"El miércoles [20 de septiembre] se presentó en España el primer intento de perseguir penalmente a los responsables de una plataforma de reparto de comida a domicilio por falsa autónomía.
El Observatorio de Trabajo, Algoritmos y Sociedad (TAS) ha presentado la querella en colaboración con las organizaciones de trabajadores RidersXDerechos y Proyecto Taxi 2.0, y ha afirmado en un comunicado que la iniciativa "pretende ser un primer paso y abrir la puerta a un proceso penal".
El Gobierno español reformó el Código Penal el año pasado para que el falso autónomo pueda ser tratado como un delito penal. Los directivos de las empresas pueden enfrentarse a penas de prisión de seis meses a seis años, así como a multas, si "imponen condiciones ilegales a sus trabajadores contratándolos bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o los mantienen en contra de un requerimiento o sanción administrativa".
La denuncia judicial de TAS es la primera vez que el Código Penal reformado se pondrá a prueba en la práctica.
La negativa de Glovo a contratar a sus repartidores.
Desde hace años, la cuestión de si los ciclistas son empleados o contratistas independientes es uno de los principales conflictos entre la Administración y las plataformas de economía colaborativa. Emplear a "riders" conlleva costes adicionales para las plataformas, como pagar a los trabajadores por todo el tiempo que estén en el trabajo, cotizar a la Seguridad Social y pagar prestaciones como bajas por enfermedad y vacaciones.
Glovo, con sede en Barcelona, es la mayor plataforma de reparto de comida a domicilio de España y ha acumulado más de 200 millones de euros en multas de la Inspección de Trabajo del Gobierno español por contratar falsamente a sus repartidores como autónomos. El Tribunal Supremo dictaminó en 2020 que los repartidores de Glovo eran empleados, y más de 50 casos judiciales más en España llegaron a la misma conclusión.
En 2021, el Gobierno español aprobó la "Ley Stop Falsos Autónomos", más conocida como Ley del Motociclista, que dio rango legislativo a las conclusiones del Tribunal Supremo.
En respuesta, Glovo, propiedad desde 2021 de la multinacional alemana Delivery Hero, retocó su modelo laboral, pero siguió contratando a sus repartidores de restaurantes como autónomos.
La empresa alega que el nuevo modelo se ajusta a la Ley de Riders, pero expertos en derecho laboral lo han rechazado, y el catedrático de derecho laboral de la Universidad de Valencia Adrián Todolí ha afirmado que "la redacción de la Ley de Riders" deja "muy poco margen para otra cosa que no sea la contratación laboral de los riders." No obstante, a Glovo se unió Uber Eats, que pasó de un modelo de subcontratación para emplear a los riders tras la introducción de la Ley de los Riders a un modelo mixto de subcontratación y autoempleo en agosto de 2022, alegando que la falta de aplicación de la Ley de los Riders les había dejado en desventaja competitiva.
Desde entonces, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha intentado aumentar la presión sobre la empresa, introduciendo cambios en la Inspección de Trabajo en marzo de este año para que las multas fueran mayores y se impusieran con mayor rapidez. Con las inspecciones de Trabajo en curso durante el periodo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley Rider, Delivery Hero se prepara ahora para pagar multas por un total de hasta 400 millones de euros, casi la mitad del precio de compra de Glovo.
Tras las elecciones generales de julio, en las que en un resultado sorprendente el Gobierno de coalición de izquierdas de PSOE y Sumar parece haber hecho méritos suficientes para mantenerse en el poder, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, dijo que se había puesto sobre aviso a las plataformas de reparto de comida a domicilio de que el Gobierno actuaría en relación con el cambio del Código Penal.
"Hemos requerido formalmente a estas empresas para que cumplan la ley, para que sean conscientes de que, si no lo hacen, ya no es sólo un problema de sanciones económicas, sino también un problema de sanciones penales", dijo Rey.
En una crítica tácita a la celeridad del Gobierno en hacer cumplir las leyes, TAS, que es una coalición del sindicato de taxis Elité Taxi Barcelona y RidersXDerechos contraria a Uber y que tiene como objetivo defender los intereses de los trabajadores de la economía de plataformas, ha dicho que no creen que la responsabilidad de llevar adelante esta causa penal deba "haber recaído sobre el Observatorio y las entidades colaboradoras; es decir, sobre los trabajadores".
Particularidades
Los aspectos concretos de la querella judicial son tres: Por "fraude a la Hacienda Pública" por cotizaciones fiscales falsas e incompletas, lo que incluye "obligar a los empleados a emitir una factura que es falsa", "defraudar el IVA" y "defraudar a la Seguridad Social." Por contratar a trabajadores en régimen de "falso autónomo", lo que ha supuesto "un grave perjuicio para sus condiciones laborales y de seguridad social".
Por "imponer condiciones legales y de seguridad social a los trabajadores en su perjuicio", lo que les ha "llevado a realizar transferencias económicas mediante engaño".Núria Soto, miembro de RidersXDerechos y jinete de la cooperativa de reparto de comida a domicilio 'Mensakas' de Barcelona, ha afirmado que el incumplimiento de la legislación laboral "merece desde hace tiempo un proceso penal", ya que "estas empresas se aprovechan de las necesidades de los trabajadores y juegan con sus vidas"
"Además, si queremos seguir garantizando un marco de derechos laborales adquiridos y derechos públicos, no podemos permitir que se sigan produciendo estos fraudes a la Seguridad Social y a Hacienda", añadió.
Tito Álvarez, dirigente de Elité Taxi Barcelona, ha afirmado que la denuncia judicial es "pionera en España y estamos convencidos de que los tribunales verán pruebas suficientes para imputar todos los presuntos delitos que son muy evidentes por parte de Glovo."
Felipe Corredor, también miembro de RidersXDerechos que fue despedido como rider de Deliveroo, ha declarado: "No puede ser que los trabajadores se vean obligados a saltarse las cuotas de autónomos o las responsabilidades fiscales por pura necesidad y la administración les castigue implacablemente, sin tener en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad; y sin embargo estas empresas cometan fraude impunemente durante años y años." Un portavoz de Glovo dijo que no podían responder a los detalles concretos de la denuncia legal de TAS porque aún no se les había notificado, pero reiteró su posición de que "confían en que nuestro modelo operativo lanzado en España en agosto de 2021 cumple con todos los requisitos regulatorios."
Evolución europea
En abril del año pasado, dos antiguos directores generales de Deliveroo Francia fueron condenados a 12 meses de prisión en suspenso, a pagar una multa de 30.000 euros cada uno y a cinco años de inhabilitación para dirigir una empresa por falsos autónomos. Un tercer ejecutivo fue declarado cómplice y condenado a cuatro meses de prisión con suspensión de pena y a pagar una multa de 10.000 euros.El caso francés, que también fue presentado por una coalición de sindicatos y colectivos de jinetes, ha sido la primera vez que se ha responsabilizado penalmente a ejecutivos de plataformas por falsos autónomos en Europa. Aunque la mayoría de los tribunales han considerado que los riders son empleados, las plataformas han respondido a estas sentencias pagando multas y continuando con el mismo modelo laboral.
El caso francés, que también fue presentado por una coalición de sindicatos y colectivos de riders, ha sido la primera vez que se ha responsabilizado penalmente a directivos de plataformas por falsos autónomos en Europa. Aunque la mayoría de los tribunales han considerado que los riders son empleados, las plataformas han respondido a estas sentencias pagando multas y continuando con el mismo modelo laboral.
El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE están actualmente inmersos en intensas negociaciones sobre la Directiva de Trabajo en Plataformas, que podría suponer que los trabajadores de plataformas se consideren legalmente empleados en los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
Uber advirtió el miércoles [20 de septiembre] de que un estatuto laboral en la Directiva provocaría un aumento del desempleo y de los precios para los clientes.Anabel Díaz, directora de la división de movilidad de Uber en Europa, declaró lo siguiente en el FT: "Si Bruselas obliga a Uber a reclasificar a conductores y mensajeros en toda la UE, podríamos esperar una reducción del 50-70% en el número de oportunidades de trabajo"." (Brave New Europe, 20/09/23; traducción DEEPL)
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