El Tribunal de Cuentas investigará la financiación de la Dependencia. El organismo determinará si los fondos se destinan a la aplicación de la ley

"El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto. (...)

Que los plazos para la tramitación y recepción de las ayudas de la Dependencia no se están cumpliendo en casi ninguna comunidad es algo que las propias administraciones han reconocido recientemente, cuando todas aprobaron acortar el tiempo que emplean en esas gestiones. (...)

Un informe de la Agencia de Evaluación que depende del Gobierno ya ponía de manifiesto que "no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia". Este informe estaba listo en diciembre de 2008, pero no se hizo público hasta 16 meses después, cuando algunas de las irregularidades que denunciaba ya se habían ido corrigiendo.

La financiación de la Ley de Dependencia ha sido desde su entrada en vigor el asunto más controvertido. Las comunidades insisten en que necesitan más dinero y varios estudios de expertos, incluido el que encargó el Parlamento, han coincidido en que las dificultades económicas podrían hacerla inviable. Se necesita, dijo el informe de expertos encargado por el Congreso, una "financiación pública de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advirtieron en su estudio. Y alertaron de que "la universalidad de la ley, como ambición, puede romper el saco de su financiación". Aquel informe económico, como todos los demás, no contaba, sin embargo, con una información fundamental: el dinero que aportan las comunidades para sufragar esta ley. Y no lo tenían porque ninguna comunidad lo ha hecho público con claridad.

A pesar de todo, con los mismos recursos, son muchas las diferencias en el desarrollo de la ley entre unas comunidades y otras. (...)

El dinero y las obligaciones de cada uno

- Nivel mínimo. El Gobierno aporta un dinero a las comunidades por cada ciudadano con derecho a prestación que se registra en el sistema de la Dependencia. Es el llamado nivel mínimo y corre íntegramente a cargo del Ministerio de Sanidad y Política Social. Su monto está en función del grado y nivel de dependencia del solicitante.

- Nivel acordado. La segunda pata de la financiación de la Ley de Dependencia es el nivel acordado. El dinero se reparte en esta ocasión atendiendo a unos criterios ya definidos (la población, la insularidad, los inmigrantes retornados). Una parte de él (20%) se condiciona al número de dependientes que ya han sido declarados beneficiarios de ayuda, aunque aún no la estén recibiendo. Las comunidades están obligadas a aportar al sistema de la Dependencia tanto como reciban del Estado en este nivel de financiación. Se desconoce si lo están haciendo. Y también si lo que reciben del Estado lo emplean en la ley.

- Copago. Los ciudadanos se hacen cargo de su bolsillo de una parte del coste del servicio que reciben." (El País, ed. Galicia, sociedad, 02/03/2010, p. 32)

(traductor gallego-español)

"Datos falsos, descontrol de fondos e coaccións a traballadores. O PSdeG di que a xestión que a Xunta fai da lei de dependencia é unha "inmensa fraude". O PP retruca que agora faise "o que non fixo o bipartito".

"A Xunta esta mirando para outro lado e falseando os datos", denunciou este xoves a deputada socialista Beatriz Sestayo, advertindo de que non existe ningún control dos fondos que o Goberno recibe para destinar a dependentes. Segundo avisou Sestayo, a día de hoxe nin sequera existe un control que garanta que os cartos supostamente asignados a esta área estean sendo destinados realmente a políticas de dependencia.

Unha "inmensa fraude" que a portavoz do grupo parlamentario do PSdeG neste eido exemplificou coas presuntas cancelas burocráticas coas que se lles estarían denegando dereitos a grandes dependentes. Segundo explicou a socialista, a Xunta, ao igual que está acontecendo con outros gobernos autonómicos "da dereita", está botando man da caducidade do expediente argumentando a ausencia dalgún trámite ou papel. "Recórtanlles así o seu dereito a esixir ante os tribunais", láiase Beatriz Sestayo.

Ao fío desta denuncia, Sestayo revelou a existencia de coaccións aos profesionais das oficinas municipais que pertencen á Consellaría de Traballo e Benestar. "Están chamando aos traballadores sociais das oficinas de dependencia suxerindo dunha forma certamente autoritaria que non se concedan prestacións económicas a dependentes, e que se substitúan por axudas a domicilio", criticou a deputada socialista. Por riba, esa axuda a domicilio estaríase cargando a fondos exclusivos dos concellos, práctica que en opinión de Sestayo é "o colmo da fraude". (Vieiros, 11/03/2010)