"En la que quizás sea su decisión más insidiosa en casi un siglo, la Corte Suprema de Estados Unidos desmanteló la Sección 2 de la histórica Ley de Derechos Electorales (VRA, por sus siglas en inglés) de 1965, la « joya de la corona » del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.
La Ley de Derecho al Voto puso fin a los procedimientos electorales de la era de Jim Crow que impedían a las personas negras votar en el Sur mediante la intimidación, las pruebas de alfabetización y los impuestos electorales. Formaba parte de un sistema de segregación racial legalizada posterior a la Guerra Civil, cuyo objetivo era restaurar la supremacía blanca tras el fin de la esclavitud y la ocupación militar federal del Sur.
Las leyes de segregación racial de Jim Crow estuvieron vigentes desde 1877 hasta la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto al año siguiente.
La Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto permite a los estados diseñar distritos electorales que beneficien a los candidatos de minorías raciales y faculta a los ciudadanos para impugnar los mapas electorales por considerarlos discriminatorios desde el punto de vista racial.
En su fallo del miércoles en el caso Louisiana v. Callais , la supermayoría derechista de 6 a 3 de la Corte anuló un mapa de distritos electorales para el Congreso que un grupo de votantes que se autodenominaban «no afroamericanos» habían impugnado como una manipulación electoral inconstitucional.
Los magistrados Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett sostuvieron que la creación de distritos electorales para remediar la discriminación pasada constituye en sí misma una discriminación racial inconstitucional.
Durante 61 años, la Ley de Derecho al Voto (VRA, por sus siglas en inglés) ha sido una de las protecciones más importantes contra la manipulación electoral por motivos raciales. Gracias a la VRA, ahora hay más de 10 000 funcionarios electos negros en todo el país, en comparación con los aproximadamente 1500 que había en 1970.
La decisión de Callais allana el camino para la mayor disminución de la representación de los miembros negros en el Congreso. Esto conllevará la eliminación de decenas de distritos con mayoría negra y latina en todo el Sur y un número considerable de escaños actuales en el Congreso.
“El proyecto de este tribunal para destruir la Ley de Derechos Electorales ya está completo”, escribió Elena Kagan en su voto particular, al que se unieron Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson. “La decisión de hoy convierte la Sección 2 prácticamente en letra muerta”.
La Sección 2 prohíbe cualquier requisito o condición para votar, o cualquier práctica o procedimiento, que “resulte en una negación o restricción del derecho de cualquier ciudadano de los Estados Unidos a votar por motivos de raza”.
Eso ocurre cuando los votantes de color “tienen menos oportunidades que otros miembros del electorado para participar en el proceso político y elegir a los representantes de su preferencia”.
El Congreso modificó la Sección 2 en 1982 para establecer que no es necesario demostrar la intención discriminatoria para probar la discriminación racial; incluso las políticas que parecen neutrales pueden tener un efecto discriminatorio en un grupo en particular.
En el caso Thornburg v. Gingles de 1986 , la Corte Suprema interpretó la Sección 2 enmendada y estableció una prueba multifactorial para decidir cuándo una jurisdicción debe delimitar distritos para brindar a los votantes minoritarios una oportunidad justa de elegir a los representantes de su elección.
La prueba de Gingles ha sido utilizada por los tribunales durante 40 años. Hace tres años, el tribunal supremo ratificó la prueba en el caso Allen v. Milligan y dictaminó que el mapa de distritos congresionales de Alabama probablemente violaba la Sección 2.
La mayoría de Callais reescribe un estatuto del Congreso.
En el caso Louisiana v. Callais , una coalición de votantes negros y grupos de derechos civiles buscó restablecer un mapa electoral que la legislatura estatal de Louisiana había adoptado en 2024. Dicho mapa estableció un segundo distrito congresional de mayoría negra. Fue trazado en respuesta a un fallo de un tribunal de distrito de EE. UU. que dictaminó que un mapa trazado en 2022 probablemente violaba la Sección 2.
El mapa electoral de 2022 incluía solo un distrito de mayoría negra de los seis distritos congresionales de Luisiana. La coalición sostenía que dicho mapa diluía el voto de los residentes negros, que representan aproximadamente un tercio de la población de Luisiana.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmó la decisión del tribunal de distrito de que el mapa de 2022 probablemente violaba la Sección 2, y el tribunal de apelaciones ordenó a Luisiana que elaborara un nuevo mapa antes del 15 de enero de 2024. La Legislatura de Luisiana acató la orden y elaboró un mapa con un segundo distrito de mayoría negra.
En respuesta, los votantes «no afroamericanos» impugnaron el mapa electoral de 2024 por considerarlo inconstitucional, ya que separaba a los votantes principalmente en función de su raza.
Samuel Alito, en nombre de la supermayoría del Tribunal, afirmó que el mapa de 2024 «dependía demasiado de la raza». Escribió que la coalición de votantes negros no había demostrado «una probabilidad objetiva de que el mapa [de 2022] fuera el resultado de una discriminación racial intencional», a pesar de que solo contenía un distrito de mayoría negra de los seis distritos negros del estado.
A pesar de la enmienda del Congreso de 1982 a la Sección 2, que establece que la discriminación racial puede probarse demostrando el efecto discriminatorio, el Tribunal restableció el requisito de que los votantes que impugnen los mapas de distritos deben probar que «las circunstancias dan lugar a una fuerte inferencia de que se produjo una discriminación intencional».
Si bien el Tribunal afirmó que simplemente estaba «actualizando» la prueba de Gingles , en realidad la reescribió para erigir una barrera insuperable a las demandas de los demandantes por discriminación racial.
“En resumen”, concluyó Alito,
“Dado que la Ley de Derechos Electorales no exigía a Luisiana la creación de un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés imperioso justificaba el uso de la raza por parte del Estado al crear [el mapa de 2024]. Dicho mapa constituye una manipulación electoral inconstitucional, y su uso violaría los derechos constitucionales de los demandantes.”
Tras la decisión del Tribunal Supremo, los estados ahora pueden defender sus mapas electorales alegando que simplemente estaban practicando la manipulación de distritos electorales con fines partidistas (en lugar de raciales). El tribunal supremo dictaminó en el caso Rucho contra Common Cause de 2019 que, si bien la manipulación de distritos electorales con fines partidistas es inconstitucional, no puede ser impugnada ante un tribunal federal.
“Hoy… la mayoría sostiene impasible que la Ley de Derechos Electorales debe ser debilitada para que el mundo sea un lugar seguro para la manipulación electoral partidista”, escribió Kagan en su voto particular.
Ahora, “el Estado no necesita hacer nada más que anunciar una manipulación electoral partidista. Suponiendo que el Estado no haya dejado pruebas irrefutables de un motivo racial (una posibilidad casi descabellada), la Sección 2 no tendrá ninguna relevancia”.
Kagan declaró además:
La Ley de Derechos Electorales es —o, más precisamente ahora, fue— uno de los ejercicios de poder legislativo federal más trascendentales, eficaces y plenamente justificados en la historia de nuestra nación. Nació del sacrificio de soldados de la Unión y manifestantes por los derechos civiles. Introdujo un cambio impresionante, acercando a esta nación al cumplimiento de los ideales de democracia e igualdad racial.
Y ha sido reiteradamente, y de forma abrumadora, ratificada por los representantes del pueblo en el Congreso. Solo ellos tienen derecho a afirmar que ya no es necesaria, no los miembros de este Tribunal. Por lo tanto, disiento de este último capítulo en la demolición, ya consumada, de la Ley de Derechos Electorales por parte de la mayoría.
Roberts cumple su antiguo objetivo de neutralizar el derecho al voto.
“John Roberts ha demostrado ser mucho más peligroso que ideólogos como Thomas y Alito. Es un político que juega a largo plazo, cortando el salami poco a poco hasta que no queda nada”, publicóen Facebook David Gespass, abogado de derechos civiles de Alabama y expresidente del Gremio Nacional de Abogados.
Roberts tiene un historial de evitar considerar la raza en casos de votación y discriminación. Cuando era un joven abogado en la administración de Ronald Reagan, Roberts promovió un enfoque que no discriminaba por motivos raciales en lo que respecta al derecho al voto y la discriminación en las escuelas públicas.
En 1982, cuando el Congreso estaba considerando enmendar la Sección 2 para prohibir las prácticas de votación que tuvieran un efecto discriminatorio por motivos raciales, Roberts fue la persona clave en el Departamento de Justicia en la campaña para derrotar la enmienda.
En un caso sobre derechos electorales de 2006, Roberts escribió cínicamente: « Es un asunto sórdido, este de dividirnos por raza ». Al año siguiente, escribió con ligereza en un caso que anulaba los programas de desegregación voluntaria en Louisville y Seattle: « La manera de acabar con la discriminación por motivos de raza es dejar de discriminar por motivos de raza » .
Roberts fue el autor de la opinión de 2013 en el caso Shelby County v. Holder , que anuló la Sección 5 de la Ley de Derechos Electorales, la cual exigía la aprobación previa federal antes de que los cambios en las reglas electorales pudieran entrar en vigor en jurisdicciones con un historial de prácticas electorales discriminatorias.
“Lo que hizo hoy la Corte Suprema es apuñalar la Ley de Derechos Electorales de 1965 en su propio corazón”, dijo en aquel momento el ícono de los derechos civiles, el representante John Lewis.
Pero en el caso Shelby , Roberts garantizó que la Sección 2 seguiría estando disponible para impugnar la discriminación racial en las votaciones.
Ahora, el Tribunal Roberts también ha neutralizado la Sección 2.
“El objetivo de Roberts siempre ha sido claro, pero se toma su tiempo para alcanzarlo y engañar a la gente haciéndoles creer que es cuidadoso y reflexivo, analizando cada caso individualmente”, añadió Gespass. “Es cuidadoso y reflexivo, y avanza con cautela y deliberación hacia un país que devuelva el poco poder que otros han arrebatado a los hombres blancos ricos”.
‘Una clara toma del poder’
“Con esta decisión en el caso Louisiana v. Callais , la Corte Suprema ha abierto la puerta a un ataque coordinado contra los votantes negros en todo el país”, dijola representante demócrata Yvette Clarke de Nueva York y presidenta del Caucus Negro del Congreso, en una conferencia de prensa después de que se anunciara el fallo.
Según el experto en derecho electoral Nicholas Stephanopoulos, casi 70 de los 435 distritos congresionales están protegidos por la Sección 2.
Democracy Docket tiene datos que muestran que el fallo de Callaisprobablemente descarrilará 28 demandas a favor del voto que buscan impedir que las legislaturas estatales diseñen mapas que diluyan el poder de los votantes de minorías raciales.
El fallo ya ha provocado una oleada de iniciativas republicanas para redistribuir los distritos electorales en todo el sur del país, de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026. Los republicanos de Luisiana, Tennessee y Georgia están considerando la posibilidad de redistribuir los distritos antes de dichas elecciones.
Luisiana ha suspendido las primarias del próximo mes para permitir que los legisladores aprueben primero un nuevo mapa de distritos electorales para el Congreso. Si estos esfuerzos se concretan y superan las impugnaciones legales, el Partido Republicano podría obtener hasta cinco nuevos escaños este año.
Los estados gobernados por el Partido Republicano podrían obtener hasta 19nuevos escaños en la Cámara de Representantes, aliados del Partido Republicano, en los próximos años.
David Wasserman, editor sénior y analista electoral de The Cook Political Report junto con Amy Walter, declaró a Axios : «Creo que, siendo realistas, probablemente estemos hablando de entre uno y tres escaños para 2026, pero no es exagerado calificar esta decisión como apocalíptica para los distritos de mayoría negra en 2028 en el sur profundo».
Un análisis realizado por The New York Times el año pasado reveló que los demócratas podrían perder alrededor de 12 distritos con mayoría de minorías en todo el Sur si el Tribunal anulara parte de la Ley de Derecho al Voto.
“Esto es una clara toma de poder”, dijo el representante Clarke. “Se trata de silenciar las voces de la comunidad negra, desmantelar los distritos de mayoría negra y manipular los mapas electorales para que los políticos puedan elegir a sus votantes en lugar de al revés”."
(Marjorie Cohn, Consortium News, 01/05/26, traducción Agenda Crítica)
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