"Las iniciativas tomadas ante la pandemia evidencian el escaso interés
real de nuestros partidos políticos por solucionar los profundos
problemas de nuestro sistema sanitario, o bien el desconocimiento de los
mismos. (...)
La primera, del Gobierno, fue dotar al sistema de los fondos necesarios
para afrontar el incremento de costes derivado de la epidemia. Para ello
creó el Fondo Covid-19 mediante el Real Decreto-Ley 22/2020, de 16 de
junio, al que dotó con 9.000 millones de euros no reembolsables ni
reductores de sus presupuestos previos para su reparto entre las CC AA
“con criterios asociados fundamentalmente al gasto sanitario”.
La norma
señala que “las transferencias realizadas con cargo a esta dotación no
tendrán carácter condicionado por lo que será responsabilidad de las CC
AA y ciudades con estatuto de autonomía destinar estos recursos a la
finalidad para la que han sido concedidos”.
La segunda, acordada con el Partido Popular, fue la creación de un grupo
de trabajo dedicado a la Sanidad y la Salud Pública dentro de la
Comisión de Reconstrucción Económica y Social, (...)
Las medidas adoptadas por diferentes CC AA en el plazo más inmediato
deberían ir dirigidas de manera preferente a reforzar la capacidad de
detección precoz de nuevos casos y el seguimiento de los contactos, y a
garantizar los medios para afrontar la protección, especialmente del
personal sanitario y grupos de riesgo, mediante los mecanismos de
contratación de personal y material que lo hicieran posible.
Sin
embargo, parecen orientadas en sentidos distintos: la oferta de
gratificaciones puntuales o incrementos salariales distintos al personal
sanitario por diversas CC AA, sin ninguna homogeneidad entre ellas; el
pago a las entidades privadas que han contribuido con sus medios a la
atención durante la epidemia con el mismo grado de heterogeneidad entre
distintas CC AA en las demandas y el cálculo en las compensaciones; o
incluso la construcción acelerada de nuevos centros de justificación
como poco dudosa, como el hospital “para pandemias” previsto en la
Comunidad de Madrid.
A la vez, se están produciendo dificultades e
incumplimientos en la contratación adicional de personal, en especial
del necesario para hacer un diagnóstico precoz de los nuevos casos y la
detección eficaz de los contactos, y la mejora de los servicios de
atención primaria. (...)
Por su parte, las actuaciones del grupo de trabajo sanitario
de la Comisión de Reconstrucción reflejan también contradicciones. Sus
análisis obviaron centrar sus objetivos en defectos regulatorios y
estructurales que el desarrollo de la epidemia puso de relieve (en el
campo de la Salud Pública y la vigilancia epidemiológica; en el de los
sistemas de información; en los mecanismos de compra, y en los de
gestión de centros sanitarios).
Por contra, el grupo optó
por realizar un examen general de la situación del sistema sanitario
que era probablemente incompatible con el poco tiempo asignado para
llevar a cabo su labor. Si a ello unimos el deseo por alcanzar acuerdos
con el mayor número de fuerzas políticas, objetivo pese a todo no
logrado, no es extraño que la Comisión haya emitido un dictamen carente
de concreción en todos los terrenos. (...)
El enfoque generalista, superficial e impreciso de los
análisis del grupo de trabajo ha llevado además a pasar de largo sobre
cuestiones concretas con relación muy directa con la pandemia y su
abordaje.
Es el caso de los tratamientos contra la infección (y en el
futuro de las vacunas), de los cuales hasta ahora tan solo ha recibido
un reconocimiento apresurado y parcial de su efectividad.
Esto no ha
sido obstáculo para que el laboratorio propietario de la patente haya
adelantado su intención de someter su distribución a un precio abusivo
cifrado en alrededor de 2.000 euros por tratamiento. Frente a esa
situación, las posibilidades de recurrir a la licencia obligatoria o la
renuncia a los derechos de monopolio de la patente están legalmente
abiertas a nivel internacional.
Que esas posibilidades no
se comenten siquiera en el ámbito parlamentario en situaciones como la
actual, pese a sus enormes potenciales repercusiones económicas sobre
nuestro sistema sanitario, son un buen indicador del deterioro del
escaso interés por parte de todo el arco parlamentario por nuestra
sanidad pública. Ésta, por el contrario, precisa con carácter urgente de
alternativas a sus problemas estructurales y funcionales, que están
conduciendo a su progresiva deslegitimación."
(Javier Rey del Castillo, médico, es portavoz de la Plataforma por la Gestión Federal de la Sanidad Universal. El País, 28/07/20)
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