“… para los trabajos de temporada (que no excedan de nueve meses en un período de 12 meses consecutivos) los agricultores pueden emplear a los rumanos y búlgaros que se hallan en España. La única condición es que, antes de hacerlo, deben presentar en
la Delegación del Gobierno sus expedientes empresariales, con el fin de demostrar, entre otras cosas, que no tienen deudas con el Estado, y las fotocopias de los pasaportes de sus candidatos a la contratación, para que las autoridades puedan cotejar su edad, antecedentes penales... Esos trámites llevan un tiempo: un mes y medio. Los agricultores de Castilla-La Mancha estaban al tanto de las exigencias.
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En vez de aconsejar a sus afiliados que comenzaran a tramitar las contrataciones, las organizaciones agrarias empezaron a recorrer los pueblos animándoles a que se resistieran a acatar la ley. El lunes pasado, la patronal mayoritaria, Asaja, convocó a los agricultores en la plaza de Moral de Calatrava, a 14 kilómetros de Valdepeñas, para recomendarles que hicieran fuerza frente a las exigencias del Gobierno.
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El delegado del Gobierno no se engaña: "Muchos propietarios quieren seguir contratando como antes. Los rumanos, que siguen la ruta de las recolecciones, lo saben. Por eso vienen".
El desafío ha llegado hasta la mesa del ministro de Trabajo, Jesús Caldera. El pasado lunes, la consejera de Trabajo de Castilla-La Mancha, Luz Rodríguez, acudió a Madrid para trasladarle una exigencia de los agricultores: querían que el Gobierno levantara la moratoria sobre los trabajadores rumanos y búlgaros. Es decir, querían emplearlos al margen de los controles de la Administración. "Para que lo entienda", le dijo a la consejera uno de los representantes de las patronales, "queremos contratar en el momento". Como se hacía en sitios como la plaza de Socuéllamos (Ciudad Real).” (El País, ed. Galicia, España, 03-09-07, pp. 20)
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