"(...) Ojalá España, en vez de ser un Estado miembro de la Unión Europea y formar parte de la Eurozona, fuera un banco.
Sí, no estoy diciendo una locura.
España es accionista del BCE. Tiene una participación ligeramente
inferior al 10% de su capital. Pero el artículo 123 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea establece que, ni nuestro país ni el
resto, pueden acudir al banco central de su propiedad para financiarse.
A partir de ahí, el mecanismo de expolio es sencillo: las entidades
financieras privadas reciben el dinero del BCE a bajísimo interés y
luego se lo prestan a los Estados haciendo negocio por el camino con las
respectivas deudas públicas.
Si España no fuera España y fuera España S.A con ficha
bancaria, podríamos acceder a la ventanilla del Banco Central Europeo en
las mismas condiciones que lo hacen el Banco Santander, BBVA, Sabadell o
el resto de entidades financieras.
He realizado el cálculo de lo que nos podríamos ahorrar si el Estado
español fuera tratado en condiciones de igualdad, ni mejor ni peor, que
los bancos privados. Y es un pastizal. (...)
nos habríamos ahorrado 33.000 millones de euros que es, ni
más ni menos que el 1,57% del PIB acumulado y supone el 26% de la deuda
pública total que tenían las Administraciones Públicas a final de 2019.
Ese sería el resultado de haber tenido un coste medio de nuestra deuda
del 2,16% en vez del que hemos tenido del 4,01%.
Más de 33.000 millones de euros se escapan cada año de las
arcas públicas sin que los defensores de la "estabilidad presupuestaria"
pongan el grito en el cielo. Lógico porque ese dinero público "no se ha
perdido". Se ha trasvasado al sector privado y ha enriquecido a los
grandes accionistas de las entidades bancarias y a quienes operan en los
mercados especulando con la deuda pública. Es un claro ejemplo de lo
que consideramos que es una deuda ilegítima.
Para que nos hagamos una idea de la magnitud, si ese dinero se
destinase a sanidad en vez de a engordar las cuentas de resultados de
grandes bancos y fondos de inversión, el presupuesto se podría
incrementar directamente un 45% cada ejercicio.
El expolio ha sido especialmente intenso desde el estallido de la
crisis ya que en estos doce últimos años se acumula el 95% del
sobrecoste que ha supuesto un 2,25% del PIB anual para las arcas
públicas. Y eso es especialmente doloroso porque, al mismo tiempo que se
discuten por parte de algunas personas, medidas como la del ingreso
mínimo vital que, según nuestras estimaciones, supondría un coste máximo
anual de 9.000 millones anuales, se entrega al sector bancario una
cifra casi 4 veces superior cada año sin que se les mueva un músculo de
la cara.
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