"Nunca me he sentido así en mi vida. Tengo mucho miedo por mis hijos”, son las palabras que Sharon le confiesa a El Salto. La joven acaba de dar a luz a un bebé hace apenas 20 días y reposa como puede en su piso de la calle del Tragí, en el corazón del Casc Antic de Barcelona. Un inmueble que estaba en pésimas condiciones de habitabilidad cuando entró a vivir en él tras ser víctima de una estafa inmobiliaria. Ahora espera angustiosamente el desenlace de una amenaza inminente de desahucio este jueves 4 de julio.
En octubre de 2023, Sharon había llegado a la ciudad condal desde Italia y se encontraba en situación de urgencia habitacional. Entró a vivir a su piso actual por recomendación de una “paisana”, quien en realidad no era la verdadera propietaria del piso. Indica que el verdadero dueño apareció poco después, reclamándole una deuda superior a 12.000 euros, generada por esta inquilina anterior. Ahora, los colectivos de vivienda denuncian que la propiedad es un gran tenedor que quiere expulsar a Sharon “para alquilar su vivienda a precio de mercado”, que en Barcelona ya ronda los 1.2000 euros.
A pesar de haber denunciado su situación al Síndic de Greuges —la institución del defensor del pueblo en Cataluña que supervisa y emite recomendaciones a la administración pública—, y haber reclamado su situación de extrema vulnerabilidad ante los tribunales, nada ha conseguido aún detener la programación de su lanzamiento. Un desalojo previsto en una semana muy dura para el movimiento por la vivienda catalán tras la noticia del reciente suicidio de dos hermanas horas antes de ser desahuciadas.
¿Qué pasa con la moratoria?
Al ver desahucios en casos de este tipo, la pregunta que orbita siempre es la misma. ¿Y la moratoria? Hablamos, efectivamente, de la moratoria de desahucios establecida tras la crisis sanitaria. Recientemente, con el Real Decreto-ley 1/2024 del 14 de mayo, las medidas de suspensión de lanzamientos de colectivos vulnerables se han ampliado hasta el 15 de mayo de 2028. Una medida que ampara diferentes situaciones, incluyendo el hogar con menores a cargo.
“Sharon ha vivido estos últimos nueve meses una situación delicada de salud por continuas amenazas debido a la situación de indefensión judicial que ha sufrido y a la inseguridad habitacional que sufre. En muchos casos similares algunos juzgados han paralizado desahucios por la moratoria del covid-19, el juez de Sharon va a decretar que ella no tenía derecho”, han revelado en un comunicado conjunto el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic y Resistim al Gòtic, colectivos de vivienda donde Sharon se ha organizado estos meses.
Según cuenta la propia Sharon, se vio en necesidad acudir a los movimientos vecinales por la desatención jurídica e institucional que ha vivido. “Mi experiencia con el abogado de oficio ha sido una mierda. No me ha ayudado en nada. Era super pesimista, para hacer cualquier cosa tenía que suplicarle”, cuenta a El Salto.
Además de por la moratoria de desahucios, el caso de Sharon también estaría amparado por la ley antidesahucios catalana, la 24/2015, ampliada por la Ley 1/2022. Una medida que obliga a los grandes tenedores —propietarios con más de diez inmuebles urbanos de uso residencial— a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad antes de ser desahuciadas. Esta ley es aplicable tanto en casos hipotecarios como situación de impago o finalización del contrato.
Sin alternativas residenciales dignas: plagas de cucarachas, hacinamiento y control de acceso
“La única alternativa que me ofrecen es estar 15 días en una pensión. Si no encuentro nada, yo tendría que ir a un albergue con mis hijos, mi marido a la calle, y mis perros también. Podrían estar 20 días en una protectora, pero luego me los quitarían”, denuncia Sharon.
A principios de junio, la televisión pública catalana reportaba la situación de los recursos residenciales de emergencia en Barcelona. Las imágenes son impactantes: plagas de cucarachas y chinches, una excesiva rotación y habitaciones hacinadas son algunos de los elementos que se pueden encontrar en las pensiones, hostales y pisos donde son derivadas por Servicios Sociales las familias desahuciadas.
“Ya hemos comprobado que el Ajuntament no es capaz de garantizar alternativas residenciales dignas. Este pasado mes hemos denunciado el pésimo estado de los recursos residenciales, con plagas, falta de comida, además de en muchos casos no permitir la permanencia durante el día; tienen que irse a las 9 de la mañana y volver a las 8 de la tarde, lo cual encima en verano es inhumano”, ha explicado a El Salto la portavoz del Sindicat de Casc Antic.
Ante esta situación, el Ajuntament de Barcelona está planificando un nuevo sistema de gestión de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) con el fin de limitar a seis meses como máximo la estancia de personas desahuciadas. “[El modelo actual] no es sostenible ni da una respuesta adecuada a muchas de las situaciones, a menudo extremadamente complejas y que implican ámbitos competenciales ajenos al Ayuntamiento como salud o extranjería”, ha manifestado anteriormente el actual alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni. En la actualidad, Barcelona aloja a un 55% más de personas en pensiones que hace tres años, según ha informado El Periódico de Catalunya.
Turismo, Copa América y aumento de desahucios en verano
Los mencionados sindicatos de vivienda también han denunciado la intensificación de los procedimientos de desahucio a las puertas del verano. Una tendencia motivada, según señalan, por los pisos turísticos y el aliciente de la Copa América, una polémica celebración que tendrá lugar en la ciudad del 20 de junio al 14 de julio. A este respecto, más de 100 colectivos convocan este sábado 6 de julio una manifestación contra el turismo masivo y sus consecuencias.Los lanzamientos en Catalunya continúan aumentando: un 9% en el primer trimestre de 2024, afianzándose otro año más como la comunidad autónoma donde más se desahucia de todo el Estado, siendo Barcelona la ciudad con más desalojos." (Ana R. Santana, El Salto, 03/07/24)
En octubre de 2023, Sharon había llegado a la ciudad condal desde Italia y se encontraba en situación de urgencia habitacional. Entró a vivir a su piso actual por recomendación de una “paisana”, quien en realidad no era la verdadera propietaria del piso. Indica que el verdadero dueño apareció poco después, reclamándole una deuda superior a 12.000 euros, generada por esta inquilina anterior. Ahora, los colectivos de vivienda denuncian que la propiedad es un gran tenedor que quiere expulsar a Sharon “para alquilar su vivienda a precio de mercado”, que en Barcelona ya ronda los 1.2000 euros.
A pesar de haber denunciado su situación al Síndic de Greuges —la institución del defensor del pueblo en Cataluña que supervisa y emite recomendaciones a la administración pública—, y haber reclamado su situación de extrema vulnerabilidad ante los tribunales, nada ha conseguido aún detener la programación de su lanzamiento. Un desalojo previsto en una semana muy dura para el movimiento por la vivienda catalán tras la noticia del reciente suicidio de dos hermanas horas antes de ser desahuciadas.
¿Qué pasa con la moratoria?
Al ver desahucios en casos de este tipo, la pregunta que orbita siempre es la misma. ¿Y la moratoria? Hablamos, efectivamente, de la moratoria de desahucios establecida tras la crisis sanitaria. Recientemente, con el Real Decreto-ley 1/2024 del 14 de mayo, las medidas de suspensión de lanzamientos de colectivos vulnerables se han ampliado hasta el 15 de mayo de 2028. Una medida que ampara diferentes situaciones, incluyendo el hogar con menores a cargo.
“Sharon ha vivido estos últimos nueve meses una situación delicada de salud por continuas amenazas debido a la situación de indefensión judicial que ha sufrido y a la inseguridad habitacional que sufre. En muchos casos similares algunos juzgados han paralizado desahucios por la moratoria del covid-19, el juez de Sharon va a decretar que ella no tenía derecho”, han revelado en un comunicado conjunto el Sindicat d'Habitatge del Casc Antic y Resistim al Gòtic, colectivos de vivienda donde Sharon se ha organizado estos meses.
Según cuenta la propia Sharon, se vio en necesidad acudir a los movimientos vecinales por la desatención jurídica e institucional que ha vivido. “Mi experiencia con el abogado de oficio ha sido una mierda. No me ha ayudado en nada. Era super pesimista, para hacer cualquier cosa tenía que suplicarle”, cuenta a El Salto.
Además de por la moratoria de desahucios, el caso de Sharon también estaría amparado por la ley antidesahucios catalana, la 24/2015, ampliada por la Ley 1/2022. Una medida que obliga a los grandes tenedores —propietarios con más de diez inmuebles urbanos de uso residencial— a ofrecer un alquiler social a aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad antes de ser desahuciadas. Esta ley es aplicable tanto en casos hipotecarios como situación de impago o finalización del contrato.
Sin alternativas residenciales dignas: plagas de cucarachas, hacinamiento y control de acceso
“La única alternativa que me ofrecen es estar 15 días en una pensión. Si no encuentro nada, yo tendría que ir a un albergue con mis hijos, mi marido a la calle, y mis perros también. Podrían estar 20 días en una protectora, pero luego me los quitarían”, denuncia Sharon.
A principios de junio, la televisión pública catalana reportaba la situación de los recursos residenciales de emergencia en Barcelona. Las imágenes son impactantes: plagas de cucarachas y chinches, una excesiva rotación y habitaciones hacinadas son algunos de los elementos que se pueden encontrar en las pensiones, hostales y pisos donde son derivadas por Servicios Sociales las familias desahuciadas.
“Ya hemos comprobado que el Ajuntament no es capaz de garantizar alternativas residenciales dignas. Este pasado mes hemos denunciado el pésimo estado de los recursos residenciales, con plagas, falta de comida, además de en muchos casos no permitir la permanencia durante el día; tienen que irse a las 9 de la mañana y volver a las 8 de la tarde, lo cual encima en verano es inhumano”, ha explicado a El Salto la portavoz del Sindicat de Casc Antic.
Ante esta situación, el Ajuntament de Barcelona está planificando un nuevo sistema de gestión de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) con el fin de limitar a seis meses como máximo la estancia de personas desahuciadas. “[El modelo actual] no es sostenible ni da una respuesta adecuada a muchas de las situaciones, a menudo extremadamente complejas y que implican ámbitos competenciales ajenos al Ayuntamiento como salud o extranjería”, ha manifestado anteriormente el actual alcalde de la ciudad condal, Jaume Collboni. En la actualidad, Barcelona aloja a un 55% más de personas en pensiones que hace tres años, según ha informado El Periódico de Catalunya.
Turismo, Copa América y aumento de desahucios en verano
Los mencionados sindicatos de vivienda también han denunciado la intensificación de los procedimientos de desahucio a las puertas del verano. Una tendencia motivada, según señalan, por los pisos turísticos y el aliciente de la Copa América, una polémica celebración que tendrá lugar en la ciudad del 20 de junio al 14 de julio. A este respecto, más de 100 colectivos convocan este sábado 6 de julio una manifestación contra el turismo masivo y sus consecuencias.Los lanzamientos en Catalunya continúan aumentando: un 9% en el primer trimestre de 2024, afianzándose otro año más como la comunidad autónoma donde más se desahucia de todo el Estado, siendo Barcelona la ciudad con más desalojos." (Ana R. Santana, El Salto, 03/07/24)
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