"El desarrollo del turismo en España fue una iniciativa lanzada por Franco ya en los años 50, para impulsar la economía y romper el aislamiento del país bajo su régimen. En las décadas siguientes, la especulación inmobiliaria, la llegada de los vuelos de bajo coste y el rediseño de las ciudades para uso y consumo de la industria turística han propiciado un auténtico boom, amplificado por grandes acontecimientos como los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Las inversiones masivas que siguieron a la crisis financiera de 2008 y la difusión de los alquileres a corto plazo han convertido ahora el turismo en un tsunami, provocando reacciones tan fuertes a nivel social que ya se producen manifestaciones semanales contra el turismo excesivo.
En Mallorca, el 21 de julio, 20.000 personas protestaron contra la afluencia incontrolada de turistas, que ha provocado el hundimiento de la calidad de vida, el aumento del precio de la vivienda, el encarecimiento de los productos de primera necesidad y la generalización del empleo estacional y precario. Por ejemplo, los trabajadores de la limpieza de los hoteles se quejan de un aumento de la carga de trabajo que no se corresponde con un aumento de los salarios. En una manifestación convocada por el grupo "Menos turismo, más vida", los manifestantes marcharon tras una pancarta con el mensaje "Cambiemos de rumbo, pongamos límites al turismo", exigiendo medidas urgentes y concretas. Frente a una población local de 1,2 millones de habitantes, se espera que este año lleguen a Baleares 20 millones de turistas, lo que convertiría a Mallorca en el tercer destino más popular de España, por detrás de Madrid y Barcelona.
El 25 de mayo, decenas de miles de personas protestaron bajo el lema "Mallorca no se vende". A principios de julio, cientos de personas ocuparon simbólicamente algunas playas, haciendo que los olvidadizos bañistas se percataran del malestar de los residentes que, expulsados de los espacios públicos, denuncian la devastación medioambiental y cultural causada por una industria turística que aspira a un crecimiento sin fin. En todas partes se reclama ahora un "decrecimiento turístico" que empezaría por una reducción drástica de los alquileres de corta duración, una disminución de los vuelos de bajo coste y de las escalas de cruceros, y la desincentivación de la compra de viviendas por parte de no residentes.
El lobby turístico defiende el sector, que, según sus cifras, supondría el 71% del crecimiento real de la economía española en 2023. Sin embargo, aunque el turismo representa una partida crucial del PIB español, gran parte de la riqueza producida acaba en manos de unos pocos, a menudo situados a miles de kilómetros de distancia, enriqueciendo a fondos de inversión y empresarios despreocupados por los efectos indirectos sobre los habitantes de los destinos de moda.
En los últimos meses se produjeron movilizaciones masivas en las Islas Canarias, que, según grupos locales, están literalmente "colapsadas social y medioambientalmente" bajo la presión de 10 millones de visitantes extranjeros anuales, además de los turistas españoles de la península. Las ocho islas situadas frente a la costa de Marruecos vivieron el 20 de abril la mayor movilización hasta la fecha, con 200.000 personas que salieron a la calle para decir "no a la invasión" y a las políticas del gobierno local que pretenden duplicar la capacidad de alojamiento turístico del archipiélago, mientras la población en riesgo de pobreza alcanza el 34%.
En Barcelona, algunos de los 20.000 manifestantes que salieron a la calle el 6 de julio para denunciar la "museificación" de la ciudad llegaron a apuntar con pistolas de agua a turistas sentados en bares, mientras que en las paredes de la ciudad se ven desde hace tiempo lemas como "Turista vete a casa". En Málaga (Andalucía), los activistas sellaron recientemente con silicona las cerraduras de algunos apartamentos turísticos mientras miles de personas se manifestaban al grito de "Queremos vivir, no sobrevivir", un lema también utilizado en una protesta por los residentes de Cádiz. Aunque muchos medios de comunicación han atacado las protestas por "turismofobia", las movilizaciones se centran generalmente en denunciar el papel de los grandes grupos empresariales y un modelo turístico voraz y extractivo, más que en acusar a los propios turistas. El 13 de julio les tocó a los vecinos de Alicante (en la Comunidad Valenciana) salir a la calle, hartos de que los 100 cruceros que desembarcan cientos de miles de turistas se sumen a los 17 millones que visitan cada año la provincia, donde el precio de la vivienda se ha más que duplicado en sólo cinco años.
La presión del turismo se ha hecho tan insoportable que también ha desatado protestas en el norte del país, destino del turismo de lujo que huye de los tórridos veranos del Mediterráneo. Hace unos años, la ciudad vasca de Donostia, en la costa atlántica, se movilizó contra la proliferación de alojamientos turísticos y hoteles y la destrucción de su patrimonio arquitectónico y natural. Ahora Bilbao también se ha unido a la lucha: varios activistas del sindicato de inquilinos se encadenaron a las puertas de un apartamento turístico, mientras que los bomberos locales, en solidaridad con su protesta, se negaron a retirarlos.
En la cercana Cantabria, la gente protesta contra la turistificación de muchos pueblos rurales y el aumento récord del precio de la vivienda, que se disparó un 33% sólo en 2023. En Laredo, 10.000 personas se manifestaron contra el proyecto urbanístico de Ribamontán del Mar, que incluye la construcción de apartamentos de lujo y un campo de golf. En algunos casos, los gobiernos locales empiezan a reconocer la necesidad de un turismo sostenible, pero las medidas concretas son escasas. El Gobierno central se ha limitado a pedir a las regiones que aprueben normativas para poner orden en el salvaje oeste normativo y ha prometido crear un registro central de alojamientos turísticos en 2025.
El Partido Socialista catalán votó en contra de una ley regional destinada a regular los alquileres de temporada, que habría servido para legalizar los apartamentos turísticos sin licencia. Los grupos locales antigentrificación de Barcelona siguen dudando de que el alcalde socialista Collboni cumpla su promesa de anular 10.000 licencias de alojamientos turísticos para 2028 y de restringir el desembarco de cruceros."
(Il manifesto global, 31/07/24, traducción DEEPL)
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