Después de meses sin trabajo, Kadri había empezado a trabajar limpiando oficinas, pisos turísticos y residencias, y esto le permitiría dedicar el 30% de su sueldo a un alquiler, que el Ayuntamiento de Barcelona tenía que complementar hasta llegar a los 750 euros mensuales, a través de la Bolsa de Vivienda de Alquiler.
“El pasado julio me llamaron desde Vivienda para decirme que el 5 o 6 de septiembre firmaría el nuevo contrato con la propiedad, pero al día siguiente, por la mañana, me dijeron que la negociación se había roto, sin más explicaciones. Se me ha roto el corazón y la moral ha caído en picado”, relata Kadri. La Red de Vivienda de Horta-Guinardó, que le ha acompañado en todo este proceso, denuncia que nunca pudieron estar presentes en la mediación: “Fue poco transparente”, subraya la activista Lola Iglesias, quien añade que, a pesar de pedirlo, el Ayuntamiento nunca les enseñó un preacuerdo por escrito.
De hecho, el despacho de abogados del hijo de Pujol ha negado a La Directa que hubiera un preacuerdo, porque según el letrado, una persona inmersa en un procedimiento judicial, como es el caso de Oleguer Pujol, no puede recibir ayudas públicas y, por lo tanto, no puede acogerse a la Bolsa de Vivienda. En el momento de publicar el artículo, el Ayuntamiento no había aclarado hasta dónde había llegado la negociación.
Por todo ello, la Red pide que no se ejecute el desahucio del 17 de septiembre, un alquiler social para la familia y que el gobierno municipal se posicione y actúe para encontrar una solución. “Más teniendo en cuenta el historial del propietario”, que tiene varios procedimientos judiciales abiertos, puntualiza Iglesias.
Para Kadri, los problemas para hacer frente a los pagos empezaron hace dos años. Perdió el trabajo en un restaurante cuando le faltaba un día de cotización para tener derecho al paro y su mujer, por el hecho de encontrarse en situación administrativa irregular, no podía trabajar ni tampoco acceder a los circuitos de servicios sociales. Con un hijo pequeño y una hija en camino, tuvieron que empezar a hacer malabares para pagar 750 euros cada mes. Trabajos puntuales, informales e inconstantes hicieron posible aportar varias cantidades hasta noviembre de 2018.
A pie de calle, con el apoyo de la Red de Vivienda de Horta-Guinardó, consiguieron parar el primer desahucio el 25 de octubre de 2019 y también el segundo, el 3 de febrero, cuando el consistorio de Barcelona puso sobre la mesa la posibilidad de negociar un alquiler social.
El sector inmobiliario no es desconocido para Oleguer Pujol, quien, entre el 2009 y el 2012, efectuó varias grandes operaciones inmobiliarias millonarias, como administrador único de Drago Capital, y por las cuales está siendo investigado. (...)
A la vez, el pequeño de los Pujol también aparece a los papeles de
Panamá por comisiones opacas relacionadas con la compra de 1.152
oficinas del Banco Santander, que también están bajo la lupa de Mata." (Gemma García, El Salto, 08/09/20)
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