"La destitución y el arresto del presidente Castillo en Perú tiene paralelos ineludibles con el acoso mediático y judicial en Argentina en contra de la vicepresidenta Cristina Fernández, con la persecución mediática, legislativa y judicial que depuso a Dilma Rousseff en Brasil y llevó a la cárcel al ahora presidente electo Lula da Silva, así como con la ilegal destitución de Lugo en Paraguay.
El golpe legislativo perpetrado el miércoles en Perú representa la apuesta de las élites para cortar de tajo cualquier intento de emprender la urgente renovación institucional que el pueblo peruano exige y merece y poner otro escollo a la posibilidad de rearmar el proceso de integración regional. (...)
Lo que se produjo en Perú fue un golpe de Estado parlamentario con apoyo militar que destituyó al maestro rural y sindicalista Pedro Castillo, detenido por su propio jefe de custodia y trasladado a un cuartel en Lima, para que asumiera la vicepresidenta Dina Boluarte, quien no fue electa para ese ni otro cargo, traicionando así el mandato popular para sumarse el golpismo.
Pedro Castillo fue elegido por el voto popular con la promesa de convocar a un proceso constituyente que pusiera fin al caos político y permitiera devolver una gobernabilidad mínima a una nación que hoy por hoy se encuentra sumida en una especie de dictadura parlamentaria.
Sabía que debía sacar a las calles al pueblo de las regiones históricamente olvidadas por las élites y las clases medias y altas de Lima, que con un 35% del padrón electoral, había definido siempre quién sería el Presidente, para llegar a una nueva Constitución en sustitución de la promulgada por el dictador Alberto Fujimori en 1993. En Perú hay un Parlamento unicameral, pensado como contrapeso al poder presidencial, hiciera surgir un poder capaz de generar los equilibrios necesarios.
El GAN propuso una tregua de 100 días e hizo una invocación al diálogo, pero ninguna de las partes aceptó. Castillo nombró a Betssy Chávez, una ministra ya censurada por el Congreso, como presidenta del Consejo de ministros en reemplazo de Aníbal Torres, buscando que el Congreso le negara la confianza cuando presentara a su nuevo Gabinete en un plazo máximo de 30 días. Al denegarse por segunda vez, el Ejecutivo estaría facultado a disolver constitucionalmente el Congreso y a convocar a nuevas elecciones.
Pero el juego se terminó el 7 de diciembre con su anuncio del quiebre institucional. El Consejo Permanente de la OEA celebró en Washington una sesión extraordinaria, en la que su secretario general, Luis Almagro, llamó al diálogo y tildó de “alteración del orden constitucional” las acciones de Castillo (disolver el Parlamento), y casi inmediatamente, reconoció a Boluarte como nueva presidenta.
En la sesión de la OEA hubo algunas voces que alertaron sobre la constante conspiración que enfrentó Castillo, y el gobierno de México comunicó que ofreció asilo político para el presidente destituido, a quien ahora le espera un proceso penal, motorizado por un poder judicial que también colaboró en ponerlo contra las cuerdas, por intentar dar un golpe de Estado.
Los procesos destituyentes
Las derechas latinoamericanas han sustituido los sangrientos cuartelazos y las dictaduras militares por campañas de difamación y de siembra de odio y de pánico, por la subversión y la ingobernabilidad inducidas por el llamado y por las asonadas legislativas.
La condena a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Krichner es un nuevo capítulo de la articulación en América Latina de los poderes judiciales, económicos y mediáticos contra los gobiernos populares como ha sucedido estos últimos años.
A su imposibilidad de apelar al Poder Militar como disciplinador como en el siglo XX apelan a los otros poderes del Estado. Ahora lo que se trata no es sólo de proscribir a Cristina e inhabilitarla políticamente, sino de desmantelar un movimiento popular que no pudieron destruir en el pasado y seguramente tampoco lo podrán hacer ahora.
El apuro de Washington
Washington reaccionó dando luz verde al golpe de Estado antes de que ocurriera y festejándolo una vez consumado: cuando Castillo anunció la disolución del Congreso, el inicio de un gobierno de emergencia excepcional, la reorganización del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, la embajada estadunidense en Lima rechazó categóricamente cualquier acto extraconstitucional para impedir que el Congreso cumpla con su mandato,.
Y llamó a revertir el intento de cerrar el Parlamento para proseguir el funcionamiento normal de las instituciones democráticas. El jueves, el Departamento de Estado elogió a las instituciones peruanas y a las autoridades civiles por asegurar la estabilidad democrática o sea para seguir su libreto de golpe blando. Ya un portavoz del Departamento de Estado había declarado que considera a Castillo un “ex presidente”. (...)
El sabotaje parlamentario contra el gobierno de Castillo fue permanente en estos 16 meses.
Ésto obligó a realizar 60 cambios en el gabinete en ese lapso, y que en los últimos seis años ha removido a tres presidentes. ¿Es normal el funcionamiento de las instituciones para referirse a un sistema político que desde 2016 ha impedido el desarrollo completo de un término presidencial y ha hecho desfilar a seis presidentes, con episodios tan bochornosos como la presidencia de cinco días de Manuel Merino o la juramentación de Mercedes Aráoz sin siquiera permitirle llegar a ocupar el cargo?.
La profunda disfuncionalidad del sistema político vigente solo favorece a la derecha oligárquica y a las imposiciones de Washington para la elección de otro presidente corrupto (siete de los últimos 11 presidentes han sido procesados por este cargo), o dejar el país en manos de un Parlamento con poderes omnímodos, lo que haría imposible gobernar el país. (...)" ( , Rebelión, 13/12/2022)
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