"Los datos de esta EPA se enmarcan, por un lado, en el carácter de los cuartos trimestres de cada año que son un periodo de atonía desde el punto de vista estacional. Por otra parte, los datos suponen el cierre de un año espectacular para el empleo en España. (...)
El empleo ha aumentado en 783.000 personas en los cuatro trimestres, a una tasa anual del 3,8%, que se ha ido acelerando progresivamente.
El crecimiento del empleo masculino ha sido de 345.800 y el de las mujeres de 437.200.
Desde el punto de vista de la duración de la jornada de trabajo, el empleo a tiempo completo se ha incrementado en 695.400 personas y el empleo a tiempo parcial solamente en 87.600.
En el plano de la estabilidad del empleo asalariado, el empleo indefinido ha crecido en 804.200 personas, mientras que el temporal se ha reducido en 140.300. (...)
Desde ese momento de la reforma, el empleo asalariado ha crecido en un millón sesenta mil personas. Pero, ese dato conjuga un incremento de prácticamente dos millones cuatrocientas mil personas con empleo indefinido y una reducción de un millón trescientas mil con contrato temporal.
Ese avance enorme de la estabilidad podría estar relacionado con la resiliencia que comienza a mostrar el mercado de trabajo español ante el debilitamiento de la actividad económica. Un comportamiento muy diferente al alto grado de volatilidad del empleo (rápida destrucción de empleo) en anteriores ciclos de reducción del crecimiento económico. (...)
En suma, 2023 ha sido un año en el que se ha registrado un considerable aumento del empleo, mucho más estable y mayoritariamente de mayor calidad en cuanto a la duración de la jornada laboral, que ha progresado en el cierre de la brecha de género. La población activa ha crecido asimismo de forma notable. Por lo que el desempleo ha cosechado, en coherencia con los aumentos del empleo y los activos, una reducción relativamente más modesta. Lo importante, sin duda, es que esa disminución se haya producido en el contexto de una elevación de la fuerza de trabajo en España y de un fuerte aumento del empleo.
En conjunto, esta evolución y la resiliencia mostrada por el empleo elevan el potencial de crecimiento de la economía y dan muestras de superación de las deficiencias estructurales que, con origen en el funcionamiento del mercado de trabajo, han aquejado durante décadas a nuestro país. (...)
Segundo, la diferente evolución de la temporalidad en los sectores privado y público.
Mientras en el primero la temporalidad se ha reducido más de diez puntos porcentuales en los dos años de aplicación de la reforma laboral de 2021, pasando del 23,9% al 13,2% (niveles claramente europeos), en el segundo apenas se ha reducido del 31% al 29,6%. Se trata de un volumen de empleo público precario inaceptable, que debe llevar a la toma de nuevas decisiones urgentes en este ámbito, puesto que los acuerdos de consolidación de plantillas firmados en 2017 y años sucesivos por el Gobierno y los sindicatos parecen no estar dando los frutos deseados.
Tercero, transcurridos ya dos años de aplicación de la exitosa reforma laboral de 2021, es necesario analizar y atacar las posibles vías de escape y permanencia para la precariedad.
Estas vías de escape se estén poniendo de manifiesto en la nueva regulación, como, por ejemplo, las que se puedan derivar de una posible utilización excesiva, abusiva o perversa del empleo a tiempo parcial, de la contratación fija discontinua o de los períodos de prueba de los contratos indefinidos ordinarios. Una vez reducida la tasa de temporalidad visible, es necesario combatir la posible precariedad oculta en las cifras formales, así como la precariedad vinculada con las formas de empleo de baja intensidad, responsables fundamentales de las situaciones de pobreza laboral existentes. Para ello, es imprescindible tanto ahondar en las medidas regulatorias, como la implicación y colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es la que mejor conoce y detecta en su labor cotidiana los posibles fraudes y excesos cometidos por las empresas en materia de contratación, y cuyo reforzamiento debe ser una actuación prioritaria.
Y,
finalmente, no podremos estar seguros de que el empleo y el mercado
laboral español han alcanzado los niveles necesarios de resiliencia ante
los ciclos de debilitamiento económico, niveles equivalentes a los de
los países de nuestro entorno, hasta que no hayamos acometido la reforma
de las formas más utilizadas y pervertidas de despido, como es el caso
del despido improcedente o sin justificación, que es una anomalía
autóctona en el contexto europeo." (Economistas frente a la crisis, 26/01/24)
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