"En 2022, 31 personas fueron detenidas en el marco de acciones del “ecologismo radical”, según la Fiscalía General del Estado en su memoria anual.
Cinco de ellos —todos científicos— fueron detenidos en Munich en una acción de protesta contra las emisiones del sector del transporte en la sede de BMW. Otros 14 fueron detenidos por teñir de rojo las escalinatas y columnas del Congreso para denunciar la inacción climática en un mundo que según el secretario general de la ONU, António Guterres, ha entrado en un periodo de “ebullición global” y este verano ha batido todos los récords de temperatura y deshielo.
En total, el Ministerio Fiscal, recoge un total de 26 acciones realizadas por estos grupos en 2022 —entre concentraciones “ilegales” y daños al patrimonio privado y público— dentro del capítulo dedicado al terrorismo, un lugar en el documento presentado que comparte con la “izquierda radical” y el movimiento antifascista. Todos estos colectivos son considerados como “amenazas”, según el lenguaje de la Fiscalía, a pesar de que las infracciones reseñadas no pasan de concentraciones no comunicadas y daños materiales. (...)
Según el colectivo de abogados Red Jurídica, “preocupa, y mucho, que se llame ‘manifestación ilegal’ a una manifestación no comunicada a Delegación de Gobierno, o a una manifestación que continúa más allá de su recorrido. Sus promotores pueden ser sancionados, pero eso no la convierte en ilegal”.
Según Red Jurídica, “llama la atención también que, pese a que ciertos grupos pueden cometer ‘sabotajes de escasa entidad’ se acuerde la vigilancia y seguimiento exhaustivo de anarquistas”. (...)
Estos movimientos y colectivos comparten capítulo con la violencia de la extrema derecha, que ha dejado 14 detenidos en 2022. La actividad de esos grupos no está definida expresamente como “actividad terrorista” —como sí lo está el “anarquismo insurreccionalista”— a pesar de que los delitos reseñados incluyen incautación de armas blancas, lesiones con agravante de odio, pertenencia a grupo criminal y “promoción/incitación pública al odio”. (...)
La Fiscalía vincula el crecimiento de la acciones del “ecologismo radical” con el contexto mundial. “Los colectivos ecologistas, al igual que está ocurriendo a nivel internacional, han incrementado notablemente su actividad, tanto cuantitativa como cualitativamente”, señala. Según su análisis, estos colectivos han pasando “de las habituales acciones reivindicativas de ‘desobediencia civil no violenta’ a realizar acciones de mayor calado que al contrario de las anteriores ya no tienen tanta aceptación y beneplácito en el conjunto de la ciudadanía”.
En concreto, el informe hace referencia a las acciones realizadas en diferentes museos, que, dicen, “no han sido bien acogidas, siendo numerosas las críticas recibidas”. (...)
A la iniciativa de Extinction Rebellion y “sus grupos satélites”, la Fiscalía señala que “ahora es Futuro Vegetal quien está acaparando las acciones, especialmente en el marco de su campaña contra el sector cárnico”. Esta institución considera como probable que las acciones ecologistas continúen o, incluso, que se incrementen, “al incorporarse cada día más jóvenes a estos grupos que defienden modelos de sociedad sostenible”. (Martín Cúneo, El Salto, 09/09/23)
"Hace pocos días el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Memoria Anual de la Fiscalía, un informe que, entre otras cosas, recoge “la evolución de la criminalidad” en el ejercicio correspondiente, en este caso el año 2021.
Entre las 1.551 páginas que contiene, destaca una, dentro del apartado dedicado al terrorismo internacional, donde se detalla la relación de acciones del llamado “ecologismo radical violento”, considerado un “extremismo” de izquierda y una amenaza para la seguridad ciudadana.
Específicamente, se cita la actividad del grupo Extinction Rebellion,
que, como si se tratase de un esqueje de olivo, “se ha implantado en
España”. No deja de resultar paradójico el uso de una metáfora
procedente de la naturaleza para criminalizar a un colectivo de
científicos y activistas encargados de su defensa dentro de un contexto
de emergencia climática y ecológica, según advierten desde su página web.
Pero, dejando al margen ciertos deslices lingüísticos, llama la
atención que las acciones de quienes proponen la desobediencia civil
desde la no violencia se equiparen al extremismo de derecha, situado en
la “órbita nazi” de acuerdo al mismo informe.
De hecho, en la enumeración de acciones de estos últimos, se mencionan, por ejemplo, “daños racistas”, y se les atribuyen abiertamente delitos de odio. A los ecologistas “radicales violentos” solo se les reconocen delitos menores como concentraciones ilegales y un corte de tráfico. Aun así, figuran en el mismo apartado, listados con encabezamientos análogos, sugiriendo que el peligro que representan sería equivalente, a pesar de que unos atacan a la comunidad LGTBI, o a los menores inmigrantes, y otros realizan actos para la protección de la vida en un escenario de crisis, no ya medioambiental, sino humanitaria, como demuestran la pérdida de cosechas mundiales por los fenómenos meteorológicos extremos, o las inundaciones que han sacudido Pakistán y han dejado ya más de 1.400 muertos –sin que tengamos todavía cifras totales–.
Los unos y los otros. Burocrática, criminalmente iguales bajo una categorización, la de terrorismo, que no cuenta con una definición consensuada en el marco del derecho internacional y, por ello, puede utilizarse de forma más o menos arbitraria de acuerdo a los intereses de cada Estado. España sigue así la senda inaugurada por el Reino Unido, país donde surgió Extinction Rebellion, a los que la policía antiterrorista clasificó de “ideología extremista”, como hizo asimismo con el yihadismo. España, además, se suma a la larga lista de naciones que, en momentos marcados por injusticias insoportablemente aberrantes, optaron por estigmatizar y condenar la desobediencia civil pacífica en lugar de garantizar los derechos de quienes sufrían y denunciaban tales aberraciones. (...)
En el marco de Extinction Rebellion, muchos son los activistas que han
expresado sentimientos parecidos a los de King a la hora de abordar sus
campañas de concienciación y furia colectiva. Algunos, como Fernando
Valladares, Mauricio Misquero, o Elena González Egea,
todos científicos, no han escatimado en declaraciones en las que
apuntan a la inacción de los gobiernos a pesar de la cantidad ingente de
estudios que prueban con creces tanto el calado de la urgencia climática,
como la posibilidad de mitigar sus efectos si se adopta un modelo
económico y social no basado en la explotación de los combustibles
fósiles.
La historia nos ha regalado múltiples figuras que no quisieron acatar leyes inmorales: Rosa Parks no cedió su asiento a las personas blancas que se lo exigieron, Mahatma Gandhi se resistió a aceptar el dominio británico desde el pacifismo, Berta Cáceres fue asesinada por su defensa de los pueblos indígenas y el medio ambiente; como recuerda King, los ciudadanos que, arriesgando su vida, salvaron a múltiples judíos de un Holocausto técnicamente legal, lo hicieron erigiendo una ética por encima de los textos jurídicos.
Si, tras las consecuencias del calentamiento global, la sexta extinción de especies, los límites planetarios que ya se han sobrepasado –como el del agua dulce, o el de la cantidad de sustancias químicas considerada ‘segura’– nos queda historia desde la que evaluar las acciones llevadas a cabo por Extinction Rebellion, tal vez lleguemos a la conclusión de que su actividad era imprescindible para intentar detener la concatenación de atrocidades que nos esperan, incluido el posible arraigo de regímenes autoritarios dispuestos a gestionar la escasez de la manera más inicua.
Si nos queda historia, repito, porque está en juego una subida de la temperatura global que impediría el desarrollo de la vida humana en el planeta, quizá juzgaríamos con ojos estupefactos la detención de los activistas a los que se les imputan cargos graves, como atentar contra las altas instituciones del Estado, por haber arrojado agua con remolacha en el Congreso. Quizá, como el investigador Tim Jackson, hasta cuestionemos ese mismo Estado, cuya principal función, argumenta en su último libro, es “proteger los intereses de los propietarios”. Jackson señala el imperdonable defecto de las democracias occidentales que radica en basar el contrato social en la propiedad privada y el blindaje legal del dinero en lugar de en la defensa del derecho a la vida y la salud. En este contexto, asevera: “La desobediencia civil se convierte en el último recurso de los desposeídos”. Y los desposeídos, puede añadirse, somos todos, desde el momento en que nos asumimos como habitantes y parte de un planeta en proceso de devastación y cuyo equilibro climático se fragmenta a pasos acelerados.
La Fiscalía, por tanto, debería hacerse eco tanto de las miles de
voces contemporáneas que claman por la justicia climática, como de una
tradición que abarca múltiples naciones y disciplinas, la de la
desobediencia civil, gracias a la cual muchos contamos con derechos que,
en otra época, nos habrían sido negados. " (Azahara Palomeque , La Marea, 11/09/22)
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