"(...) Recomendaciones: resumen de propuestas
Es urgente y prioritario que se haga un
1) restablecimiento de los servicios esenciales de cuidado (escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia) anulados o reducidos por la pandemia;
2) universalización del derecho a la atención suficiente y de calidad de los servicios públicos que componen el 4º pilar del Estado del Bienestar;
3) reversión gradual de los contratos con empresas privadas;
4) aumento de las prestaciones de los servicios públicos y
5) desaparición progresiva de las prestaciones y desgravaciones relacionadas con el cuidado. El
compromiso para la implementación total debería ser de 5 años para
educación/atención a la infancia y de 10 años para la atención a la
dependencia.
Dentro del establecimiento de un nuevo sistema de atención/educación infantil (0-3 años) se deberían aprobar permisos
igualitarios para cubrir los 8 primeros meses (escolarización temprana o
servicio a domicilio en caso de familias monoparentales).
Para
ello se necesita una reforma del RD 6/2019 para permitir que, pasadas
las dos primeras semanas, los progenitores se tomen el permiso a tiempo completo y sucesivamente. Se requiere también, el reconocimiento del derecho universal a una plaza escolar
1) en una escuela pública de calidad,
2) con horarios suficientes,
3) próxima al domicilio; y que haga innecesarios los cheques guardería.
También se requiere un nuevo sistema de atención a la dependencia, mediante el establecimiento de un derecho universal a la atención suficiente por parte de los servicios públicos a base de:
1) aumentar la cobertura para atender a toda la demanda sin contar con el cuidado familiar,
2) con solo servicios públicos de gestión y provisión pública: revirtiendo privatizaciones, y
3) eliminar prestaciones y desgravaciones relacionadas con la dependencia.
El incremento neto (incremento del coste menos retornos
directos) del nuevo sistema de atención/educación a la infancia sería de
1.521 millones de euros, cantidad que se debería asumir durante el
periodo de implementación de 5 años. Por otro lado, en
los servicios de atención a la dependencia la propuesta permitiría
atender a 800.000 nuevas personas. El incremento neto total del gasto
público sería de 4.821 millones de euros, cantidad también asumible en
el periodo de implementación de 10 años.
Creación de empleo a través del 4º
pilar del Estado del Bienestar. La inversión de gasto público que
generará más empleo en España
En el año 2017 solamente un 13,3% de la población activa española trabajaba en el sector público, lo que representaba unos 3 millones de puestos de trabajo. Se trata de una cifra escasa si la comparamos con la situación de Suecia. En aquel país, en 2017 el empleo público alcanzaba al 27,3% de la población activa, más del doble que en el caso español.
La magnitud del impacto que podría tener en el mercado laboral español
transitar hacia un escenario similar al sueco se hace patente con la
siguiente cifra.
Tener en España un porcentaje similar de la
población activa trabajando en el sector público que en Suecia
significaría la creación de nada más y nada menos que de 3,2 millones de
puestos de trabajo, hasta alcanzar (con cifras de 2017) los 6,2 millones de trabajadores en el ámbito público.
La expansión y consolidación de los servicios asociados al 4º
pilar del Estado del Bienestar tendría un papel fundamental en esa
potencial creación de ocupación. La implantación total de un nuevo sistema de educación/atención infantil de primer ciclo gratuito y universal conllevaría la creación de unos 143.000
nuevos puestos de trabajo. Estos nuevos puestos de trabajo irían
asociados a efectos positivos para la economía como el incremento de los
salarios percibidos por las familias, de los ingresos a la Seguridad
Social y de la recaudación por IRPF.
Sumado a la cifra anterior, al ámbito de la atención a la dependencia se podrían crear más de 508.000 empleos públicos a tiempo completo, los cuales corresponderían a las categorías de
(1) atención directa y cuidados,
(2) funciones de hostelería en centros de día o residencias,
(3) mantenimiento de centros y servicios,
(4) personal especializado (médicos, trabajadores sociales...), y
(5) administración y gestión de los centros.
Además de estos empleos directos, se generarían previsiblemente otros efectos sobre el empleo debidos a las siguientes razones:
(i) necesidad de ampliar y adaptar la red de infraestructuras necesarias para suministrar los servicios de forma adecuada y suficiente,
(ii)
empleos indirectos en empresas proveedoras de productos relacionados
con la actividad hotelera o de actividades relacionadas con la rehabilitación y cuidados de salud,
(iii) afloración de empleo sumergido, al convertirse empleo privado precario en empleo público. También hay que señalar el efecto que un aumento en la renta disponible de determinadas familias tendría sobre el consumo y la demanda de empleo.
Por
otra parte, el hecho de que la mayor parte de las cuidadoras sean
mujeres, y su posible incorporación al mercado laboral,
independientemente de su cuantificación, tiene una importancia
fundamental en la configuración de un sistema de cuidados que contribuya
positivamente a la igualdad entre hombres y mujeres.
En total, 651.000 nuevos empleos públicos directos, no contaminantes y no deslocalizables, además de los empleos indirectos y del número de mujeres que, tras ser liberadas de sus cargas familiares, podrían incorporarse al mercado laboral (450.000
en base a estimaciones de acuerdo con varias experiencias
internacionales), sumando un total de 1,1 millones de puestos de trabajo. (...)"
(Vicenç Navarro . Resumen de la presentación a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, Público, 22/06/20)
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