"(Las agencias) Reciben... dinero... por sus análisis... de las corporaciones... beneficiarias de esos intereses más elevados que... habrán provocado"

"Respecto a su naturaleza, las agencias de calificación son empresas privadas movidas por afán de lucro.

Reciben ingentes cantidades de dinero como pago por sus análisis (en 2009 Moody’s ganó casi 700 millones de euros, y S&P más de 1000 millones) de mano de las mismas corporaciones que luego serán compradoras de grandes sumas de deuda pública, y por tanto beneficiarias de esos intereses más elevados que las agencias habrán provocado con sus informes. (...)

Y aunque existen registros oficiales y normativas europeas y nacionales (algunas, como la francesa, algo más exigentes que la media), las agencias de calificación gozan de un muy amplio margen para la autorregulación de sus estándares de conducta.

Tan amplio, por ejemplo, que especuladores de la notoriedad de Warren Buffett puedan contarse entre sus accionistas. ¿Qué rigor, qué objetividad y qué neutralidad puede esperarse de ellas en estas condiciones?

Resulta evidente que no mucha, y ello quizás explique como buenos clientes de las agencias como WorldCom, Parmalat, Enron, AIG, Goldman Sachs, Amro, Dubai Investments o Lehman Brothers nunca vieran rebajadas las favorables calificaciones que enmascaraban y animaban sus fraudes gigantescos. (...)

Pero, en el caso de la deuda pública, no se trata sólo de un sistema para ganar dinero: también es una estrategia de presión política.

Para mejorar sus perspectivas de la situación económica, las agencias hacen recomendaciones en materia de políticas públicas que, con la capacidad inversora de sus clientes como amenazante respaldo, se convierten en órdenes que los Estados deben acatar, si no quieren verse obligados a pagar un interés exorbitante por su endeudamiento y acabar, como de hecho ya están los países más débiles de la zona euro, al borde de la quiebra.

¿Y qué recomendaciones son esas? Siempre las mismas, y siempre coincidentes con las de la patronal y la intelectualidad neoliberal: privatizar empresas y servicios públicos, recortar sueldos y pensiones, precarizar el empleo, abaratar el despido…

Habiendo sido incentivadas por los poderes públicos en los años 70 como un factor de transparencia y estabilidad del sistema financiero, las agencias de calificación se han convertido en fuente de desinformación e inestabilidad financiera y, por añadidura, herramienta de choque contra la capacidad regulatoria de los Estados.

Como explica Stephano Lucarelli, el proceso de financiarización de la vida económica (de la que un creciente endeudamiento privado y público es un pilar esencial) se ha convertido, más allá de la mera obtención de lucro, en un mecanismo de control social que sirve a su propio programa político: relegar al Estado y a la soberanía popular a un estatus de “soberanía coherente”, esto es, subordinada, a la hegemonía del capital financiero.

Del mismo modo que la satisfacción de hipotecas y otras formas de crédito condicionan, casi siempre en el sentido de la austeridad y la incertidumbre, cuando no la nuda esclavitud, la vida de hogares y empresas, el endeudamiento masivo del Estado ante los mercados de capital conduce inevitablemente a su sometimiento político.

En palabras de Isidro López y Emmanuel Rodríguez, conforme la deuda soberana de los Estados se ha “financiarizado” (esto es, ha pasado, de ser adquirida sobre todo por pequeños inversores nacionales, a ser ofertada en los mercados financieros internacionales a los grandes inversores corporativos), las agencias de calificación (y a través de ellas, sus clientes) “han llegado a adquirir un creciente poder sobre el precio del endeudamiento público, con capacidad incluso para determinar los ritmos de ampliación y contracción del gasto y, por consiguiente, del tipo de política económica posible”. (Attac España, 20/03/2011, Jónatham F. Moriche – ATTAC Extremadura: Frente a la nueva economía de las cañoneras)