"En el punto 261 del programa de Unidas Podemos, en el apartado de Garantías
de Justicia Fiscal, se explicaba la creación de un impuesto a los que
más tienen para recaudar un 1% del PIB de patrimonios superiores a un
millón de euros, y de forma progresiva.
De acuerdo con los cálculos del banco suizo, España cuenta con
979.000 personas con un patrimonio de más de un millón de dólares
(897.000 euros al cambio). Nuestro país figura en octava posición de los
países que más han crecido en riqueza media por adulto (50.000
dólares) este año respecto a 2018, y en el puesto 16 entre los países
con mayor número de ultrarricos, es decir, personas cuyo
patrimonio supera los 50 millones de dólares. A nivel global, el estudio
registra 46,8 millones de millonarios en 2019, de los que un 2% son
españoles.
«Se trata de un impuesto similar al que se está proponiendo para la
UE y Estados Unidos. Tendrá un mínimo exento por primera vivienda de 400
000 euros y gravará con un 2 % los patrimonios de más de un millón de
euros, con un 2,5 % los patrimonios de más de 10 millones de euros, con
un 3 % los patrimonios superiores a los 50 millones y con un 3,5 % los
patrimonios de más de 100 millones de euros, de forma que la mayor parte
del impuesto recaiga sobre los mil patrimonios más altos del país. Este
impuesto sustituirá al actual impuesto sobre el patrimonio, que es
inoperativo, y no podrá bonificarse por parte de las comunidades
autónomas», se exponía en el programa.
Ahora, en un momento en el que la crisis sanitaria ha sacudido los
cimientos económicos de nuestro país, parece que este impuesto es más
necesario que nunca. Unidas Podemos anuncia que será planteado en la
comisión de reconstrucción económica y social y pretende recaudar un 1%
del PIB (11.000 millones de euros).
Para que la ciudadanía perciba como propias las políticas públicas
desarrolladas por el Estado y les conceda plena legitimidad, es
imprescindible que se cumpla un principio básico de justicia: que
contribuya más quien más tiene. En este escenario de expansión de la
desigualdad (desde la crisis, España es el segundo país de la UE donde
más ha crecido la desigualdad, hasta veinte veces más que la media
europea), aumenta una clase de superricos: un 1 % que, en 2016, ya
acaparaba una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20 %
más pobre solo posee el 0,1 % de la riqueza.
Se espera que el Gobierno desarrolle una serie de propuestas más a lo
largo de la legislatura para garantizar esa Justicia Fiscal: recuperar
la recaudación del impuesto sobre sociedades, perdida desde el inicio de
la crisis por las ventajas concedidas a las grandes empresas; mejorar
la progresividad fiscal del IRPF, igualando la tributación del trabajo y
del capital; establecer impuestos sobre las transacciones financieras y
de la banca, y dedicar una atención especial a los grandes
defraudadores fiscales." (Contrainformación.es, 12/05/20)
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