"La filtración de fragmentos de los informes diarios que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) remitió al Gobierno entre enero y marzo pasados ha servido al líder del PP, Pablo Casado, para acusar a Pedro Sánchez de desoír las alertas sobre la pandemia.
Sin embargo, lo que se ha filtrado de las notas, que parlamentarios del PP examinaron en el búnker del DSN en La Moncloa, son frases incompletas que alteran su significado. El episodio ha quebrado la confianza entre los dos grandes partidos en un campo muy sensible: la seguridad nacional.
El pasado 31 de julio, cuatro diputados del Grupo Popular, encabezados por su portavoz en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Juan Antonio Callejas, se encerraron en el búnker de La Moncloa y examinaron, durante horas, los informes de situación que el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) envió diariamente al presidente del Gobierno, los cuatro vicepresidentes, nueve ministros y cinco secretarios de Estado en las semanas previas a la eclosión de la pandemia del coronavirus en España.
El 30 de septiembre, dos de estos diputados, junto a tres senadores del PP, regresaron para completar la lectura de más de 200 documentos. Por su parte, los diputados de Vox Macarena Olona y Carlos Hugo Fernández-Roca bajaron el 21 de septiembre al refugio subterráneo para revisar los mismos textos.
El 5 de octubre, el diario El Mundo publicaba que Pedro Sánchez había recibido 11 alertas del Departamento de Seguridad Nacional sobre la peligrosidad del coronavirus entre el 24 de enero y el 14 de marzo y que las había desoído permitiendo la manifestación feminista del 8-M. La información se ilustraba con algunas frases de las notas que pocos días antes habían tenido en sus manos los parlamentarios del Grupo Popular y de Vox.
En La Moncloa no tienen ninguna duda de que la filtración procedió del PP. Entre otros motivos porque, aunque no se permitió hacer copias ni fotos de los documentos (los visitantes tuvieron que dejar sus móviles antes de bajar al búnker), los populares tomaron notas de su contenido, mientras que los de Vox se limitaron a leerlos.
El día 5, tras la publicación de la noticia en El Mundo, Olona escribió en su cuenta de Twitter: “Quien ha filtrado esta información demuestra que le preocupa muy poco la Seguridad Nacional. Quien ha interpretado y publicado los informes demuestra poco rigor con la realidad”. Por el contrario, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, pidió la comparecencia en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Iván Redondo, para dar cuenta de unos informes que, a su juicio, probaban que Sánchez fue advertido de la amenaza que suponía el coronavirus y, al permitir el 8-M, puso “la ideología por delante de la salud”.
Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, exigió en un tuit “responsabilidades por ocultar 11 alertas oficiales y saber cuántos muertos y parados se hubieran evitado sin esas mentiras”. Una acusación tan grave que resulta difícil pensar que se basaba solo en la información periodística.
El PP llevaba desde marzo peleando por acceder a los informes diarios del DSN. Su diputado Juan Antonio Callejas alegaba que esos documentos no están clasificados en ninguna de las categorías previstas en la ley de secretos oficiales. El Gobierno replicaba que toda la información que maneja el Sistema de Seguridad Nacional es de “uso oficial” y, por tanto, de difusión limitada a sus usuarios.
Lo cierto es que, si las notas hubieran estado clasificadas como secretas, no se hubieran podido remitir cada mañana a las ocho, a través del correo electrónico, a los teléfonos móviles de ministros y altos cargos, como se hace ahora, sino que hubieran debido transmitirse a través de canales reforzados de comunicación, lo que hubiera demorado su distribución. (...)
Lo sucedido tendría ribetes de esperpento si no fuera por el dramatismo de la situación y porque, en el fragor de la batalla, se ha quebrado la confianza entre los dos principales partidos en un asunto extremadamente sensible (la seguridad del Estado), que hasta ahora se había mantenido al margen de la bronca partidista incluso en las etapas de mayor polarización.
Será muy difícil, admiten fuentes gubernamentales,
recuperar la complicidad que existía cuando José Enrique Serrano era
mano derecha de Zapatero y Jorge Moragas de Mariano Rajoy y los
fontaneros del Gobierno y la oposición compartían confidencias sobre la
amenaza yihadista o el reto independentista catalán." (Miguel González, El País, 12/10/20)
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