"Entramos en la segunda fase de la operación para intentar derribar al
Gobierno, es decir, alterar el resultado de las últimas elecciones.
La
cuestión es bien sencilla de entender: no se trata de que se considere
por parte de la oposición que la gestión de la crisis del coronavirus ha
sido nefasta y que por tanto haya que presentar en sede parlamentaria
una moción de censura, sino que desde el minuto uno no han aceptado el
resultado electoral y la crisis del coronavirus, independientemente de
la actuación gubernamental, es el acelerante para lograr sus objetivos.
Para cierta derecha, no sólo política, un Gobierno del PSOE con Unidas
Podemos es, sencillamente, el enemigo.
La primera fase de la operación se llevó a cabo en los momentos más
duros de la emergencia sanitaria. Por un lado, consistió en una
gigantesca campaña de intoxicación en las redes sociales más la
necropolítica, utilizar a las víctimas de la covid para afirmar que
estábamos en manos de unos irresponsables o unos asesinos, dependiendo
del nivel de abyección de la mano acusadora.
Mientras que la gran
mayoría de los ciudadanos de este país se comportaban de una manera
responsable y disciplinada, mientras que los servicios públicos y
sanitarios se empleaban a fondo, mientras que parte de la oposición
hacía aportaciones y críticas, algunos decidieron que era el momento de
desestabilizar al Gobierno de nuestro país. El patriotismo fantasmal de
Colón.
Ese "algunos" es la ultraderecha, compuesta por Vox y su turba de
agitadores, más los sectores del PP bajo la batuta del aznarismo,
especialmente los populares madrileños de Isabel Díaz Ayuso.(...)
La segunda parte de esta operación de derribo, la que ocupa este
artículo, ya ha comenzado y tiene que ver con el fracaso de la primera.
Aunque existe escepticismo ante la gestión previa del Gobierno, tanto la
propia actuación en el estado de alarma, como una situación igual de
grave en países como Italia, Francia y el Reino Unido, más la trágica
situación norteamericana, han venido a apuntar la sensación de que ni se
hizo tan mal ni viendo nuestra periferia se podía haber hecho mucho
mejor.
¿Cuáles van a ser las dos vertientes de esta segunda fase de la
operación? De un lado ya se está apostando por la guerra jurídica, del
otro por copiar la estrategia de Trump transformando las medidas
sanitarias en torno al confinamiento y su desescalada en una batalla de
"la libertad contra la tiranía". En este sentido, el numerito en la
calle Núñez de Balboa, propicia recordar la frase que John Lennon
pronunció en un concierto al que asistió la Familia Real: "el público
puede aplaudir, los del palco pueden hacer sonar sus joyas".
La guía del trumpismo apuesta por polarizar, sin importar que tus
detractores crezcan, siempre y cuando tus afines sean más numerosos.
Además, cada conflicto artificial que la política de la nitroglicerina
provoca tiene también la pretensión de fidelizar y cohesionar planteando
objetivos de consecución posible y un enemigo localizable. Todo se
acompaña de una narrativa apocalíptica y una intoxicación donde mientras
que se maneja la mentira con soltura se acusa a quien pretende
esclarecer los hechos de extender bulos. Lo cierto se difumina en una
sentimentalidad inflamada.
Ahora toca meter en la cabeza a sus huestes que España es una
distopía bajo un Gobierno tiránico. Ana Rosa Quintana dio el pistoletazo
de salida el lunes en su programa con un editorial al que sólo le
faltaron las imágenes de guardias con perros, alambradas electrificadas y
torres de vigilancia moviendo sus focos en una noche lluviosa. Vox
anuncia manifestaciones motorizadas. Alfonso Ussía escribía en su cuenta
de twitter: "Los golpistas nos quieren confinar 30 días más. No vamos a
permitirlo [...] DESOBEDIENCIA!". Si no fuera tan peligroso resultaría
divertido ver al "Nosferatu de Cortefiel" imitar al rock radical vasco
de los años ochenta.
Pero esto no es Estados Unidos ni todas las estrategias funcionan
mecánicamente en todas las situaciones. Si la ultraderecha, que no es
sólo Vox, apuesta por echar a los suyos a la calle puede generar
animadversión incluso en conservadores sensatos que sin ser afines al
Gobierno lo que quieren es proteger a los suyos y su actividad
económica. Ya no digamos en muchos otros ciudadanos, que al margen de
posicionamientos políticos, han entendido la gravedad de una crisis
sanitaria que, aun atenuada, no ha desaparecido ni de lejos. En política
se castigan los errores, pero se castiga aún más la irresponsabilidad.
La guerra jurídica, como decíamos, será la segunda vertiente de esta operación. El lawfare, conviene
apuntarlo, no es el control democrático del poder Judicial al
Ejecutivo, sino la utilización de instrumentos jurídicos con fines de
persecución política. En Latinoamérica, especialmente en Brasil y
Argentina, fue el método para destruir la imagen pública de sus
Gobiernos progresistas e inhabilitar su normal funcionamiento.
Los mazos
contra las urnas.
Esta guerra jurídica sólo va a tener recorrido si el sector más
reaccionario de la judicatura colabora. Y eso es mucho decir siendo más
sencillo demostrar prevaricación que encausar al Gobierno por un tema de
tan difícil recorrido jurídico como la respuesta a una pandemia. Hay
que recordar lo que costó sentar a Rajoy, tan sólo como testigo, en el
clamoroso caso Gürtel, a pesar de los SMS y demás hechos
comprometedores. Una cosa son las demandas y los titulares en los
pasquines, otra muy diferente el funcionamiento de la ley.
Por otro lado las estrategias de la movilización y la guerra jurídica
son terriblemente contradictorias, ¿cómo se acusa a un Gobierno de
imprevisión en una demanda y a la vez se ataca las medidas de contención
que ese Gobierno ha establecido? Es difícil anticipar cuál es el latido
de la opinión pública en un contexto tan cambiante, pero que los afines
a los ultras traguen con todo no quiere decir que el resto de la
ciudadanía lo haga.
Además de que las encuestas publicadas no han mostrado un desgaste
significativo a los partidos del pacto progresista, lo cual ya es mucho
para el huracán al que se han enfrentado, en tiempos de incertidumbre
las personas buscamos más la estabilidad que los jaleos. Hay muchos
ciudadanos que ya han visto la primera diferencia entre esta crisis y la
de la anterior década: no se han quedado a la intemperie gracias al
escudo social. Aunque esta segunda fase de la operación para tirar al
Gobierno hará que sus protagonistas ocupen espacios de actualidad,
realmente es la constatación de que han quedado en fuera de juego para
la política útil.
Y el ejemplo más constatable es la presidenta de la Comunidad de
Madrid. Incluso dentro del PP hay un descontento patente con las
"ayusadas" y el creciente tutelaje del aznarismo. Lo que funciona en un
barrio noble de Madrid no tiene por qué funcionar en Galicia. (...)
El escudo social no sólo son medidas laborales y económicas, es el mayor
acierto del Gobierno en esta crisis que debe ser transformado en un
escudo democrático. Frente a la antipolítica, la política útil. La
reconstrucción ha de pasar también por la eliminación definitiva de esas
pulsiones que hacen que unos pocos asuman que su criterio ha de
imponerse sobre el sufragio; por acabar con esas zonas de la maquinaria
estatal en las que no ha entrado la luz desde 1978; por fomentar la
fiscalización crítica de los medios, que es muy diferente a esa
anormalidad de que un micrófono, una cabecera o una pantalla otorgue la
capacidad de poner o quitar ministros; por dejar claro al poder
económico que, si quiere ser un actor legítimo en lo que viene, debe
asumir que las crisis no sólo las tienen que pagar los trabajadores; por
exigir a la derecha que se olvide de atajos y que entienda que allí
donde han coqueteado con los ultras han acabado siendo devorados por
ellos." (Daniel Bernabé, Público, 14/05/20)
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