"¿Deberíamos haber boicoteado el Mundial de Qatar? Probablemente no. Dado que siempre hemos aceptado participar en competiciones deportivas con regímenes alejados de la democracia social y electoral, empezando por China (Juegos Olímpicos de 2008) y Rusia (Mundial de 2018), el boicot a Qatar se habría interpretado como una nueva muestra de la hipocresía de los occidentales, siempre dispuestos a dar lecciones a unos pocos países pequeños cuando les conviene, mientras siguen haciendo negocios con todos aquellos que les aportan suficiente dinero.
Aunque optemos por no boicotear, eso no significa que no debamos hacer nada. Al contrario: debemos actuar sobre la palanca comercial, que es mucho más eficaz que la palanca deportiva. Es hora de que cada país redefina las condiciones del comercio con otros territorios, según criterios universales de justicia que se apliquen a todos por igual. En el caso de Qatar, las violaciones de los derechos fundamentales han quedado demostradas, ya se trate de los derechos de las mujeres, de los derechos de las minorías sexuales o de los derechos sociales y sindicales.
¿Deben introducirse derechos de aduana del 10%, 30%, 50%, deben concentrarse las sanciones en determinadas mercancías o en las transferencias de capital, para que sean sobre todo las clases ricas y dirigentes las que paguen el precio? No me corresponde a mí decidirlo: corresponde a la deliberación democrática hacerlo y colocar el cursor en el nivel adecuado.
Lo que es seguro es que el argumento de que nunca podremos ponernos de acuerdo y que, por tanto, no debemos hacer nada y limitarnos a aplicar el libre comercio absoluto a todo el mundo, es increíblemente hipócrita, nihilista y antidemocrático. Por miedo a la democracia, acabamos sacralizando el libre comercio y la libre circulación de capitales sin límites, sin intentar siquiera someter estas reglas a ningún objetivo colectivo. Cuando en 2019 el régimen chino destruyó ante nuestros ojos el pluralismo electoral en Hong Kong, la única reacción de la UE fue proponer a Pekín una nueva liberalización de los flujos de inversión.
La segunda razón para redefinir el régimen comercial es, obviamente, la crisis medioambiental. En 2022, seguiremos comerciando con China y el resto del mundo sin siquiera intentar aplicar derechos de aduana correspondientes a las emisiones de carbono vinculadas al transporte y la producción de estas mercancías, en flagrante contradicción con los objetivos climáticos. Lo mismo ocurre con el dumping fiscal y social: si un país exporta mercancías sin respetar una base mínima común, no sólo es legítimo sino indispensable imponer aranceles para restablecer el equilibrio.
La tercera razón está relacionada con el hecho de que cada país tiene derecho a elegir una especialización productiva y a proteger los sectores que considere estratégicos. El mejor ejemplo actual es el de las baterías y los coches eléctricos. Después de haber hecho lo mismo con los paneles solares, China subvenciona masivamente a sus empresas para que se hagan con el control del sector. Estados Unidos ha seguido su ejemplo. Sólo Europa se queda rezagada, como en el caso de la bonificación francesa de 6.000 euros por la compra de un vehículo eléctrico, que se aplica independientemente de dónde se produzca, mientras que la bonificación estadounidense de 7.500 dólares se reserva a las baterías y vehículos producidos en Estados Unidos.
Ante este previsible colapso social e industrial, ¿qué puede hacer un país como Francia? La única solución es que cada país fije sus propias condiciones para una mayor integración económica y comercial, en términos de respeto de los derechos fundamentales, lucha contra el dumping climático y fiscal, y protección de los sectores estratégicos. Estas condiciones deben incluir aranceles y subvenciones en función del lugar de producción.
Algunos se sobresaltarán: si Francia adopta unilateralmente tales normas, ¿no se trata de una clara violación de los tratados europeos firmados en el pasado? La respuesta es más compleja. Paralelamente a cualquier acción unilateral, son necesarias propuestas ambiciosas de medidas colectivas, incluida una nueva forma de federalismo social. Europa debe estar al servicio de la mejora social: los países que lo deseen deben poder adoptar juntos las políticas comerciales, sociales y fiscales complementarias que les parezcan adecuadas, pero ello no debe impedir que cada país adopte sus propias medidas.
En cuanto a las medidas unilaterales de protección, la legislación europea es más ambivalente de lo que parece. El artículo 3 del Tratado de Lisboa afirma que los objetivos de la UE son la democracia, el progreso social y la protección del medio ambiente. ¿Cómo sirve a estos objetivos destruir puestos de trabajo industriales importando todos los equipos de China, sin tener en cuenta los perjuicios sociales y las emisiones de carbono que ello implica? Algunos argumentarán que nuestra prosperidad depende del libre comercio, olvidando que no es gracias a China que el poder adquisitivo europeo se ha multiplicado por diez en el último siglo (el comercio chino sólo representa, en el mejor de los casos, un pequeño porcentaje de este aumento).
En cualquier caso, el debate debería ser político, no jurídico. El hecho de que gobiernos pasados firmaran tratados constitucionalizando el libre comercio, en un momento en que se temía la soberanía en Europa y se ignoraban los problemas actuales, no puede llevar a atar indefinidamente las manos de las generaciones futuras. Más que nunca, el derecho debe ser una herramienta de emancipación y no de conservación de posiciones de poder. Es repensando el federalismo y el proteccionismo como se puede superar la crisis actual."
(Thoma Piketty, blog Le Monde, 13/12/22; traducción: Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)
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