"La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental –sin descartar, de momento, posibles acusaciones de compraventa de joyas y de comercio ilegal de oro (amarillo, según la jerga de la UDEF) y otros minerales raros– ha convertido a la democracia española en un estercolero.
La filtración del auto del juez Calama, lleno de inferencias, dimes, diretes, errores, suposiciones e indicios directamente transcritos de los dos informes de la UDEF, también convenientemente filtrados urbi et orbi, ha conseguido su objetivo principal. El linchamiento público y el escarnio / escarmiento de Zapatero y su familia / entorno. A estas alturas –y pase lo que pase con un proceso judicial que será todo lo largo que se necesite– todos ellos saben que han sido cancelados para una larga temporada de la vida política, y posiblemente de la actividad laboral.
El juicio mediático paralelo que suelen celebrar las televisiones privadas y los medios y submedios de las cloacas contra los adversarios políticos –encausados o no– se ha expandido esta vez con mayor potencia que nunca, con una unanimidad casi total. Cuesta estos días distinguir las portadas de El País y la SER, o algunos informativos de RTVE, de las que despachan The Objective, El Mundo, El Debate o El Confidencial. Unos y otros se suman con la misma alegría y sin rubor alguno a la orgía, y desmenuzan cada detalle de las supuestas revelaciones escandalosas que depara la investigación de una Fiscalía Anticorrupción sesgada políticamente y de una UDEF que ha sido dirigida por un inspector jefe acusado de narcotráfico y blanqueo que escondía 20 millones de euros emparedados en su casa.
El culmen de esa bacanal de inmundicia, sensacionalismo e irresponsabilidad ha sido la publicación masiva de las fotos de las joyas halladas por las Fuerzas de Seguridad en la caja fuerte que Zapatero tenía en su despacho. ¿Habría pasado lo mismo si los investigados hubieran sido Rajoy, Aznar o Felipe González? ¿Es medianamente decente e informativamente relevante esa exhibición de lo que los medios llaman “un botín”? ¿Tal vez intentan conseguir que el público piense que Zapatero es un gángster que se dedica a atracar joyerías?
Confiar en la policía y la justicia españolas es una tarea cada vez más ardua. Como dice José Antonio Martín-Pallín, presidente de honor de esta revista, vivimos bajo un golpe de Estado judicial cuyo principal objetivo es desalojar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno. Las causas políticas abiertas de forma sucesiva contra Begoña Gómez, el fiscal general del Estado, el hermano de Sánchez y ahora el expresidente Zapatero confirman este hecho que cierra el círculo iniciado por la policía patriótica con Podemos, sus socios y el procesismo catalán.
La reciente condena del TS al fiscal general, sin una sola prueba de cargo en su contra, indica que la judicatura ha traspasado ya todas las líneas rojas. El linchamiento policial y mediático de Zapatero –también, de momento, sin una sola prueba sólida en su contra– señala que el Grupo Prisa y algunos informativos de RTVE se han igualado con los medios más corruptos del país al renunciar a poner sus principios deontológicos y profesionales por encima del sectarismo, el amarillismo y la histeria.
Acabe como acabe el proceso a Zapatero, la entrada del grupo editorial más respetado del país en la cacería de uno de los activos electorales del centro izquierda es una pésima noticia para la pluralidad, la democracia y el ecosistema mediático y social. Primero, porque es un ataque al derecho de la ciudadanía a recibir información veraz y contrastada. Pero también porque violenta las bases de un Estado de derecho edificado sobre el respeto a la presunción de inocencia.
El auto de Calama muestra que Zapatero es un expresidente haciendo, según afirman otros investigados, las cosas que suelen hacer los expresidentes, pero molestando a la derecha trumpista y a Estados Unidos. Si lo que hizo es ilegal o delictivo, tendrá que dar explicaciones a la ciudadanía y luego competerá a los jueces probar su culpabilidad. En este caso, deberían ser investigados de oficio los demás expresidentes, y con el mismo celo. Pero las causas abiertas contra el entorno de Sánchez hacen pensar que eso no sucederá. Porque el fin evidente de esta operación es acabar como sea con el presidente del Gobierno; es decir, montar un caso Lula a la española."
(Editorial de CTXT, 26/05/26)
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