" La crisis financiera de 2007-2008 fue generada por los medios que se
utilizaron para sacar la economía de Estados Unidos del letargo
consiguiente al pinchazo de la “burbuja tecnológica” a principios de los
2000: tasas de interés muy bajas, designación del sector inmobiliario
como vector central del relanzamiento económico, promoción del acceso a
la propiedad mediante un endeudamiento sin tener en cuenta los medios
financieros de los compradores y refinanciación de hipotecas bajo la
forma de márgenes de crédito hipotecario destinadas a acrecentar el
consumo corriente.
De ello se siguió un fuerte movimiento
especulativo que transformó la vivienda de lugar de residencia en activo
financiero susceptible de reventa con ganancia lo que dio lugar a una
inversión excesiva en la construcción de viviendas, componente de una
sobreproducción general de mercancías financiada por el endeudamiento, y
de una sobreinversión que alcanzó a todos los sectores de la economía.
Desarrollos del mismo tipo se produjeron en otras partes del mundo,
sobre todo en Gran Bretaña, en Irlanda y en España. La fórmula funcionó
mientras los precios inmobiliarios aumentaron y las tasas de interés
eran bajas.
Sin embargo, los precios se desplomaron a partir de
2006 por culpa de la superproducción de viviendas, de modo que su valor
mercantil cayó por debajo del valor de la hipoteca y las tasas de
interés hipotecario comenzaron al
mismo tiempo a aumentar. De ahí el gran número de quiebras y el estallido de la burbuja en 2007. (...)
A
consecuencia del estallido de la crisis financiera en 2007, los
gobiernos de la mayoría de los países pusieron en marcha programas de
relanzamiento económico y medidas de salvamento de las entidades
financieras y las grandes empresas industriales, lo que infló sus
gastos.
Redujeron los impuestos, suscribieron acciones de bancos
y empresas en dificultad, procedieron a la nacionalización total o
parcial de algunos de ellos, otorgaron garantías de préstamos y
depósitos bancarios y rescataron títulos de deuda de mala calidad.
Los bancos centrales redujeron los tipos de interés central,
suministraron la liquidez necesaria a un mercado monetario que ha bía
dejado de funcionar, multiplicaron sus medios de intervención
extraordinarios para sostener el sector financiero y recurrieron a eso
que se ha venido en llamar “flexibilización monetaria cuantitativa”, es
decir, a la impresión pura y simple (o creación ex nihilo) de moneda
para la compra de nuevas obligaciones gubernamentales.
De ello
resultó un incremento del endeudamiento público, que empujó a algunos
países a la crisis y amenazó a los bancos de crédito. Desde 2007 a 2009,
el endeudamiento medio de las administraciones públicas de los países
avanzados del G20 pasó del 78% al 97,5% del PIB y el FMI prevé que
alcanzará el 115% en 20163.
A pesar de sus intervenciones
masivas, gobiernos y bancos centrales no lograron relanzar las economías
avanzadas. El paro siguen en niveles muy elevados y el crecimiento es
anémico incluso si algunos ya han proclamado el fin de la recesión.
(...)
¿Qué hacer en una situación en la que los gobiernos sobre
endeudados renuncian a prolongar sus planes de relanzamiento y en los
que las tasas de interés ya reducidas prácticamente a cero no pueden
reducirse más? (...)
Tales procesos no pueden sino plantear las
siguientes preguntas, a las que este libro trata de responder. ¿Cómo los
bancos que han sido salvados de la quiebra mediante el apoyo financiero
de los Estados, han podido transformarse tan rápidamente en acreedores
de estos mismos Estados que enfrentan, por su parte, una crisis aguda de
deuda pública?
¿Cómo, apenas desconectados del respirador artificial
del salvamento estatal, se convirtieron en prestadores, suministradores
de fondos a los Estados? ¿De dónde les vinieron esos fondos que, aun
ayer exangües, volvieron a prestar en abundancia?"
(Del libro
de Louis Gill : La crise financière et monétaire mondia-le.
Endettement, spéculation, austérité, pp. 7-25. Montréal : M Édi-teur,
2011, 141 pp. Collection : Mobilisations)
Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
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