estarán presentes en las comisarias para mejorar la
atención de las mujeres, la inauguración de una plataforma telefónica de
asistencia, la creación de 250 plazas de acogida y 750 alojamientos de
urgencia, la suspensión de la autoridad parental en caso de homicidio
conyugal y la generalización del uso judicial y policial de los
brazaletes electrónicos para evitar el acercamiento de los maltratadores
a sus víctimas. (...)
Solo el testimonio de la actriz francesa Adèle Haenel denunciando al director Christophe Ruggia
por los tocamientos y acoso sexual que sufrió cuando era adolescente ha
conseguido sensibilizar de manera generalizada a la esfera política,
mediática y social. A lo largo de su relato, publicado por el diario digital Mediapart,
la actriz, que con tan sólo 30 años cuenta con dos premios César,
renunciaba a acudir a los tribunales denunciando una justicia que
“ignora” a las víctimas y “condena muy poco a los agresores”: tan solo “una violación de cada cien”, lamentaba Adèle Haenel.
Tras
el impacto de su testimonio, que ha sacudido los pilares del cine
francés rompiendo un verdadero tabú, la Fiscalía de París abrió una
investigación por “agresión sexual y acoso contra una menor de 15 años”.
Tras esta iniciativa judicial, Haenel decidió presentar una denuncia
formal: “La justicia ha dado un paso, yo también debo darlo”, explicó la joven actriz.
El caso de Adèle Haenel podría suponer un cambio de paradigma en la sociedad francesa, decidida ahora a protagonizar una verdadera lucha contra la violencia de género,
capaz de movilizar a los medios de comunicación en esta batalla y
presionar al Ejecutivo para poner en marcha un dispositivo con los
medios suficientes para frenar los feminicidios y proteger a las mujeres
que sufren cualquier tipo de violencia de género." (Irene Casado, El Confidencial, 22/12/19)
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