"La sentencia que ha condenado al hermano del presidente del Gobierno puede haberse constituido en un hito histórico, de esos que pueden marcar un antes y un después en la historia de España. Como el descubrimiento de América en 1492, la pérdida definitiva de las colonias en 1898 o el campeonato mundial de futbol de 2010. 2026 puede ser una fecha para colocarla entre los hitos que definen una nueva era.
No importa el nombre, David, del condenado por la sentencia. Importan un poco más sus apellidos, Sánchez Pérez-Castejón. Pero importa, sobre todo, que nombre y apellidos coincidan con los de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, presidente del Gobierno de España. Y, eso es lo que parece haber convencido a la Audiencia Provincial de Badajoz de que David Sánchez Pérez Castejón es culpable de haber obtenido un empleo en la Diputación de Badajoz por “su relación de parentesco con quien era una figura política señera y futuro secretario general del PSOE”.
Gente poco avisada parece haber responsabilizado a la UCO de haber convencido al tribunal de la culpabilidad del culpable. Porque la Unidad Central Operativa, que es lo que significan las celebérrimas siglas UCO, es quizás de lo más granado de ese instituto armado que es la Guardia Civil. No se trata de esos guardias que, siempre de dos en dos, recorren la España rural o surcan las carreteras nacionales en busca, y castigo, de infractores al Código de la Circulación, no. Estamos hablando de profesionales en derecho y criminalística con una preparación comparable a la de los mejores cuerpos policiales del mundo, ya sea el FBI o Scotland Yard.
Por eso, es sorprendente que haya sido necesario emplear ese prestigioso cuerpo para certificar que David Sánchez Pérez-Castejón es hermano de Pedro Sánchez Pérez-Castejón. Cosa que, todo el mundo sabe, incluido el tribunal que le ha juzgado y, por supuesto, condenado, que es la razón por la que el culpable ha sido culpabilizado de la culpa de haber sido contratado por la administración pública en forma culposamente culpable.
Pero esto, sobre todo si se recurre y es refrendado por el Tribunal Supremo, puede suponer un antes y un después en la contratación pública de personas que tengan relación de parentesco con personalidades señeras, aunque no tengan relación directa con la administración contratante. A no ser que el Tribunal Supremo, en su posible sentencia, aclare que el delito solo existe en el caso de que la cosa transcurra en Extremadura. O de que se trate de músicos. O de que, directamente, el culpable se apellide Sánchez Pérez-Castejón.
Pero, si el Tribunal Supremo no aclara cualquiera de esas cosas, estamos, como antes decía, ante un hecho histórico de magnitud epistemológica. Porque, si añadimos a la sentencia judicial del condenado la sentencia social para el pariente, ¿qué cargo público va a permitir que algún pariente suyo pueda acceder a una plaza en cualquier administración pública española? Nadie en su sano juicio, y sobre todo con la mínima ambición política de prosperar en su carrera, hará tal cosa. Habríamos, quizás, acabado con un mal tan antiguo como la prostitución, o sea como la humanidad, como es el nepotismo. Pero esto tiene un inconveniente, y muy serio.
¿Qué familia va a permitir, desde hoy, que alguno de sus miembros pueda acceder a un cargo en el que adquiera la condición de “figura política señera”? Porque, eso, sería condenar al resto de la familia a no poder optar a trabajar en la administración pública. Lo cual conduciría, a su vez, a que nadie aspirase mas que a cargos públicos de segunda categoría con lo que el país se vería, o bien condenado a no tener mas líderes políticos o a que, estos, fueran hijos únicos, huérfanos y peleados con el resto de su familia.
En el límite de la situación, nadie querría ser político y, dada la necesidad de que los haya, habrían de nombrarse por sorteo, tal como ahora se hace con los componentes de las mesas electorales. Volveríamos así a los orígenes de la democracia cuando, mediante el kleroterion, los atenienses sorteaban los cargos públicos entre la población que cumplía determinadas condiciones.
Dado que el poder, como el gas, tiende a expandirse en el espacio que ocupa, el poder político pasaría a los funcionarios. Alcanzaríamos así el estado que ya conocieron los franceses en el siglo XIX en el que, mientras nosotros nos dedicábamos a cambiar de funcionarios con cada “gobierno de turno”, ellos mantenían una poderosa clase funcionarial. Así crearon el término “bureaucratie” que luego estudiaría Max Weber.
Entienden por qué podemos estar en el umbral de una nueva era en nuestra democracia.
Claro que, todo esto se podría evitar si el Tribunal Supremo aclarara que no hay de que preocuparse ya que el mal afecta solo a los que se llamen Sánchez Pérez-Castejón. Y, mejor, todavía, sentenciar que lo delictivo es que el pariente se llame Pedro.
Mientras se pronuncia el Tribunal Supremo, y aunque estamos en época estival, no sería de extrañar que lo hiciera en pocos días, tratándose de lo que se trata, la pelota está en el tejado del presidente del Gobierno.
Si Pedro Sánchez, que no creo, pensara que estamos ante ese cambio histórico al que me refiero, debería, por patriotismo, dimitir y convocar elecciones para evitar que la cosa vaya a mas y se consolide esa doctrina de perseguir a familiares de políticos.
Pero si, como parece, la cosa no pasara de los Sánchez Pérez-Castejón, debería mantener el sitio de La Moncloa hasta que, constitucionalmente, toque. O sea, que siga cabalgando mientras ladran."
(Jesús Espelosín , Nueva Tribuna, 15/07/26)
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