"El jueves 2 de junio, el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, aprobó la modificación de la ley de transportes con el objetivo de favorecer claramente a las empresas de VTC ('vehículo con conductor'), como Uber, Cabify y Bolt, hecho ante el que el sector del taxi ha manifestado su absoluto rechazo.
Después de unos años muy duros, en los que el sector del taxi ha visto caer su facturación hasta un 80%, y en los que, a pesar de todo, siempre ha mostrado su espíritu solidario, prestando servicios a los colectivos más vulnerables, pacientes y personal sanitario, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha decidido darles la espalda.
Lo ha decidido porque se trata de una maniobra más en el acoso del gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid contra el taxi, tras años de acoso en forma de inacción por un lado y de chanchullos legislativos por otro.
Con esta ley, Isabel Díaz Ayuso se ha pasado de la raya, actuando de forma ilegal y arbitraria contra el taxi, y permitiendo a las VTC realizar una competencia desleal, esquivando una ley estatal y haciendo legal su incumplimiento.
Una ley estatal, el llamado decreto de Ábalos (Ley 13/2018), por el que el Gobierno prohíbe a los vehículos VTC realizar trayectos urbanos, primero porque no tienen ni han tenido nunca autorización para ello, segundo, por el perjuicio que han creado en las ciudades, con miles de vehículos circulando sin control, de forma ilegal, perjudicando tanto la movilidad como la sostenibilidad y sobre todo la salud de las personas; y por último, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que establece que la ratio de un VTC por cada 30 taxis se ajusta plenamente a la ley por razones de interés general. Un ratio que los diferentes gobiernos del PP nunca han cumplido: hoy debería haber 500 vehículos VTC en Madrid, cuando en realidad hay 9.000.
El decreto de Ábalos sólo da competencias al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso para que lo aplique y prohíba a los VTC hacer trayectos urbanos, pero que en ningún caso permite crear una legislación paralela a favor de estas empresas. A pesar de ello, Isabel Díaz Ayuso ha legislado sin embargo, y sin el consenso del sector del taxi para favorecer de nuevo a tres grandes plataformas internacionales de VTC, que evaden impuestos, han sido condenadas por vulnerar los derechos de los trabajadores y están siendo investigadas por vulnerar también los derechos de los consumidores.
Este es el motivo por el que nos manifestamos en las calles esta semana: la lucha de un sector contra un gobierno que no respeta las leyes, ni los derechos de los ciudadanos, ni por supuesto a las 25.000 familias que viven del taxi en la Comunidad de Madrid, y que han sido condenadas a la ruina por el gobierno del Partido Popular.
Por eso es el momento de estar más unidos que nunca: el taxi, la sanidad, la educación... y todos los que defendemos los servicios públicos tenemos una responsabilidad y un compromiso: recuperar el valor de los servicios públicos y colectivos. Hay alternativas que pasan por proteger el interés general frente a quienes sólo quieren beneficiar a sus amigos. Hay otra forma de gobernar, y en la Comunidad de Madrid también lo vamos a conseguir."
(Carlos Rodríguez Expósito, responsable de Proyecto Taxi en Madrid, y Vanessa Millán Buitrago, teniente de alcalde, concejala de Transición Ecológica y portavoz de Podemos en Rivas Vaciamadrid, Brave new Europe, 03/06/22)
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