Sin embargo, hasta ahora no nos habíamos podido enterar de que esa exposición está próxima a los 150.000 millones de euros, una cifra muy alejada de la estimación de los 20 millones de euros que el plan del ministerio presentó como suficientes para capitalizarlas. (...)
Lo sorprendente no es ya ni la cuantía de la exposición ni el desfase en la estimación del capital necesario para atenderla; es el hecho de que este ejercicio de transparencia se haya impuesto ahora como paso previo para que los inversores privados sepan qué riesgos están enfrentando y, sin embargo, no se exigiera cuando hubo que allegarles con anterioridad recursos públicos.
Al parecer, los ciudadanos no tienen derecho a saber si los fondos públicos se estaban dedicando a salvar instituciones con problemas coyunturales de liquidez o estructurales de solvencia, y se impuso sin ningún tipo de información ni debate público que los riesgos asumidos por esas instituciones fueran respaldados por todos.
Lo que no se exigió entonces ahora se vuelve condición necesaria para unos inversores privados que, ante las cifras que manejan, se frotan las manos porque son conscientes de que, en numerosos casos, la obligación de capitalizarse o desaparecer que se ha impuesto sobre las cajas les permitirá comprarlas a precio de saldo y adquirirán derechos de gestión sobre las mismas. Lo que hagan después con ellas es fácilmente predecible." (...)
La conclusión es que, al tiempo que se agravan las condiciones para la recuperación económica, desaparece del horizonte cualquier atisbo de reforma del sistema financiero que deviniera en una mayor presencia pública directa en el mismo.
Y frente a ello, como frente al recorte de las pensiones o a tantos ataques a instituciones de bienestar que creíamos intocables, el Gobierno obtiene la impasibilidad ciudadana como respuesta, lo que le deja las manos libres para actuar." (Attacc España,
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