"Hay imágenes que marcan una época, que quedan grabadas en el imaginario
colectivo de un país.
La que no podrán olvidar en años los italianos es
la que fotografiaron los vecinos de Bérgamo desde sus ventanas la noche
del 18 de marzo. Setenta camiones militares cruzaron la ciudad en medio
de un silencio sepulcral, uno detrás de otro, en una marcha lenta en
señal de respeto: transportaban cadáveres. Los llevaban a otras ciudades
fuera de Lombardía porque el cementerio, el tanatorio, la iglesia
convertida en tanatorio de emergencia y el crematorio en funcionamiento
24 horas al día ya no daban abasto.
La imagen plasmaba la magnitud de la
tragedia en curso en el área de Italia más afectada por el coronavirus.
Al día siguiente, el país amaneció con la noticia de que era el primero
en el mundo en muertes oficiales por Covid-19, la mayoría en la
Lombardía. Pero, ¿por qué la situación es tan dramática precisamente en
Bérgamo? ¿Qué es lo que ha pasado en esa zona para que en marzo de 2020
haya habido un 400% más de muertos que el mismo mes del año anterior?
El 23 de febrero los positivos en coronavirus en la provincia de Bérgamo
eran 2. En una semana, llegaban ya a 220; casi todos en Val Seriana. En
Codogno, población lombarda donde el 21 de febrero se detectó el primer
caso oficial de coronavirus, bastaron 50 casos diagnosticados para
cerrar la ciudad y declararla zona roja.
¿Por qué no se hizo lo mismo en
Val Seriana? Porque en este valle del río Serio se concentra uno de los
polos industriales más importantes de Italia, y la patronal industrial
presionó a todas las instituciones para evitar cerrar sus fábricas y
perder dinero.
Y así, por increíble que parezca, la zona con más muertos
por coronavirus por habitante de Italia –y de Europa– nunca ha sido
declarada zona roja, a pesar del estupor de los alcaldes que lo
reclamaban, y de los ciudadanos, que ahora exigen responsabilidades. Los
médicos de cabecera de la Val Seriana son los primeros en hablar claro:
si se hubiera declarado zona roja, como aconsejaban todos los expertos,
se habrían salvado centenares de personas, aseguran, impotentes.
La historia es aún más turbia: quienes tienen intereses en mantener las
fábricas abiertas son, en algunos casos, los mismos que tienen intereses
en las clínicas privadas. La Lombardía es la región italiana que más
representa el modelo de mercantilización de la sanidad y ha sido víctima
de un sistema corrupto a gran escala liderado por el que fue su
gobernador durante 18 años (del 1995 al 2013), Roberto Formigoni,
miembro destacado de Comunión y Liberación (CyL).
Era del partido de
Berlusconi, quien le definía como “gobernador vitalicio de la
Lombardía”, pero contó siempre con el apoyo de la Liga, que gobierna la
región desde que Formigoni se fue, acusado –y luego condenado– por
corrupción en la sanidad.
Su sucesor, Roberto Maroni, inició en 2017 una
reforma de la sanidad que recortó aún más las inversiones en la pública
y que prácticamente ha abolido la figura del médico de familia,
sustituyéndolo por la del “gestor”. “Es verdad, en los próximos 5 años
desaparecerán 45.000 médicos de cabecera, pero ¿quién va todavía al
médico de cabecera?”, dijo impertérrito en agosto del año pasado el
político de la Liga Giancarlo Giorgetti, entonces vicesecretario de
Estado del Gobierno Conte-Salvini.
La epidemia en la zona de Bérgamo, la llamada Bergamasca, se inició
oficialmente la tarde del domingo 23 de febrero, aunque los médicos de
cabecera –en primera línea de la denuncia de la situación– aseguran que
ya desde finales de diciembre atendían muchísimos casos de pulmonías
anómalas en personas incluso de 40 años. En el hospital Pesenti
Fenaroli, de Alzano Lombardo, un municipio de 13.670 habitantes a pocos
kilómetros de Bérgamo, ese 23 de febrero llegaron los resultados de los
tests de coronavirus de dos pacientes ingresados: eran positivos.
Dado
que ambos habían estado en contacto con otros pacientes y con médicos y
enfermeros, la dirección del hospital decidió cerrar las puertas. Pero,
sin ninguna explicación, las reabrieron pocas horas después, sin
desinfectar las instalaciones ni aislar a los pacientes con Covid-19. Es
más: el personal médico estuvo una semana trabajando sin protección; un
buen número de sanitarios del hospital se contagió y extendió el virus
entre la población. Los contagios se multiplicaron por todo el valle. El
hospital resultó ser el primer gran foco de infección: pacientes que
ingresaban por un simple problema de cadera acababan muriendo por
haberse contagiado de coronavirus.
Los alcaldes de los dos municipios más golpeados de la Val Seriana,
Nembro y Alzano Lombardo, esperaban cada día a las siete de la tarde que
les llegara la orden de cerrar la población, que era lo que habían
acordado. Todo estaba listo: las ordenanzas redactadas, el ejército
movilizado; el jefe de la policía les había comunicado los turnos que se
harían en las guardias y las tiendas estaban montadas. Pero la orden no
llegó nunca, y nadie supo explicarles por qué. En cambio, sí llegaron
continuas llamadas de los empresarios y dueños de las fábricas de la
zona, preocupadísimos por evitar a toda costa el cierre de sus
actividades. No se escondían.
Sin ningún pudor, el 28 de febrero, en plena emergencia por
Coronavirus –en 5 días se habían alcanzado los 110 infectados oficiales
en la zona, ya fuera de control–, la patronal industrial italiana,
Confindustria, inició una campaña en redes con el hashtag #YesWeWork.
“Tenemos que bajar el tono, hacer entender a la opinión pública que la
situación se está normalizando, que la gente puede volver a vivir como
antes”, dijo el presidente de Confindustria Lombardía, Marco Bonometti,
en los medios.
El mismo día, Confindustria Bergamo lanzó su propia campaña dirigida a
los inversores extranjeros para convencerles de que allí no sucedía
nada y de que ni de broma iban a cerrar. El eslogan era inequívoco: “Bergamo non si ferma / Bergamo is running” (Bérgamo no se detiene). (...)
Tan solo cinco días después estalló el enorme brote de contagios y
muertes que acabó siendo el más importante de Italia y de Europa. Pero
ni así retiraron la campaña, ni mucho menos se plantearon cerrar las
fábricas. Confindustria Bergamo agrupa a 1.200 empresas que emplean a
más de 80.000 trabajadores. Todos fueron expuestos al virus, obligados a
ir a trabajar, en buena parte sin medidas adecuadas –hacinados, sin
distancia de seguridad ni material de protección–, poniéndose en peligro
a ellos mismos y a todo su entorno. (...)
Un mes exacto después del primer caso oficial de coronavirus en Italia,
el sábado 21 de marzo, se llegó al triste récord de casi 800 muertos
diarios. Los gobernadores de la Lombardía y el Piamonte –otro gran polo
industrial– declararon que la situación era insostenible y que era
necesario detener la actividad productiva. Conte, que hasta entonces se
había mostrado contrario a la medida, apareció por la noche abrumado
para decir que sí, que ahora sí, se cerrarían “todas las actividades
económicas productivas no esenciales”. (...)
Confindustria se activó de inmediato e inició una ofensiva de presión
al Gobierno. “No se pueden cerrar todas las actividades no esenciales”,
decían en una carta al premier detallando sus exigencias. Los
industriales lograron que el decreto tardara 24 horas en ser aprobado y
que Conte aceptara sus condiciones. En efecto, el Gobierno había elegido
de qué parte estar, y no era la de los trabajadores.
Los sindicatos, en bloque, se pusieron en pie de guerra y amenazaron
con una huelga general si no se cumplía el cierre real de las
actividades productivas no esenciales. Confindustria había conseguido
que se añadieran a la lista de actividades que podían seguir funcionando
muchas que no eran de primera necesidad, como las de la industria de
armas y municiones. Además, incluyeron una especie de cláusula que
permitía, en la práctica, que cualquier empresa que declarase que era
“funcional” para una actividad económica esencial pudiese permanecer
abierta. Esto hizo que solo en un día, en Brescia, la otra provincia
lombarda golpeada por el coronavirus, más de 600 empresas que no estaban
en la lista de las esenciales iniciasen los trámites para poder
continuar en funcionamiento. (...)
Los trabajadores de las fábricas iniciaron protestas y paros mientras
los sindicatos negociaban con el Gobierno, que al final recapacitó. Se
eliminaron algunas actividades de la lista de las más de ochenta
consideradas esenciales, como la industria armamentística o los call-centers que
venden por teléfono ofertas no requeridas, y se restringieron las
industrias petroquímicas.
También se acordó que no era suficiente la
autocertificación de una empresa para pasar a ser considerada funcional
para una esencial, y el compromiso de tutelar el derecho a la salud de
los trabajadores que continuasen en las fábricas. Con todo, quedaron
puntos ambiguos en el decreto y hay una zona gris que permite a muchas
fábricas continuar abiertas. Del mismo modo, muchos obreros continúan (...)
Las fábricas de la Bergamasca continuaron prácticamente todas abiertas
hasta el 23 de marzo, cuando los contagios oficiales en la zona ya eran
casi 6.500. Una semana después, el 30 de marzo, a pesar del decreto de
cierre de “todas las actividades productivas no esenciales”, había 1.800
fábricas abiertas y 8.670 infectados oficiales en la zona. (...)
Ahora, frente a los miles de cadáveres y a una población que empieza a
convertir su dolor en rabia, todos se sacuden las culpas. El gobernador
de la Lombardía, el leghista Attilio Fontana, culpa al gobierno
central y asegura que no fue más estricto porque no le dejaron. En
realidad, si hubiera querido habría podido serlo, como lo fueron los
gobernadores de Emilia Romaña, Lacio y Campania, que decretaron zonas
rojas en sus regiones.
La verdad es que ninguna autoridad ha estado a la
altura, excepto los alcaldes de las poblaciones pequeñas, que son los
únicos que han reconocido –y denunciado públicamente– las presiones de
los industriales, que les asediaban a llamadas para intentar de todas
todas evitar o posponer el cierre de las fábricas. Desde una Bérgamo
herida y aún en shock, los ciudadanos empiezan a organizarse para pedir
que se esclarezcan los hechos y que alguien asuma, al menos, la
responsabilidad de haber permitido que los intereses económicos primasen
sobre la salud –es decir, la vida– de los trabajadores de la
Bergamasca. Muchos de ellos, por cierto, precarios." (Alba Sidera, CTXT, 10/04/20)
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